Como una utilización sobre ideologizada calificó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, las críticas de la oposición al costo asociado al proyecto “Gas a Precio Justo”, que dijo busca mejorar las condiciones de acceso a este recurso controlando los precios del mercado que ya habían sido cuestionados por la Fiscalía Nacional Económica.

La portavoz de La Moneda comentó que ante un alto precio de los combustibles durante 2022, el Gobierno decidió inyectar recursos para controlar su alza y fue en ese contexto que se decidió avanzar con una propuesta que permitiera a la gente la compra de gas licuado a un menor valor.

“No podíamos subsidiar al mundo privado cuando la Fiscalía Nacional Económica advertía graves problemas en los mecanismos de competencia en el mercado y se habían elevado precios por falta de competitividad”, recordó la titular de la Secretaría General de Gobierno.

Vallejo agregó que “incluso hizo recomendaciones la FNE para poder tomar medidas en este ámbito. Por lo tanto, lo que se hizo es que a través de una respuesta del Estado pudiéramos generar un piloto que nos permitiera entrar con una nueva competencia al mercado”.

Además puntualizó que “ese fue un proyecto piloto que a solicitud de parlamentarios y de los mismos alcaldes, no solo oficialistas, sino que de oposición, se exploró que los distribuidores estuvieran a nivel municipal con una participación activa de una empresa del Estado que es ENAP en la provisión del gas licuado, pero a través de la distribución minorista a través de los gobiernos locales”.

Camila Vallejo precisó que todo el proceso tuvo una evaluación y se entendió que una parte no tuvo el éxito esperado, aunque se mantiene lo principal, que es la participación de ENAP en el proceso.

“ENAP sigue jugando un rol importante en la provisión del gas licuado, pero en la distribución se consideró que no era lo más eficiente seguir utilizando a los municipios, sino que a minoristas multimarca. Eso es lo que está haciendo hoy día ENAP, haciendo que el Estado participe, pero con distribuidores privados, que no son los más grandes del mercado, pero que ayudan a acercar el gas con un mejor precio a las familias chilenas”, subrayó.

Por eso, la vocera del Ejecutivo puntualizó que “esto no puede ser utilizado para tratar de echar abajo otras políticas públicas. Aquí se está llevando este debate a una sobre ideologización brutal. Se está tratando de llevar este caso específico, cuyo único objetivo es hacernos cargo de entregar mayor competencia en el mercado y por tanto lograr bajar los precios de mercado y eso se está logrando, con cuestionar o desacreditar la importancia de un pacto fiscal”.

Vallejo sumó que no se puede desconocer el trabajo de las empresas del Estado, entre ellas Codelco, Metro o BancoEstado, esta última que ha permitido la implementación del Bolsillo Familiar Electrónico, proyecto que destacó ha sido exitoso.

“Yo quisiera recordar algo para comprender la utilización política que se está haciendo de este tema, porque en un momento, en 2020 durante el gobierno anterior empezó a implementarse una plataforma centralizada de pagos del Estado para agilizar el pago a proveedores. Y esa plataforma fracasó”, apuntó la ministra.

En ese sentido precisó que “se produjeron duplicaciones de pagos lo cual significó un costo de 96 mil millones de pesos en pagos duplicados a proveedores. Y cuando la DIPRES que responde al Ministerio de Hacienda, detectó el problema de aquello, nadie criticó la implementación de esta política de innovación, sino que criticaron la suspensión de esta política diciendo que el Ejecutivo no favorecía la innovación”.

En esa experiencia, dijo Vallejo, “se gastaron 150 veces más de recursos públicos por duplicación de pagos que lo que costó el proyecto piloto que además fue pagado, fue gasto ejecutado y que sirvió de inversión inicial”.

“Esto demuestra que la intencionalidad no tiene que ver necesariamente con el cuestionamiento del plan piloto, sino que estar llevando la discusión a otro nivel para desacreditar toda política pública que involucre un rol del Estado en la garantización no solo de derechos sino que de mejores condiciones de bienestar a la población”, cerró la secretaria de Estado.