Como un retroceso en materia ambiental para el país calificó la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, lo que se ha debatido en el marco del trabajo del Comité de Expertos que va a dar a conocer un documento inicial para la discusión de los 50 consejeros constituyentes que se están eligiendo este domingo.
En conversación con Vicky Quevedo en el especial de prensa de Radio y Diario Universidad de Chile, la representante comentó que esta situación genera un desafío considerando los problemas a la diversidad ambiental que tienen los distintos territorios, la sequía que está afectando con fuerza en diferentes puntos y el cambio climático a nivel global.
“El primer borrador del Comité de Expertos no tenía un capítulo sobre medioambiente ni recursos naturales, como si viviéramos en el aire. Y la verdad es que hubo una presión de la sociedad civil, el sector académico, incluso sectores dentro de los mismos partidos políticos y finalmente el Comité de Expertos fue prácticamente obligado a incluir un capítulo sobre sustentabilidad ambiental”, señaló Larraín.
La directora de Chile Sustentable puntualizó que “no obstante, la verdad es que es bastante escueto y yo diría que particularmente en las primeras versiones no hay ningún avance en relación a lo que hoy día existe en la legislación vigente”.
Por eso, precisó que “si se aprobara el texto del Comité de Expertos, la verdad es que estarías más atrasados en cuanto a regulación de lo que hoy día avanzó el marco legislativo tanto en el tema de la reforma del Código de Aguas como a ley de cambio climático, como la ley de humedales, como las leyes vinculadas a la sustentabilidad ambiental, el Servicio de Biodiversidad, etcétera”.
En ese sentido subrayó que “sería prácticamente un texto de mediados del siglo XX. Ahí hay bastante que agregar”.
Además, señaló que “la crisis hídrica tiene por lo menos una década y media en Chile. Los sectores académicos, todo el mundo ha escrito sobre esta mega sequía que está intensificada por el cambio climático y que va a continuar intensificándose”.
De hecho, retrató que “en Chile ya hay migrantes hídricos que han tenido que dejar sus tierras, Región de Coquimbo, Región de Atacama han tenido que dejar sus tierras, irse a las ciudades porque no hay agua ni para los animales ni para la familia ni para la agricultura de subsistencia”.
Por otra parte comentó que “lo que hizo el Comité de Expertos en el capítulo 2 sobre derechos y libertades fundamentales, puso dentro del artículo 1 de lo que se asegura a todas las personas en el inciso final, en el número 27 donde dice que el agua en cualquiera de sus estados es un bien nacional de uso público, esto lo copia del Código Civil y del Código de Aguas vigente, pero continúa el párrafo diciendo que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, le otorgará la propiedad sobre ellos que exactamente el texto de la Constitución del 80”.
Al respecto criticó que “es absolutamente contradictorio que el agua es un bien público y finalmente que los derechos de los particulares les dará propiedad sobre ellos. La verdad es que es un chiste”.
Larraín insistió en que “una constitución del siglo XXI en un contexto de inseguridad hídrica, de crisis climática y en un contexto de destrucción y extinción generalizada de los ecosistemas que soportan nuestra vida, nuestra alimentación, la captura de CO2, la ventilación, la provisión de agua, la mantención de los suelos, la constitución debe tener un articulado importante que permita asegurar la protección del patrimonio ambiental de este país”.
Por último, dijo que “Chile si no protege su patrimonio ambiental no tiene ninguna posibilidad de tener un desarrollo. Un país sin un patrimonio ambiental, particularmente en el caso de la estructura de la economía chilena, no tiene ninguna posibilidad de desarrollo ni de tener habitantes en el territorio”.
