El 25 de octubre de este año ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica el Reglamento de la Cámara Baja en materia de deberes y sanciones y establece nuevas reglas para su aplicación. Esto se refiere a la sanción que afecta a los parlamentarios cuando cometen infracciones graves o gravísimas a los deberes de probidad, de transparencia y de ética parlamentaria descritos en el artículo 346, que contempla la censura y una multa de hasta el 15 por ciento de la dieta mensual.

A la luz de los acontecimientos que se han registrado en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, con agresiones verbales y hasta físicas entre los legisladores, la actual sanción parece insuficiente.

El proyecto que lleva menos de un mes en el Congreso, establece que los diputados serán responsables, no solo respecto de sus declaraciones y actuaciones realizadas en el Congreso en virtud de su función legislativa, sino también en los medios de comunicación y redes sociales.

La iniciativa fija una multa de hasta un 30 por ciento de la dieta mensual en caso de que un diputado exprese declaraciones injuriosas o negacionistas respecto de los delitos de lesa humanidad fehacientemente acreditados por sentencias judiciales o informes de Derechos Humanos (Rettig y Valech); y, por otro lado, una multa de hasta un 50 por ciento de la dieta mensual en caso de que un diputado agreda físicamente a cualquiera de sus colegas, al personal de la Corporación y, en general, a cualquier autoridad, funcionario público o ciudadano.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, sostuvo que “hay que contextualizar la acción parlamentaria, dentro de un país que está en crisis dentro de las instituciones democráticas, está en una crisis de la política. Hay una política del espectáculo que es bien nociva para recuperar la legitimidad de las instituciones”.

Agregó que “quienes están promoviendo esta decadencia, esta disolución de las instituciones, en muchos casos es el propio Partido Republicano que actúa como un provocador de situaciones que, evidentemente, no todos tienen la templanza de resistir, pero que contribuyen a ese deterioro. Me imagino que ésa es la finalidad última de ese sector, desacreditar al Congreso, la institución democrática y a todos los que estamos ahí por elección y representando el voto popular”.

Fries, se mostró partidaria de aumentar las sanciones en contra de los parlamentarios que cometan infracciones graves o gravísimas a los deberes de probidad, de transparencia y de ética. “Hay un límite para aplicar sanciones, puesto que no es una autoridad designada, somos autoridades electas y lo que no puede pasar es que eso contribuya a limitar la acción parlamentaria del diputado o diputada en cuestión”.

La ex directora del INDH recordó que “el máximo de sanciones que se pueden tener son de tipo pecuniario, por una parte, o de impedirle que tenga una voz colectiva en el Parlamento, pero no se le puede inhabilitar, porque ahí ya estaríamos en contra del fuero parlamentario que significa ser una autoridad electa”.

Añadió que “vamos a tener que hacer un trabajo en el Congreso para darle seriedad y recuperar la confianza ciudadana, con un importante rol que cumplir frente a lo que se viene en materia constitucional. Por lo tanto, hay que tratar de aumentar las sanciones”.