En el marco del Día Nacional Contra el Femicidio el presidente Gabriel Boric y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana anunciaron un proyecto de ley que tipifica los delitos de inducción al suicidio y suicidio femicida, con el objetivo de incorporar derechos específicos para las víctimas de violencia sexual en el transcurso de la investigación y evitar su revictimización, protegiendo su seguridad, identidad y dignidad.

De acuerdo con el jefe de Estado, la ley permitirá tomar declaración a las víctimas en el tiempo más próximo de la denuncia en un soporte que evite que ésta se realice nuevamente durante la investigación.

El 31 de agosto de 2022 el Congreso Nacional aprobó la Ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. En adición a lo anterior, la nueva ley tipifica los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida. Esta norma, impulsada en la Cámara de Diputadas y Diputados, contó con el respaldo de la familia de Antonia Barra -joven que se suicidó tras haber sufrido abuso sexual-, quienes acompañaron íntegramente el proceso legislativo.

“Cuando una mujer es víctima de femicidio sufre todo su entorno familiar, en particular sus hijos y sus hijas, niñas, niños y adolescentes que requieren de una reparación económica también para no quedar desprotegidos. Esto nos pone en alerta y es por ello que hemos ingresado un paquete de medidas al proyecto de reparación de víctimas de femicidios y su familia”, expuso el mandatario.

Las indicaciones que contempla el proyecto de ley son:

• Reconoce como víctimas a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio en cualquiera de sus grados (tentado, frustrado o consumado), a las personas bajo su cuidado, a sus familiares y a quienes tengan su representación jurídica.
• Reconoce la obligación de todos los órganos del Estado de articular medidas de protección social con preferencia hacia estas víctimas y, además, establecer una pensión para los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios consumados.

Estas indicaciones ingresarán a la comisión de mujeres de la Cámara para continuar su primer trámite en dicha instancia.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, detalló que “nos va a permitir ponerle nombre a eso que estaba siendo acallado, que no estaba siendo registrado y tampoco prevenido. Además, va a permitir mejorar el proceso de atestiguamiento y de denuncia para las mujeres que sufren violencia sexual. Para que no tengan que vivir lo que vivió Antonia, la revictimización secundaria”, manifestó.

Respecto a las medidas que ingresará el Ejecutivo, la titular de la cartera de la Mujer y Equidad de Género destacó que la iniciativa articulará medidas de protección social para las víctimas familiares de femicidio, en especial para sus hijos e hijas. “He visto, no solo como ministra sino como activista, casos dramáticos de niños que quedan en el absoluto abandono y desprotección porque su madre ha sido asesinada y su padre es un femicida. Aquí lo que estamos creando es una pensión para hijos y hijas de víctimas de femicidios consumados, un piso de bienestar social para esas niñas y niños que tanta reparación merecen”, destacó.

En el encuentro, el presidente Boric reconoció el “importante trabajo que llevaron adelante” las diputadas Maite Orsini, Marcela Sabat, Gael Yeomans y Paulina Núñez, quienes son autoras de la ley que hoy promulga el Gobierno. Mientras que el proyecto sobre protección y reparación integral de víctimas de femicidio, se inició por moción de las diputadas Karol Cariola, Natalia Castillo, Maya Fernández, Marcela Hernando, Pamela Jiles, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Rojas, Alejandra Sepúlveda y Gael Yeomans; en enero de 2021.