Es curioso que todos hayan interpretado mal el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres: el Gobierno, la oposición, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, la ciudadanía en general y las propias isapres. Y que en tales circunstancias la vocera de la Suprema, Ángela Vivanco, quien tiene un espacio de vocería semanal, haya preferido una entrevista y no una instancia más institucional para venir a sacar a todo el país de su error. Es decir: que el fallo que obliga a las aseguradoras a devolver dineros mal habidos beneficia solo a los demandantes y no a la totalidad de las personas afectadas.

Durante el día de ayer, hay quienes mencionaron que en Derecho se debe interpretar que un fallo está circunscrito a los demandantes y no a otras personas. Si así fuera, habría que preguntarse por qué varios de los individuos o instituciones involucradas, siendo abogados o teniendo un staff de abogados, no lo entendieron así. Y, más directamente, por qué la propia Ángela Vivanco dijo en marzo lo contrario que ayer. Citamos textualmente sus dichos de entonces en el Diario Financiero: “Dejamos los cálculos a la Superintendencia porque éste es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían”.

Una pregunta elemental es qué pasó en estos tres meses para que la Ministra cambiara tan drásticamente su apreciación.

Hasta esta entrevista, parecía que la Corte Suprema había manejado este asunto con una sola línea, por lo que los dichos de Vivanco solo llevan a la confusión (de hecho el Gobierno solicitará una aclaración al fallo). Pero esta falta de claridad no es solamente un problema procedimental, sino uno profundamente político y con evidentes efectos en la credibilidad ya debilitada en las instituciones. Durante los meses anteriores, hemos hecho mención al incesante asedio que las isapres han hecho sobre medios de comunicación y el Gobierno para ya no solo pagar menos, sino para conseguir lisa y llanamente un perdonazo, es decir, que la institucionalidad generara una fórmula de escabullimiento del fallo a las isapres o que el Estado asumiera directamente el monto a pagar.

Toda esta arremetida de las isapres, lo sabemos, ocurre bajo la amenaza de una quiebra, del desamparo de los usuarios de salud privada y de un colapso general del sistema, escenario apocalíptico que ya se invocó en caso de que ganara el Apruebo en el proceso constituyente anterior. Pero ganó el Rechazo y aquí estamos. El trasfondo, como lo han señalado los expertos, es que la estructura de funcionamiento de las isapres es inviable con o sin fallo y que el no pago por parte de éstas a los centros de salud -que ya viene ocurriendo hace tiempo- genera otros problemas bastante serios sobre los prestadores y los propios usuarios.

Sería poco razonable suponer que las evidentes presión y lobby que han ejercido las isapres sobre distintos actores no haya llegado también a la Corte Suprema. Sabiéndose las ramificaciones poderosas que las aseguradoras tienen con medios de comunicación, por propiedad con algunos de los principales grupos económicos del país y por tradición con históricos financistas de la política, es de suma importancia que la Corte Suprema despeje la incertidumbre instalada por su vocera y que no contribuya a la idea, sobran los motivos para ello, de que en Chile hay una justicia para pobres y otra para ricos.