Tras una serie de encuentros encabezados por la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue que ayer martes el Gobierno presentó el borrador de la hoja de ruta que se impulsará para abordar estas materias, la cual podría ser firmada a inicios de marzo.

El documento titulado como “Compromiso transversal por la seguridad” consta de cinco aspectos principales, que son “Prevención y Víctimas”, “Control”, “Persecución y Sanción”, “Institucionalidad” y “Policías”, en los cuales entregan los detalles de diversas iniciativas legales.

Además, el Ejecutivo planteó su apertura a recibir propuestas por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso, apuntando en particular a la derecha, sector al que nuevamente se le reiteró el llamado para reincorporarse a la mesa de seguridad.

Al respecto, el diputado UDI, Henry Leal –colectividad que entregó entre sus condiciones decretar estado de excepción en el norte y una mesa bicameral para retomar el diálogo- insistió en el ingreso de medidas por la vía legislativa, expresando que “nosotros esperamos los proyectos de ley en el Congreso, en la comisión de Seguridad para discutirlos con su articulado correspondiente, porque los titulares es una cosa y las bajadas de cada proyecto es otra y ahí está lo importante”.

En ese sentido, el parlamentario especificó que “cada medida debe ir acompañada de recursos, de capacidad profesional, técnica y eso es lo que queremos ver traducido en los proyectos de ley. Los titulares nos parecen bien, pero las bajadas queremos verlas en los proyectos y si van en la dirección de proteger a la ciudadanía, combatir la delincuencia nuestros votos van a estar ahí fuertes como han estado cada vez que votamos un proyecto en materia de seguridad”.

Sin embargo, Leal reiteró sus críticas al Gobierno por su incidencia en el quiebre en la mesa de seguridad, tras los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna. “Estamos dispuestos a entregar nuestras propuestas y ojalá podamos llegar a un acuerdo, pero eso pasa porque el Gobierno reconozca que se equivocó, enmiende el rumbo, resuelva el problema interno que tiene y después conversemos, vamos a estar disponibles de todas maneras para hacer nuestras propuestas como lo hicimos en su momento”, expresó.

El diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, solicitó explicaciones a La Moneda en lo que calificó como un “acto hostil” la marginación del partido de la mesa de seguridad.

Aedo apuntó que “hemos estado en la primera línea combatiendo el crimen organizado, el narcoterrorismo que opera en la Macrozona Sur y la verdad es que resulta inentendible que algunas personas que no quieren participar de la mesa de seguridad finalmente son convocadas y quienes hemos dado todos los gestos, los hechos concretos de que estamos con la seguridad de los chilenos somos excluidos”. Por lo que instó al Ejecutivo a aclarar si con esta instancia “se va a preocupar de la seguridad de las personas, que es lo central, o simplemente quiere hacer gestos políticos a una minoría”.

Con todo, valoró las medidas anunciadas por las autoridades, aunque dijo que “le falta que respecto de la Ley Antiterrorista y de la propia Ley de Usurpaciones el Gobierno diga si en marzo le va a dar urgencia a esos proyectos, eso no está dicho y, si no lo dice, simplemente son buenas intenciones”, añadiendo que también echó de menos la ausencia del reglamento para la ley que sanciona el robo de madera.

“Podemos generar un aporte muy sustantivo”

Por su parte, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, calificó de forma “muy positiva” la relevancia otorgada por La Moneda al rol de las municipalidades y de los gobiernos regionales, señalando que “estamos convencidos de que podemos generar un aporte muy sustantivo en materia de seguridad, pero para ello se requieren competencias, coordinación, interés institucional y, por supuesto, recursos”, por lo que destacó que en la propuesta se incorporaran distintas disposiciones legales para dichos efectos.

Es por ello que, pese al quiebre entre el Gobierno y la oposición a raíz de los indultos, consideró que “sería incomprensible que después Chile Vamos negara los votos a los proyectos de ley que permitan poner en funcionamiento estas iniciativas. El país no entendería y, en mi opinión, castigaría a quienes por razones políticas se niegan a legislar, por ejemplo, mecanismos más eficientes para el control de armas o más atribuciones a los municipios y gobiernos regionales”.

“Hecho el punto político en la mesa de seguridad, hoy lo que cabe es legislar con la mayor brevedad posible para que esto efectivamente esto se traduzca en leyes que podamos implementar de inmediato. Creo que es una muy buena señal lo que ha ocurrido a nivel de municipios porque todas las asociaciones municipales y de todos los colores políticos hemos acompañado y respaldado este proceso y creo que eso es lo que la ciudadanía espera de los políticos”, mencionó el jefe comunal.