De los niños y de la calidad de su alimentación hay que preocuparse todos los años, señaló el presidente de la Confederación de General de Trabajadores y dirigente de la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos, FENAMA, José Ortiz, al referirse a la solicitud que hicieron diputados de RN ante la Contraloría para que inicie un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).

La petición de los parlamentarios surgió luego del retraso en el proceso de licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Programa de Alimentación Párvulos (PAP) y del proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).

Conocida la acción de los legisladores, el dirigente de las y los trabajadores afirmó que seguramente existirán algunos problemas en la licitación, pero está dentro de los plazos normales ya que los resultados se deben conocer a mediados del mes de febrero, para comenzar a principios de marzo con la implementación de los programas de alimentación.

Indicó que lo importante es preocuparse de una alimentación adecuada y de calidad y que todos los niños puedan tener acceso a ella y no sólo quienes estén dentro de un determinado rango de vulnerabilidad. “Las manipuladoras están conscientes que será un año complejo, con problemas menores, pero los programas van a salir adelante bien y en eso estamos ocupados, más que en hacer hacer política barata con los niños”, dijo Ortiz.

El dirigente agregó que “de los niños hay que preocuparse todo el año, de la alimentación y de la calidad hay que preocuparse todos los años y eso no lo hemos visto en la derecha de nuestro país nunca y lo lamentamos porque este no es problema de un partido o de otro, es un problema de los niños, del futuro de Chile. Por eso esperamos que no sea una nueva triquiñuela de la derecha para ocultar otros problemas como fue la licitación del 2021-22, donde se entregaron todas las raciones alimenticias, más de un millón 600 mil, a una sola empresa (Conglomerado uruguayo Delibest, dueños del Consorcio Merkén), sabiendo que se iban a generar problemas”.

Ortiz afirmó que todavía se arrastran problemas producto de la licitación anterior, como la falta de alimentación y de personal, temas por lo que “deberían estar preocupados los diputados de RN porque fueron ellos los que entregaron esa licitación durante el gobierno de Piñera, habiendo sido advertidos por nuestra organización”.

En la solicitud a la Contraloría, los diputados encabezados por Diego Schalper, señalaron que esta situación “podría significar un complejo escenario de cobertura en el otorgamiento de las raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, lo que constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Para el dirigente sindical, está bien que se preocupen por los niños más vulnerables del país. Sin embargo, afirmó que “nos hubiese gustado mucho que el año 2022, cuando los niños, producto de la entrega de la licitación a un consorcio uruguayo, no recibieron alimentación durante tres meses  producto de una mala política del gobierno de Piñera y de una mala planificación del ex director de JUNAEB, ahí no escuchamos al señor Schalper y al señor (Hugo) Rey decir nada respecto que se estaban violando los derechos fundamentales de los niños”.

 En opinión de Ortiz, la demora del proceso de licitación actual se debe a que el “programa del año 2021-22 sufrió una concentración de proveedores (que se llevó más del 90 por ciento). Había una empresa que tenía un millón 600 mil raciones diarias  que no eran capaces de entregarlas, tampoco se podía cambiar porque no había otro oferente o empresa en capacidad de un día para otro de entregar esa volumen de raciones y al final JUNAEB tuvo que quedarse con esa empresa y tomar medidas para el año 2023, que terminará con la concentración de la entrega de alimentación en pocas manos”.

El dirigente precisó que históricamente había entre 20 y 25 compañías las que entraban a la licitación y de ellas, 15 eran grandes, pero en el gobierno de Piñera quedaron solo cuatro, lo que afectó la calidad y la entrega de la alimentación. Por ello, se debió recurrir a la Contraloría para modificar las bases de la licitación, lo que demoró el proceso, pero la apertura de ofertas económicas debe estar lista cerca del 19 de febrero y a partir de esa fecha, las empresas tienen 15 días para abastecer de productos.