Este sería el último paso antes de que se celebre -entre finales de abril y principios de mayo- el juicio en el que se decidirá el futuro político de Bolsonaro, acusado, además, de mal uso de recursos públicos para influir en el electorado. De ese modo, en caso de que el Tribunal Superior Electoral se muestre de acuerdo con la opinión del Ministerio Público Electoral (Fiscalía electoral), Bolsonaro podría ser inhabilitado para presentarse a cualquier proceso electoral durante los próximos ocho años, impidiéndole así presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales, recuerda el periódico ‘O Globo’. Los medios indican que el fiscal general adjunto electoral, Paulo Gustavo Gonet, concluyó que las pruebas reunidas indican que hubo un claro abuso de poder, que ameritaba su solicitud al Tribunal Superior Electoral, petición del órgano fiscalizador electoral que era algo que el íntimo círculo de hierro que rodea a Bolsonaro ya presentía,
La demanda fue interpuesta por el Partido Democrático Laborista (PDT, de centroizquierda) después que, en julio de 2022, tan solo tres meses antes de los comicios presidenciales, Bolsonaro expusiera en una reunión con 40 embajadores su infundada teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas. El bochornoso episodio ocurrió públicamente durante un encuentro retransmitido por los canales y plataformas oficiales, cuando delante de los representantes diplomáticos extranjeros de más alto rango invitados al Palacio de la Alvorada, en julio del año pasado, el extremista mandatario propalara acusaciones infundadas sobre el sistema electoral brasileño, así como sus sospechas sobre la legitimidad de las urnas electrónicas que Brasil usa en sus procesos electorales desde 1996. El hecho provocó tal molestia que posteriormente, en un hecho inédito, las expresiones de Bolsonaro fueron rechazadas incluso por los propios embajadores.
La acusación es una de la 16 investigaciones que Bolsonaro tendrá que enfrentar cuando se presente ante el Tribunal Superior Electoral. Del mismo modo, también será llevado a la palestra por difundir información confidencial (en uno de los contactos semanales directos que sostenía a través de las redes sociales) acerca de supuestos ataques informáticos a dicho Tribunal, los que finalmente no supusieron problema alguno, pero que él utilizó astutamente para sustentar sus teorías acerca de la fragilidad del sistema electoral de su país.
En esta última instancia se ha incluido también el llamado “borrador golpista” encontrado en casa de Anderson Torres, quien fuera su ministro de Justicia, además de exsecretario de Seguridad de la capital, Brasilia. Es una prueba grave y que incrimina directamente a Bolsonaro, por cuanto en ese archivo se consignaban una serie de pautas a desarrollar en caso de que fuera derrotado en las elecciones, como finalmente ocurrió. Y una de aquellas podría ser el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado y el copamiento de los palacios de Planalto y Alvorada, el 8 de enero pasado, en un intento de golpe de Estado populista que pretendía impedir que Lula da Silva se asentara en la presidencia de Brasil. Una acción que habría estado inspirada por hechos similares ocurridos en Washington un año antes, señalan los observadores.
Por lo demás, durante la campaña electoral para las elecciones ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro dijo que en las anteriores elecciones (las de 2018 que él había ganado, “no hubo total transparencia”, insinuando incluso que los miembros del Tribunal Superior Electoral y la Corte Suprema sostenían “claros vínculos con la izquierda” para beneficiar a Lula con sus decisiones.
El exmandatario, de 68 años, volvió a Brasil hace dos semanas tras haber pasado tres meses en Estados Unidos, país al que viajó un día antes de la investidura de Lula, el 1º de enero.
