El abogado, Francisco Cox, pedirá a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados que se acoja la cuestión previa y se declare la inadmisibilidad de la Acusación Constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El profesional concurrió este lunes a la comisión revisora donde expuso los argumento de la defensa y expresó “su sorpresa” por un libelo acusatorio basado “eslogan, cuñas vacías, twitter”, con “siete capítulos con peso pluma” y con hechos que no se enmarcan en que lo exige la ley.

En su exposición, Cox afirmó que la AC está basada en “cualquier cosa, menos de causales constitucionales para romper la separación de poderes”.

En sus argumentos para invocar la cuestión previa, afirmó que esta situación es crítica en una República que “quiere ser regida por leyes y no pasiones”.

Cox explicó que la AC rompe con el sistema presidencial porque los ministros participan del gabinete si cuenta con el respaldo del Presidente, quien es el único que debe removerlo y esto sólo se rompe cuando hay responsabilidad constitucional que implica que ha infringido la ley, la Constitución o ha dejado la ley sin ejecución.

Afirmó que quienes promueven esta acción han errado la herramienta, porque la AC no es para fiscalizar los actos de Gobierno, sino para hacer responsables de la violación de una ley o la Constitución. Además, precisó que cuando un sector determinado quiere que un ministro dé cuenta de su gestión, debe ser interpelado que es lo que establece la ley.

En su exposición, el abogado afirmó que el ministro Ávila ha sido víctima de caricaturas. “Esto es lo que se ha hecho aquí. Se ha hecho una caricatura de la gestión del ministro Ávila (…) de que el ministro tendría esta prioridad por ciertos temas, como en educación sexual afectiva, integral, y que esa sería la prioridad de este Gobierno”, acotó.

Al respecto, reveló que el presupuesto destinado del Mineduc a esta área es de  0,002 % del presupuesto, mientras que la reactivación educativa se han destinado 4,8%, que contrasta con lo que se dice en la AC que afirma que la reactivación no ha sido prioridad del Ejecutivo.

Otro de los aspectos que apuntó el abogado es la orientación sexual del secretario de Estado. “No está en juego si a una persona que declaró en la mañana (Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano) que le parece inadecuado que el Presidente de la República haya manifestado su preocupación que una persona por su orientación sexual tuviera que dar explicaciones (…) eso no está en juego, lo que está en juego si cumplió o no con la Constitución y las leyes o las dejó de ejecutar”.

Asimismo, el profesional afirmó que la AC es un documento “que perfectamente encuadra en el ejercicio de la fiscalización, de emitir juicios de mérito, de valoración, de criticar errores, deficiencia, falta de criterios, lentitud, pero nada de eso es acusación constitucional”.

Precisó que los primeros capítulos se refiere a sexualidad donde “no identifico nada que constituya una auténtica violación de leyes o de la Constitución”.

“Para acusar a un ministro de Estado, removerlo y sancionarlo por cinco años, se tiene que tratar de hechos propios, hechos personales, porque estamos hablando de responsabilidad constitucional y esto, como establece el Art 7 de la Constitución”, indicó que precisó sólo se puede “acoger la AC si es que hay actos obvios, personales, que hayan infringido gravemente la ley, la Constitución o hayan dejado sin ejecutar la ley”.

Por otro lado, afirmó que en el libelo acusatorio se le imputan hechos que no se enmarcan en lo que establece la ley, “no hay un solo capítulo de los 7 (…) los escritos no se cuentan, se pesan. Hay 7 capítulos, el peso, pluma. Se le imputan hechos que son de administraciones anteriores y cuestiones sistemáticas generadas con anterioridad a la llegada del ministro a la cartera”.

 Respecto del caso Junaeb y los antecedentes dados a conocer por el ex director nacional de la entidad, Cristóbal Acevedo, el abogado del ministro afirmó que se trata de un “órgano descentralizado sobre el que el ministro es el superior jerárquico y no puede dar instrucciones y no visa los contratos”.

Además, dijo que “en ninguna parte, la AC menciona los antecedentes expuestos por Acevedo”.

Con la exposición del abogado Cox, la comisión revisora dio por terminadas las exposiciones y deberá votar si la AC tiene o no mérito para que sea votada el próximo miércoles en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante la mañana hubo varios expositores. Entre ellos,  Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano, quien señaló que el ministro Ávila “es un lobbista LGBTQIA+, y o un ministro de Educación de la República de Chile”.

 Al respecto, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, afirmó que las declaraciones de Aranda, demuestran que la motivación de la AC en su contra tiene un “carácter absolutamente homofóbico y no se sí carácter de delito. Estar pidiendo o exigiendo a una persona que exprese públicamente  su orientación sexual o cualquier aspecto de su vida privada”.

Hirsch afirmó que “eso no tiene nada que ver con transgresiones a la Constitución o las leyes como efectivamente está contenido en esta acusación, no tiene que ver y queda demostrado una vez más”.

El legislador agregó que “lamentablemente hemos escuchado a una invitada que ha hecho acusaciones graves, que ha falseado información, que cuaddo se le ha pedido información sobre el famoso tema de la ideología de género, lo que hizo fue dar una declaración dada por un cura, muy respetable, pero que no forma parte de la Real Academia de la Lengua ni de ningún otro tratado jurídico”.