“Los que más ganan deben pagar más y lo que ganan menos, debe pagar menos”, es la esencia de un sistema impositivo, señala el presidente de la CONUPIA, Roberto Rojas. Opinión que comparte el presidente de la ASEXMA, Roberto Fantuzzi, quien propone “modificar y producir justicia tributaria”.

 Sin embargo, entre las pymes no todos piensan lo mismo, ya que sectores como la CNTC, que agrupa a los camioneros, prefieren hablar de hacer crecer la economía entregando estabilidad.

Este es el debate que se está dando en distintos sectores sociales y políticos frente a la propuesta del Ejecutivo de avanzar hacia un pacto fiscal que sea producto de un diálogo social amplio que, aunque no es una reforma tributaria, sí la incluye.

Ese el objetivo que tiene el Gobierno para alcanzar junto a todos los sectores un acuerdo que permita obtener los recursos necesarios, de manera permanente, para responder a las necesidades más sentidas de la población, entre ellas una PGU de 250 mil pesos, reducción de las listas de espera en salud, sala cuna universal, sistema de cuidados, seguridad ciudadana y reparación de la deuda histórica de los profesores, por un total de 2,7 puntos del PIB.

Sin embargo, la pista se puso lenta y compleja para el Ejecutivo, dado que en los últimos días el gran empresariado dio un portazo a la idea de avanzar hacia la reforma tributaria.

“Recaudar por la vía de las alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado”, señaló la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) que dirige Ricardo Mewes, quien dio un giro a la disposición inicial.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que “es evidente, del tenor de esa carta, que ha habido un cambio de actitud o de posición respecto del pacto fiscal, porque hasta hace no mucho tiempo escuchábamos una actitud bastante más abierta a los temas tributarios”.

“Eso se va alejando un poco de las cosas que escuchábamos del mundo empresarial, por ejemplo, en la época del estallido social, en que muchos empresarios dijeron que había que hacer un esfuerzo por aportar más recursos al Fisco, para financiar programas sociales”, fue la respuesta de Marcel, ante el portazo de los empresarios.

El papel de las pymes

El ministro y su equipo inició una serie de reuniones con distintos sectores, entre ellas 14 organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas para presentarles el programa de trabajo que, en opinión del secretario de Estado, “en contraste con lo que fue la primera propuesta tributaria donde el foco del Gobierno estuvo en no perjudicar a las pymes, lo que vamos a buscar ahora es identificar medidas que puedan favorecer a las pymes”.

En este contexto, el presidente de la CONUPIA, Roberto Rojas, señaló que el pacto fiscal que propone el Gobierno es necesario para hacer los esfuerzos y “avanzar en medidas que permitan solventar alguna necesidad que tiene el país y que tienen carácter social, poder avanzar en proyectos que van en función de la educación, de la salud y particularmente en algunos temas de carácter previsional y en el tema de las pensiones y jubilaciones”.

Agregó que “nosotros como gremios de pequeñas industrias y que representamos más del 98,5 por ciento de las empresas de este país, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo que nos permita ir en función de resolver estos problemas, en medio de la crisis mundial y la pandemia”.

 Sin embargo, Rojas lamentó que no todos están con esta disposición. “Nos parece insólito que el gran empresariado partió con la idea de ser propositivos y poder llegar a acuerdos y desde hace unos días a la fecha, se da la vuelta de carnero y definitivamente desecha la posibilidad de seguir conversando y dice que no hay ninguna posibilidad cuando se planeta la necesidad, de recabar más a través de impuestos”.

 En su opinión, una de las formas para poder recaudar más recursos “es a través de los impuestos, no hay otra”.

 “Se argumenta la necesidad de poder reorganizar las finanzas públicas a partir de la restricción de la inversión o del gasto público. A nosotros nos parece que puede ser un buen argumento. Sin embargo, eso no exime la necesidad de asumir otros compromisos tales como un impuesto de carácter progresivo y por otro lado, también hacer un ataque frontal a lo que es la evasión de impuestos y  controlar la elusión”, señaló.

 Para el dirigente de la CONUPIA, el pacto que propone el Ejecutivo debe ser simple para que todos los chilenos entiendan de qué se trata,  para que concurran con cierta certeza.

 Además, dijo que tiene que ser justo en el sentido de  progresividad. Es decir, precisó,  “los que se comen la pechuga tienen que pagar más que los que se comen las alitas del pollo. O  sea,  en términos concretos,  los que más ganan deben pagar más y lo que ganan menos, pagar menos,  que es la esencia de un sistema progresivo. Esa es nuestra opinión en general y creemos que hay que hacer todo el esfuerzo para seguir impulsando porque esta es una necesidad país y no hay ningún sector que se pueda arrestar a eso”.

Rojas reconoció que cuando el gran empresariado se resta a avanzar en estas materias, hay un tema ideológico de fondo, pero también de realidad. Esto porque las pequeñas empresas están más cerca “de los problemas cotidianos de la gente por nuestro carácter de empresa de menor tamaño y por nuestro grado de relación que existe con nuestros trabajadores”.

El dirigente empresarial indicó que dada esas necesidades, el Estado debe dar una respuesta y la única manera es mediante la recaudación fiscal o tributaria. “Que todos pongamos de acuerdo a nuestras propias necesidades. Lo otro es una posición ideológica, basada fundamentalmente de esta escuela de carater económico que está instalada, y que ha caído en crisis que es el neoliberalismo, por lo tanto, nosotros lo vemos desde ese punto de vista”.

Invertir en paz social

Una posición que en cierta manera es compartida por el presidente de ASEXMA, Roberto Fantuzzi, quien afirmó que el problema no pasa por el tema de los impuestos, sino “por justicia tributaria”

“Modificar y producir justicia tributaria y hay hechos concretos. Las personas que contaminan, otros les están pagando esa contaminación. El 50 por ciento de los ingresos tributarios provienen del IVA. Entonces efectivamente la persona que está ganando un sueldo está pagando un impuesto mucho más alto que personas que de alguna manera están el sector privado o en una empresa. Cada uno tiene que hacer el esfuerzo correspondiente”, dijo el líder empresarial.

Asimismo, Fantuzzi compartió las afirmaciones del ministro Mario Marcel en el sentido que esta situación pueda llevar otro estallido social.

“Tengo la misma sensación que el ministro (Marcel) que esto no produzca paz social y exista otro estallido social. Si el estallido se produjo por ineficiencia del sistema que no habíamos cumplido con salud, educación, vivienda. Entonces, si no vamos a cumplir con ninguna de las variables con que después se tranquilizó el ánimo, puede suceder, no estoy incitando a eso. La gente quiere algún tipo de solución a sus problemas”, señaló Fantuzzi.

En ese sentido, el dirigente empresarial cuestionó la actitud de los grandes empresarios de negarse a ser parte de un pacto fiscal.

“El hecho que hizo la CPC de tirar el mantel, no lo comparto en absoluto. Los empresarios estamos para conversar, dialogar, y no para gobernar. Los gobiernos son elegidos, son democráticos, podemos tener una opinión al respecto, pero no decir: nosotros no nos sentamos a la mesa. Eso no lo comparto”, dijo Fantuzzi.

Por ello, afirmó que “hay que hacer un esfuerzo enorme para hacer justicia tributaria porque no hay, hay personas que gana mucho y pagan menos impuestos que los que ganan menos. En eso consiste la justicia tributaria, horizontal y vertical (…). Hay que modificar algunas estructuras y tratar de hacer el esfuerzo de invertir en paz social”.

Agregó que “la inversión en paz social le corresponde tanto al privado, como al sector público. Un país que no invierte en paz social, no va a llegar inversión y no va tener crecimiento”.

Más estabilidad económica

En este debate, no todas las pequeñas empresas tienen la misma posición. De hecho, algunas apoyaron la decisión de la CPC y la SOFOFA de restarse al pacto fiscal. En esta línea está la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), que a través de su presidente, Sergio Pérez, expresó su negativa a avanzar en un acuerdo amplio de distintos sectores sociales y políticos.

“Como CNTC creemos que es el momento de resguar a las empresas y particularmente a las pymes, concentrándose en recuperar los empleos y fomentar la inversión para volver a hacer crecer la economía”, dijo Pérez.

Agregó que “es el momento de sentar las bases entregando estabilidad, certeza y seguridad”.

En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), Máximo Picallo, también se mostró contrario a un pacto fiscal y tal como lo han repetido los grandes empresarios, hizo hincapié en que es necesario que “la economía vuelva a crecer y se generen empleo formales”.

A su juicio, “el momento actual de la economía hace riesgoso una reforma tributaria, porque si bien los efectos no son inmediatos, afectan la decisión de inversión de los distintos actores económicos”.

Picallo afirmó que ya hay una serie de medidas que se han adoptado y que afectan a las pymes. Mencionó la ley de las 40 horas semanales que “es casi como un impuesto porque les va a significar un mayor costo”, aunque no se refirió a subsidio estatal que se entregará a las empresas.

Además, se refirió a la reforma previsional y cómo afectaría a las pymes, porque “el 6 por ciento adicional podrían transformarse en un impuesto”.

“Están todos los impuestos correctivos, a la ley de alcoholes, a las bebidas azucaradas que va directo al bolsillo de los consumidores y afecta a las pymes porque van a vender productos que son más caros y esto evidentemente inhibe el consumo”, puntualizó Picallo.

Foto de portada: Ministerio de Hacienda.