“Aquí no ha habido voluntad de investigar, ha faltado compromiso de los tribunales o del Poder Judicial en general. Es un claro ejemplo de cómo los jueces han mirado para el lado, han preferido echar la tierra bajo la alfombra”.

Las palabras son de Anselmo Cancino Sepúlveda, hijo del dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, Anselmo Cancino Aravena, quien pidió la reapertura de la investigación conocida como Operación Retiro de Televisores y en particular del episodio Linares, donde existen testimonios de militares confesos.

En la lucha por encontrar verdad y justicia,  los familiares entregaron al Servicio Médico Legal una costilla que se extravió y que pertenecería a un dirigente asesinado, hecho que reveló la existencia de 89 cajas con restos óseos que nunca fueron periciados y que permanecieron 20 años en la  Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Chile.

La vida de Anselmo Cancino ha estado marcada por la búsqueda de su padre, dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario en tiempos de la Unidad Popular, detenido el 8 de diciembre de 1973 y llevado a la  Escuela de Artillería de Linares, de donde desapareció.

Luego del golpe de Estado, su padre, junto a su madre Silvia Sepúlveda, que se encontraba embarazada de dos meses, fueron llamados a presentarse ante las autoridades, de acuerdo a la información difundida  en el Bando militar Nº14.

Cancino Aravena propuso a su compañera que se entregara debido a su estado.  Silvia Sepúlveda se entregó el 22 de septiembre de 1973 y estuvo 58 días incomunicada en la Escuela de Artillería de Linares donde fue brutalmente torturada y la amenazaron con frecuencia que iban a matar a su hijo que nació el 11 de abril de 1974, rodeado de militares y torturadores. Silvia estuvo más de un año y medio recluida en la Casa Correccional de Mujeres del Buen Pastor.

La semana pasada, el hijo póstumo del dirigente campesino cumplió 49 años y su anhelo es, “aunque no encontremos un hueso, que se determine jurídicamente la verdad respecto de cuál fue el lugar donde mi papá fue ejecutado y posteriormente fue exhumado y quemado en ese lugar, porque ahí quiero reclamar un sitio de memoria. Aunque sea un recinto militar, me da exactamente lo mismo y hacer todas las gestiones, aunque nos demoremos años, pero hacerlas”, relató.

Hoy toda su preocupación está centrada en la reunión del próximo lunes que sostendrá con la jueza, Paola Plaza, ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago,  con quien abordará  la reapertura de la investigación solicitada a principios del mes de marzo,  por el caso Operación Retiro de Televisores y en particular del capítulo “Cuaderno Ampliación y Adhesión de querellas (Inhumación y Exhumaciones ilegales)”, “, de la causa Rol: 2182- 98 “Linares”, por los delitos de inhumaciones y exhumaciones ilegales, la que se encuentra sobreseída temporalmente desde el 25 de abril de 2007”.

La Operación Retiro de Televisores fue una medida ordenada entre los años 1978 y 1979 por el dictador Pinochet para desenterrar los cadáveres de ejecutados políticos en recintos militares para hacerlos desaparecer.

De acuerdo a los antecedentes aportados  en la solicitud de la reapertura de la investigación del 3 de marzo pasado, se señala que “el entonces ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, en el marco de la investigación de la operación “Retiro de televisores”, ordena la creación de un cuaderno reservado. En este cuaderno los militares que participaron de las exhumaciones e inhumaciones cuentan con detalles de cómo hicieron el trabajo, describiendo situaciones específicas respecto del desentierro y quema de cuerpos de los detenidos. Estos antecedentes, fruto de la investigación liderada por familiares de detenidos desaparecidos, nunca se han investigado”.

Entre las diligencias requeridas, se pide interrogar en calidad de inculpados a  Patricio Rafael Alberto Gualda Tiffoine; Claudio Abdón Lecaros Carrasco; Jorge Ernesto Mario Zincke Quiroz;  Jorge Marcelo Escobar Fuentes; Luis Rosendo de las Rosas Aliste Sepúlveda y Héctor Luis Urrutia Ibáñez.

Polígono de Tiro General Bari 

Anselmo Cancino afirmó que el capítulo Linares nunca fue investigado por la justicia a pesar que las personas, oficiales, suboficiales y conscriptos que participaron en las exhumaciones ilegales están confesos y señalan con lujo de detalles cómo hicieron el trabajo. “Llama la atención por qué los jueces y los tribunales por tanto tiempo con toda esta información, nunca hicieron nada al respecto, datos  que están a disposición hace 20 años”, indicó.

En su opinión, “aquí no ha habido voluntad de investigar, ha faltado compromiso de los tribunales o del Poder Judicial en general, es un claro ejemplo de cómo los jueces han mirado para el lado, han preferido echar la tierra bajo la alfombra (…) También he escuchado algunos planteamientos como que eso revictimiza a los familiares y para qué vamos a abrir cosas que duelen tanto. Ha sido un acto casi de compasión con nosotros”.

“Entonces encuentro que no tiene nada que ver con el rol de la justicia respecto de nuestras demandas históricas de verdad y justicia, más aún teniendo toda esta información de base que tiene que ver con hacer acciones muy concretas, como convocar a ciertos personas que, por ejemplo, ud dijo que aquí hubo un desentierro de cuerpos, los pusieron en una parrilla hasta que las cenizas se las llevó el viento y eso no se ha hecho”, expresó Cansino.

Por ello, afirmó que “claro que ha habido negligencia de la justicia, por favor, de qué estamos hablando. Siempre he dicho que ha habido una política de silencio, aquí hubo negacionismo. Me han cerrado la puerta en la cara no sé cuántas veces, no sabes la cantidad de veces que he pedido a los jueces que reabran Linares y todos me dicen que ya fue investigado por el ministro (Alejandro) Solís y está sobreseído. Esa es la respuesta que me dan”.

Cancino espera que en la reunión del lunes, la ministra Paola Plaza tome en consideración estos antecedentes que nunca han sido trabajados y que vaya a Linares a hacer la labor que está pendiente. Aseguró que durante años los familiares de las víctimas vienen denunciando y que ni siquiera en Colonia Dignidad, “tienen la información del destino final que nosotros tenemos respecto del  Polígono de Tiro General Bari de Linares”, ubicado unos 12 kilómetros al oriente de Linares y donde habrían sido ejecutado, luego exhumados y quemados 8 cuerpos de campesinos.

En este proceso, Cancino junto al expreso político, Sergio Fernández Ojeda, no sólo lograron testimonios de campesinos, sino que ingresaron clandestinamente al Polígono de Tiro General Bari en el año 2000, donde dieron con el lugar donde fueron exhumados los restos de los ejecutados. Información que más tarde fue entregada al juez Juan Guzmán Tapia, que se constituyó en el sector con un equipo de peritos, botánicos, geólogos y personal del departamento V de la PDI,  el  17 de diciembre de 2001.

Más tarde, Sergio Fernández entregó en el año 2001 una pieza ósea, una costilla,  a la abogada del Programa de Derechos Humanos en la región del Maule, Loreto Meza.

Ante la permanente negativa a entregar información sobre el destino de la osamenta, Cancino pidió antecedentes vía transparencia al Servicio Médico Legal, el 8 de noviembre de 2019. Este organismo respondió el 19 de diciembre de 2019 que “existen restos óseos y material cultural signados “Escuela de Artillería de Linares. Dic 2001 77, ingresados este año desde la Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Chile, sobre los cuales no existen ni número de protocolo ni informes periciales asociados. Este caso corresponde a uno de los 89 casos que remitió dicha Institución, por lo que aún no han sido evaluados”.

El 6 de febrero de 2020, Anselmo se reunió con la jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, Marisol Intriago. “Eso es escandaloso. Ese año fui, en base a esta respuesta, y pedí una reunión con la encargada de búsqueda del SML y otros funcionarios de la subsecretaría de DDHH de ese tiempo, durante el gobierno de Piñera, pedí explicación y un acta de eso. Es para no creerlo, me dijeron que esas cajas estuvieron expuestas a la humedad, por una inundación, y suponían que ya no estaban en condiciones de ser analizadas. Sin embargo, las cajas están en buenas condiciones, incluso hay más de un individuo dentro de una caja y  recién  iniciarían el proceso de peritajes”, expresó Cancino sobre el material que por dos década estuvo extraviado.

 Una muerte extraña

En todo el proceso por encontrar la verdad y entregar los restos humanos, su amigo Sergio Fernández denunció haber sido objeto de seguimiento y amenazas hasta que el 23 de septiembre de 2004 apareció muerto en un taxi, con dos balazos en la nuca.

 “Murió en extrañas circunstancias, los días previos me dijo que lo iban a matar, que tenía seguimientos y amenazas. Quedó en evidencia que él era el que más había acompañado en esta búsqueda, en entrar la Polígono de Tiro a buscar evidencias, a identificar a militares y que tenían responsabilidad. Fue una de las personas más importantes en articular la investigación sistemática por mucho tiempo”, relató.

Agregó que un mes antes le dijo que lo iban a matar y “me encargó la costilla, no te olvides de la costilla, me dijo”. Cancino relata que la versión oficial indica que fue un asalto. Dos delincuentes lo abordaron en su taxi, le pagaron dos tiros en la nuca, no le robaron el teléfono, ni la billetera. De los dos sujetos, uno fue asesinado en la cárcel y el otro se fugó en un traslado. “Las circunstancias en que muere nuestro compañero, son absolutamente extrañas”, dijo Cancino.

 “Esto pasó el año 2004, no estamos hablando de hace 50 años y para nosotros, son situaciones muy frescas respecto de lo que ha significado avanzar y buscar, dado que los tribunales y las instancias que la sociedad y el Estado que debieran hacer este trabajo, no lo han hecho”, precisó.

En el marco de los 50 años del golpe cívico militar, el gobierno del Presidente Boric implementó el Plan Nacional de Búsqueda para víctimas de desaparición forzada en dictadura. Sobre este punto, Cancino señaló que “a estas altura vivo desconfiado de las instituciones y de los discursos o declaraciones políticas vacías, que nos termina frustrando como la Mesa de Diálogo del Presidente (Ricardo) Lagos que fue una burla, donde el Ejército entregó información falsa”.

“Quiero creerle al Presidente Boric que es un intento serio, con altura de miras, con recursos es decir,  con decisiones de políticas para que realmente este sea un plan nacional de búsqueda con un componente de memoria histórica, porque no se trata de andar juntando y juntando huesos. Porque nosotros aspiramos también a la reconstitución moral de quienes fueron nuestros familiares, líderes sociales que aspiraban un cambio social y a la construcción de la sociedad”, puntualizó Cancino.

El miércoles pasado, por unanimidad la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno para la conformación de una Comisión Especial Investigadora con el propósito de obtener información y determinar responsabilidades respecto del abandono de 89 cajas con osamentas de detenidos desaparecidos.

“No logro comprender por qué han pasado más de 20 años y las y los familiares nunca fuimos informados de aquello. Si bien ésta es una Comisión que va a investigar lo que aquí sucedió, aquí hay un inicio de una cadena que es una resolución judicial, que las destina a la Universidad de Chile, y que nunca se hizo cargo de lo que pasó con estas osamentas”, expresó la diputada que impulsó la iniciativa, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. Cuando se conoció públicamente esta situación, la Casa de Bello aclaró que las muestras “se encuentran en dependencias del Servicio Médico Legal desde el año 2019” y que “durante el tiempo en cuestión, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile custodió y resguardó el material tal como se le encomendó por orden judicial”.