Un itinerario de reuniones ha llevado este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, para zanjar el Compromiso Transversal por la Seguridad. La jefa de gabinete convocó a parlamentarios, alcaldes y gobernadores al Palacio de La Moneda para presentar la síntesis del Gobierno sobre mesa destinada a generar una agenda administrativa y legislativa común, y pese a que las expectativas originales de la titular de Interior era sellar un acuerdo en el marco de esta semana, lo cierto es que será marzo el mes en que se podría arribar a la firma de un entendimiento.
Ello porque tanto el Gobierno como parlamentarios y alcaldes acordaron destinar febrero para realizar observaciones y contrapropuestas al insumo del Ejecutivo. En el caso de los legisladores, el documento será bajado a las respectivas bancadas en miras de las mayorías requeridas para las distintas iniciativas de ley.
“No es un compromiso cerrado, es un compromiso que está de cierta manera revisándose a propósito de generar espacio de tiempo en el mes de febrero donde hay toda la disponibilidad de la ministra del Interior, el subsecretario desde el Ejecutivo, para poder recoger las observaciones, las propuestas, las prioridades y avanzar de aquí a marzo para generar este acuerdo en seguridad y esta agenda en seguridad que tiene componentes muy importantes”, indicó la senadora del PPD, Loreto Carvajal.
En tanto, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, indicó que “hoy día se van a entregar documentos a los respectivos correos electrónicos de los parlamentarios que son miembros de la mesa para poder sociabilizar con sus respectivas bancadas, diputados y senadores, el acuerdo final o casi terminado”.
De todas formas, el legislador valoró que el Ejecutivo haya contemplado “la petición del PDG en lo que se refiere a la defensa de los derecho de las víctimas, creando y asentando la primera semilla para lo que esperamos que en los próximos años sea una Defensoría de la Víctima, a través de este servicio público de asesoría jurídica gratuita a aquellas víctimas de delitos graves”.
Dando cuenta del plazo acordado, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, señaló que “tenemos el interés en avanzar en este acuerdo, pero más que el acuerdo, son las medidas prácticas y concretas que tienen que ver con incidir directamente en una mejor seguridad para nuestras comunas”.
“Por supuesto que hay ámbitos prioritarios para los municipios como son el ámbito de la prevención y el fortalecimiento de tareas de prevención que son inherentes al rol del municipio, pero también el fortalecer las capacidades municipales para fortalecer el trabajo de nuestros inspectores municipales o guardias de seguridad que tenemos en los municipios y por supuesto todo esto asociado a generar mayores recursos para hacer esta tarea, entendiendo que hay una inequidad de recursos en nuestros territorios”, añadió.
Más crítico con el trabajo presentado por el Gobierno fue el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón. “Nosotros vamos a exigir en este documento fechas y compromisos concretos porque hay muchos de los puntos que son ideas, que son claramente parte del programa que tuvo el Frente Amplio para su campaña, pero nosotros queremos que se concreten la diferenciación clara del terrorismo con el crimen organizado, no es lo mismo”.
“Yo por lo menos, en representación de casi todos los senadores de Renovación Nacional, no voy a firmar ningún acuerdo en que no estemos de acuerdo y que sea con medidas concretas, no con medidas de buenas intenciones“, acotó
Cabe recordar que el senador se ha mantenido en la mesa de seguridad pese a que Chile Vamos se restara de la instancia en protesta por los indultos particulares entregados a 13 personas el 30 de diciembre por el Presidente Gabriel Boric. Junto a ello, el sector ha reclamado un déficit de proyectos y medidas por parte del Gobierno y ha denunciado una falta de orden por parte del Ejecutivo sobre las diferencias entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.
A ello hay que sumar que esta jornada la UDI propuso generar una nueva y distinta instancia para avanzar en materia de seguridad, exhortando al Gobierno a acoger un estado de excepción en la macrozona norte; conformar una mesa bicameral con participación del Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Carabineros y la PDI y promover una comisión bicameral de seguridad con prioridad en la ley de crimen organizado, ley de inteligencia, ley antiterrorista, estatuto de protección a las policías y concretar la creación legislativa del Ministerio de Seguridad.
“Sin estado de excepción en el norte, la mesa de seguridad es absolutamente decorativa. Los votos de la UDI han estado siempre disponibles para avanzar en temas de seguridad, nos parece muy necesario que se incluya la presencia de Carabineros y la PDI que son los expertos en el tema, y por otra parte esta mesa tiene que ser distinta, una mesa bicameral, que estén diputados, senadores para que realmente se pueda avanzar con agilidad y eficiencia. El Gobierno está absolutamente al debe en materia de seguridad y es muy necesario que las cosas se hagan de forma distinta”, sostuvo la secretaria general del gremialismo, María José Hoffman.
Así las cosas, la reticencia de Chile Vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia de seguridad fue criticada por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN). “Hay que apoyar al Gobierno en las cosas que el Gobierno lo hace bien y hay llamarle la atención al Gobierno cuando se equivoca como lo hizo con los indultos, pero esos errores profundos, de oportunidad sobre todo, como fue con los indultos, no pueden llevarnos a tirar el mantel y destruir la posibilidad de un acuerdo”, señaló.