Más de 220 organizaciones, especialmente aquellas involucradas en la defensa del agua, la vida y los territorios, y redes, organizaciones y sindicatos de Colombia, América Latina y del resto del mundo, lanzaron una petición exhortando al gobierno de Colombia que se retire de tratados internacionales que faciliten que transnacionales demanden al país en tribunales que puedan favorecer sus intereses.

El documento dirigido al presidente de dicho país, Gustavo Petro, y a la vicepresidenta, Francia Márquez, acusa que las compañías “utilizan estos instrumentos para amenazar a los gobiernos” e influir en aquellas decisiones que buscan la protección del medioambiente. “Por esta razón, como comunidades y organizaciones que defienden el territorio, también buscamos el desmantelamiento de este andamiaje de poder que protege a las empresas transnacionales”, señalaron.

Según apuntaron “una de las manifestaciones de ese poder ilimitado se concentra en el sistema de acuerdos internacionales de inversión que se firman entre Estados. Este sistema permite a las empresas extranjeras demandar a los Estados ante un sistema asimétrico, injusto e inconsistente, socavando sus obligaciones internacionales con el ambiente y los derechos humanos, además de fomentar la fragmentación del derecho internacional”.

En esa línea, explicaron que “las empresas utilizan estas demandas para obtener millonarias compensaciones cuando los Estados, legítimamente y en cumplimiento de sus obligaciones, adoptan cambios normativos, regulatorios, políticas públicas o decisiones judiciales en favor de derechos de comunidades locales y de la protección de ecosistemas esenciales para la protección de la vida”.

En concreto, resposabilizaron por esta situación al mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado (SCIE, o ISDS, por las siglas en inglés de Investor-State Dispute Settlement), presente en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que a su juicio “les da poder a los inversores extranjeros para saltarse las leyes y tribunales de justicia nacionales, e iniciar demandas internacionales directamente en contra de países soberanos cuando sienten que sus inversiones han sido afectadas”.

“Desde 2016, Colombia ingresó a la lista de los países de América Latina demandados en estos tribunales de inversión. Empresas multinacionales del sector extractivo minero y de combustibles fósiles recurren al arbitraje supranacional más que cualquier otro sector cuando se intenta poner freno a sus abusos”, afirmaron.

Asimismo, detallaron que “en el 2018, Colombia llegó a ser uno de los países más demandados en estas instancias. De acuerdo al balance de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta finales del primer semestre de 2022, 12 procesos se encontraban abiertos y 7 más en etapa prearbitral por un valor estimado de 9.8 billones de pesos. La mayoría proviene del sector extractivo”.

De hecho, mencionaron que “ahora mismo hay en curso una demanda contra Colombia de la multinacional Glencore, dueña de Cerrejón, que pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización debido al fallo de la Corte Constitucional, en favor de los derechos del pueblo wayúu. Este fallo suspendió fundadamente la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira para la protección del arroyo Bruno, fuente de agua fundamental en la región”.

También indicaron el caso de Eco Oro, “empresa canadiense que buscaba explotar oro en el Páramo de Santurbán, y que demandó a Colombia por 736 millones de dólares pues, gracias a la movilización popular, se puso freno a dichas pretensiones que amenazaban uno de los ecosistemas más importantes del país. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, no obstante, aún no se conoce el monto definitivo que se tendrá que pagar”, añadiendo que otras dos empresas del país norteamericano “demandaron por el mismo motivo”.

Por estas razones, las organizaciones instaron al gobierno de Colombia a “iniciar una revisión integral de los Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el mecanismo SCIE”.

Asimismo, solicitaron “denunciar el Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores) y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado”, además de “no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones y mecanismo SCIE”.

Por otra parte, sugirieron que el país “debería entrar en una moratoria antes de volver a firmar o a ratificar más acuerdos internacionales de inversión”.

“Los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales. En ese sentido, el gobierno de la Potencia Mundial para la Vida, debe liderar la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios”, expresaron.