Junto a representantes de organizaciones sociales y parlamentarias que impulsaron el proyecto de Reparación Integral para víctimas de femicidio, el Presidente Gabriel Boric y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, promulgó la normativa que despachó el Parlamento.

El encuentro fue precedido por una reunión que el mandatario calificó como “potente” e “inolvidable” con familiares de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas.

“La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública”, sostuvo el jefe de Estado, por lo que aprovechó de “solicitar a la comisión de Constitución del Senado que tramite con urgencia real, con urgencia de vida, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que lleva demasiado tiempo tramitándose, está avanzando muy lento. Y hay una urgencia vital de poder sacarla adelante”.

El Presidente agregó que la promulgación de la Ley de Reparación Integral permite saldar la deuda del Estado con las familias de las víctimas y las mujeres que sufrieron un intento de femicidio. “Es un paso más en la lucha de nuestro país que han liderado las mujeres contra un flagelo que no solamente acaba con la vida de las víctimas, sino que impone a sus familias una condena económica que es muy difícil de sobrellevar”, puntualizó.

Además, recordó que “cuando se discutió esta ley, estas mujeres valientes fueron al Parlamento a defenderla y tuvieron que aguantar que parlamentarios, en particular un parlamentario del Partido Republicano las tratara de privilegiadas porque se estaba discutiendo la posibilidad que los hijos e hijas de mujeres asesinadas en contexto de femicidio tengan una pensión”.

A lo anterior sumó que “esa violencia que sufrieron en ese momento la sufren permanentemente a lo largo del periplo de las instituciones del Estado, viviendo una revictimización permanente y es justamente lo que tenemos que trabajar con mucha fuerza para erradicar”.

Por su parte, la ministra Antonia Orellana precisó que “siempre se nos dice que las feministas estamos hablando de cosas en el aire, medias teóricas. Vayan a preguntarle a las mamás de las víctimas de femicidio si esta pensión no es algo concreto, que les vayan a preguntar si esto no les va a ayudar a enfrentar los juicios”.

Respecto al proyecto de ley integral en contra de la violencia, la secretaria de Estado afirmó que “es nuestra principal prioridad legislativa a través de la modificación de la sociedad conyugal para que las mujeres no tengan más que solicitar permiso para poder realizar trámites bancarios, iniciar una empresa o incluso hacer mejoras en sus casas”. 

Orellana recordó además que hubo algunos parlamentarios de oposición que anunciaron que llevarían el proyecto que hoy se promulgó al Tribunal Constitucional por considerar que se pasaba a llevar el principio de igualdad ante la ley al otorgar una pensión a los hijos de mujeres víctimas de femicidio.

“Ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional no se realizó porque pudimos convencer de que esto no era una porfía mía o de la diputada Cariola, sino que son madres que tienen hijos que necesitan apoyo”, subrayó. 

Mientras, una de las diputadas que impulsó la normativa, Karol Cariola, sostuvo que “no es que queramos tener que entregar más derechos a las víctimas de femicidio; lo que queremos es terminar con los femicidios. Sin embargo, como éstos hoy día se producen, tenemos que hacernos cargo y el Estado tiene una responsabilidad con ello. Por eso es que esto es una reparación”.

Ana Fuentes, presidenta de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, junto con agradecer el apoyo a esta norma por parte del Ejecutivo, criticó “que a los niños de nuestras familias los llamen privilegiados. No es un privilegio que a tu madre la maten, no es un privilegio tener un padre asesino. No es privilegio tampoco que los niños pregunten todos los días ‘¿Dónde está mi mamá?’”. 

La nueva ley establece la creación de una pensión para hijas e hijos menores de 18 años de mujeres víctimas de femicidio consumado y femicidio suicida y además otorga acceso preferente al sistema de protección social del Estado a víctimas de femicidio frustrado, tentado y sus familiares y establece fuero laboral de un año.

Esto en el caso de mujeres que han perdido su trabajo por perseguir justicia en el caso de haber sufrido un intento de femicidio.

Al respecto, la legislación establece un fuero laboral de un año a modo de protección especial para víctimas directas de femicidio frustrado y tentado y para las víctimas indirectas y se contempla facilidades para asistir a las comparecencias, en diligencias propias de la investigación o procedimiento judicial que debe enfrentar.