Un grupo de organizaciones ciudadanas se mostró confiado en que el Comité de Ministros rechace definitivamente el proyecto minero Dominga. Esto, luego que seis servicios públicos entregaron informes negativos sobre la iniciativa.

Los ministerios del Medio Ambiente, Salud, la Subsecretaría de Pesca, la Conaf, la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero expresaron sus reparos por el impacto ambiental que generará el proyecto de la empresa Andes Iron en La Higuera, en la Región de Coquimbo,  información sobre la que se tendrá que pronunciar el Comité que preside la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

En un oficio enviado por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño (CS), a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), señala que la empresa “no aportó satisfactoriamente los antecedentes para evaluar los impactos relacionados con las estimaciones de las emisiones atmosféricas que generará el proyecto”.

Además, sostiene que Andes Iron no incorporó de manera satisfactoria en su área de influencia, información levantada en torno a rutas de navegación, reconociendo que se trata de sectores potencialmente afectados por acciones del proyecto, señala el documento. “Esto afecta en particular el hábitat de especies como el pingüino de Humboldt, Chungungo, Pato Yuco y cetáceos, al no ser considerados en el área de influencia actividades o comportamientos propios de estas especies”, puntualizó.

“No es posible descartar que el proyecto generaría impactos significativos en el ecosistema protegido por la Reserva Nacional Pingüino Humboldt, al interactuar con el hábitat de las especies claves y otros hábitats de importancia ecológica para los objetos de conservación de las áreas protegidas”, precisa el oficio.

Con estos últimos antecedentes,  desde la Alianza Humboldt –que agrupa a distintas organizaciones ciudadanas y medioambientales- señalaron que no les extrañan estos documentos ya que confirman los informes técnicos que avalan el rechazo del proyecto, destacó la directora Ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer.

“No nos extraña que el pronunciamiento de los servicios que son competentes hayan nuevamente expresado y destacado la gran cantidad de deficiencias técnicas que hacen que este proyecto sea inviable en una zona tan biodiversa como el archipiélago Humboldt”, precisó.

En tanto, Tamara Gaymer, presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA), indicó que “hemos sido claros en que no queremos Dominga, han sido años en que hemos visto cómo esta empresa ha destruido el tejido social de la comunidad con sus regalos y ofrecimientos, por lo que esperamos que de una vez por todas se rechace de manera definitiva”.

En esa misma línea, el vocero y secretario de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, Gabriel Molina, indicó que “la pureza de nuestro mar es la que nos permite tener las áreas de manejo de locos más productivas de Chile, por lo que la intervención de la minera y el puerto pone en riesgo no solo nuestra fuente de trabajo, sino que la alimentación de cientos de personas, considerando que nosotros producimos el 60% de la pesca del norte grande”.

A su vez, la abogada Antonia Berríos, de la organización FIMA y representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros indicó que “si todas estas deficiencias hubieran sido notadas a tiempo, si se hubieran considerado las observaciones de los vecinos, Dominga ya estaría terminada. Las deficiencias son graves y dan cuenta de una evaluación superficial e irresponsable que minimizó los impactos de un proyecto como este”.

Entre los informes entregados al Comité de Ministros está el de Conaf que reiteró sus críticas a la empresa por no haber definido adecuadamente el área de influencia del proyecto, sin tomar en cuenta la evidencia científica, y no realizar un levantamiento de la línea de base sobre las especies protegidas de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

La  Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) por su parte, indicó que los antecedentes aportados por la empresa “no fueron suficientes ni adecuados” para hacerse cargo de los impactos que el proyecto generaría sobre las especies de comunidades intermareales y submareales de baja movilidad, lo cual es especialmente sensible para las comunidades costeras que dependen de estos recursos naturales.

Cabe destacar que el proyecto fue  rechazado en 2017 tanto a nivel regional como por el Comité de Ministros, pero la empresa decidió judicializar el caso. El 18 de mayo de 2022 la Corte Suprema devolvió la iniciativa al Comité de Ministros que deberá tomar una decisión final, en una fecha por definir.