La tarde del martes, luego de haber acogido un recurso de amparo, la Corte de Apelaciones de Santiago le otorgó la libertad condicional al exsenador de la UDI, Jaime Orpis.

En enero de 2022, Orpis fue condenado por los delitos de fraude al fisco y cohecho, después de que se acreditara que recibió dinero de la empresa Corpesca, para favorecerla en la tramitación de la Ley de Pesca.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el diputado Matías Ramírez, exquerellante de los casos Corpesca y SQM, quien consideró anómala la decisión de acoger el recurso de Orpis.

-¿Cómo evaluaría la decisión de la justicia de concederle la libertad condicional al exsenador Orpis?

Desde un punto de vista netamente jurídico, es extraño que se acoja un recurso de amparo en este tipo de situaciones. Generalmente la mayoría de los amparos presentados por personas condenadas, son rechazados. En segundo lugar, me parece casi un horror jurídico, considerando los delitos por los cuales ha sido condenado Jaime Orpis. Estamos hablando de cohecho reiterado a través de los pagos que recibió de Corpesca para la creación y aprobación de la Ley de Pesca y de fraude al fisco por más de 200 millones de pesos. En ese escenario, por la gravedad de los delitos, llama la atención que se le haya concedido esa medida. Insisto, en casos similares de imputados por delitos con iguales penas, generalmente los recursos de amparo son rechazados.

-¿Considera esto una prueba de que hay una justicia para pobres y otra para ricos, como se ha comentado en las últimas horas?

En el caso de las investigaciones que tienen que ver con corrupción, como lo son el caso Corpesca, SQM, y Penta, esta situación que a veces uno lo escucha como un dicho popular, se hace realidad, se hace carne. En estos casos, de partida el único condenado que fue efectivamente a la cárcel fue Jaime Orpis. En el resto, esto terminó en juicios abreviados, suspensiones condicionales o muchas veces con restricciones de no perseverar por parte del Ministerio Público al no tener las querellas respectivas por parte del Servicio de Impuestos Internos. Evidentemente, ahí la justicia operó con un sesgo de clase muy importante, en orden de proteger a quienes ejercían posiciones de poder o eran cercanos a las mismas y eso queda en evidencia el día de ayer cuando se le otorga este beneficio a Orpis. Acá claramente hay un sesgo de clase en las decisiones que ha tomado la Corte de Apelaciones.

-¿Y cómo fue que llegamos a esta situación? ¿Cuáles fueron los mecanismos?

Yo creo que hubo un marco de protección institucional, en favor de los políticos involucrados. Hay que recordar, y esto yo creo que es lo más llamativo, la actitud del Servicio de Impuesto Internos de no presentar las querellas nominativas en contra de quienes habían facilitado boletas ideológicamente falsas para obtener recursos de Penta, de SQM o del mismo Corpesca. Ahí comenzó un manto de protección importante y, posteriormente, con la asunción del fiscal nacional, Jorge Abbot, también se produce esa situación. Abbot descabeza todas las investigaciones relacionadas al financiamiento de la política, sacando a fiscales, mandándolos a otras regiones, lo que derivó en que la decisión fuera el cierre de dichas indagatorias. Hubo un manto de protección institucional, que nace también cuando Abbot es nombrado por el Senado y se reúne de manera privada con algunos senadores, a los que evidentemente se les garantizó la impunidad en estas investigaciones políticas.

-Más allá del ámbito judicial, una posible forma de obtener justicia sería la anulación o la creación de una nueva ley de pesca. ¿Qué posibilidades ve de que esto ocurra?

Cuando nosotros asumimos la representación en la Cámara de Diputados, costó mucho poner en tabla la nulidad de la ley de pesca, que se logró votar en Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y actualmente está durmiendo en el Senado. Evidentemente no ha habido voluntad política por parte de los miembros de la Comisión de Constitución que está en conocimiento del proyecto de nulidad de la ley de pesca, que es sumamente significativa para hacer justicia, particularmente para la pesca artesanal de la zona norte. Por ejemplo, en el caso de la anchoveta, el 95% lo tiene la industria y el 5% los artesanales, cuestión que no se repite en ninguna otra parte que en Chile.

En definitiva, creo que hasta el momento no ha existido ni la voluntad de avanzar en una normativa que permita anular la ley de pesca y, segundo, yo creo que acá también el Gobierno tiene que actuar con mayor rapidez en presentar un nuevo proyecto de ley, que genere la justicia que se requiere, conociendo ya todos los antecedentes que tuvimos a la vista.

-Por último, ¿qué expectativas tiene de lo que pueda suceder en el caso SQM, que comenzó su juicio oral hace un par de meses?

Yo, al menos en el caso de Pablo Longueira, tengo plena convicción de que ejerció todas las acciones, tanto como senador como ministro, para favorecer a SQM Nitrato y SQM Salar. Es evidente, en el caso del proyecto de ley que benefició a SQM, cómo él recibía las minutas, cómo generó su votación, su aprobación, y finalmente cómo suscribe los contratos como ministro para beneficiar a ambas empresas. De eso existe una prueba documental muy profusa incluso respecto a cómo se efectuaban estos pagos. En ese sentido, yo tengo la convicción de que debiese ser condenado por cohecho reiterado y también dar un inicio a la tramitación, o discusión, respecto a qué va a suceder con los beneficios tributarios que tuvo SQM.

Yo espero que existan condenas y también que se resuelva de manera sensata y rápida. Casi se va a cumplir una década entre investigación y juicio, con lo que tú te das cuenta que la justicia tiene un sesgo de clase con la rapidez que se aborda, eso también ha quedado demostrado en todos estos casos de corrupción.