Esta mañana, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que aumenta las penas por el delito de secuestro y la moción que aumenta la pena del delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos, con 143 y 147 votos afirmativos, respectivamente. 

Ambas iniciativas fueron revisadas en el marco de la agenda de seguridad que la Cámara ha dado celeridad tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, cancelando la semana distrital para privilegiar el avance legisltivo de un total de siete iniciativas de ley en el marco de esta semana.

Haciéndose parte de la discusión legislativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que el proyecto que aumenta las penas por el delito de secuestro es parte de un paquete de medidas que presentó el Ejecutivo de manera simultánea y que incluían “la modificación de las normas en lo que se refiere al tratamiento del sicariato, de la extorsión, de las facultades que tiene Gendarmería para contribuir a la investigación de delitos que se organizan desde los recintos penales y también las normas para perseguir el porte de armas en lugares altamente concurridos”.

Por lo demás, la jefa de gabinete destacó la necesidad, no sólo agravar las penas del delito –dada la incidencia de un delito que del 2021 al 2022 ha aumentado en un 79%– sino además de reforzar las capacidades de las instituciones con una perspectiva sistémica. 

“Lo que estamos haciendo con esto es dar una señal de la gravedad de este delito, mandar una señal de que va a ser altamente castigado, pero esta señal es efectiva en la medida que al mismo tiempo trabajemos en reforzar nuestras capacidades policiales, en reforzar nuestras capacidades investigativas por parte de la Fiscalía y hagamos esfuerzos sistémicos para atacar con fuerza este tipo de delitos que estamos viendo hoy día”, sostuvo.

Cabe destacar que la labor de la Cámara continúa este martes con una sesión agendada a las 17.00 horas. En ella se someterá a votación dos proyectos que también fueron ingresados por el Ejecutivo: uno que busca modificar el Código Penal para sancionar el delito de sicariato y la iniciativa para tipificar el delito de extorsión y entregan más herramientas a los funcionarios de Gendarmería en materia de investigación de posibles delitos en los recintos penales.