A través de una declaración pública la denominada Bancada Transversal de Regulación por la Paz -que reúne a más de 50 parlamentarios de Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad e independientes- manifestaron su repudio ante el asesinato de Luis Felipe Bejares, integrante de la Corporación Santa Eugenia, comunidad de cultivo colectivo de usuarios y usuarias medicinales de cannabis, en el sector de Isla Yaquil, en la comuna de Santa Cruz, Región de O’Higgins.

Según detallaron en el documento, este hecho se produjo luego que “cuatro individuos disfrazados de PDI hicieron ingreso al domicilio con aparente intento de realizar una quitada de cannabis. Felipe fue atacado con un arma de fuego al interior de su casa, resultando gravemente herido, siendo trasladado hasta el hospital local por su esposa Catalina y su suegro, donde lamentablemente y pese a los esfuerzos médicos desplegados, falleció”.

“A Felipe le arrebataron su vida y en el mismo hospital, Catalina, fue arbitrariamente detenida por carabineros; fue liberada durante la tarde, gracias a la rápida intervención de la Defensoría Penal Pública. Ante este suceso, les mandamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos”, señalaron.

Asimismo, la bancada recordó que frente a la gravedad de este hecho “el 14 de marzo fue aprobada en el Senado de Chile y despachada a ley la llamada Ley Antinarco, que fortalece las herramientas para la persecución del crimen organizado e incluye una indicación que protege el autocultivo de cannabis con fines medicinales. Sin embargo, esta ley no ha podido ser promulgada, ya que parte de la derecha la llevó al Tribunal Constitucional”.

En esa línea, mencionaron que “el avance del narcotráfico es uno de los principales problemas de seguridad en el territorio nacional, tal como lo hemos planteado hace más de una década. El actual enfoque prohibicionista y criminalizador de las guerras contra las drogas, ha demostrado ser un fracaso en el mundo como también en Chile. El prohibicionismo no ha cumplido con sus objetivos declarados, como proteger la salud pública, controlar el consumo, el tráfico y la producción de sustancias sujetas a control. Por el contrario, ha complejizado estos fenómenos y especialmente ha viabilizado la expansión del narcotráfico y el crimen organizado”.

Por lo mismo, consideraron que “se debe avanzar de manera decidida hacia nuevos marcos regulatorios sobre el uso, la producción, el cultivo y el abastecimiento de las distintas sustancias, partiendo por supuesto por el cannabis. Mientras más tardemos en implementar nuevas medidas, como lo son las políticas regulatorias, más complejo será el escenario, ya que  favorece principalmente al narcotraficante y perjudica a la comunidad, incluyendo a las y los usuarios medicinales del cannabis.

“Lamentamos que continúe la persecución y la  criminalización hacia  los usuarios medicinales, así como lamentamos que los  pacientes  sean víctimas de la delincuencia. Denunciamos  el egoísmo de un  sector de la derecha que pretende eliminar toda protección hacia los pacientes, estancado en el Tribunal Constitucional el avance  logrado transversalmente para mejor aclarar el derecho al uso  del cannabis con fines  medicinales”, expresaron.