El presidente sudafricano confirmó hoy que su colega ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del grupo de países con economías emergentes, BRICS, a realizarse el próximo agosto, después de meses de polémicas por la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional en contra del mandatario ruso, que observadores internacionales estiman fue otra represalia contra el Kremlin como consecuencia de la invasión a Ucrania.
“Por mutuo acuerdo, el presidente Vladímir Putin, de la Federación de Rusia, no asistirá a la cumbre, pero su país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov”, señaló la Presidencia desde la sede del poder ejecutivo, Pretoria, en un comunicado.
Sudáfrica, que acogerá la cumbre de los BRICS entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo, estaba en el punto de mira tras confirmar el pasado mes de marzo su invitación al presidente ruso para que participara en las reuniones, pese a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Como Estado miembro de la Corte Penal Internacional por haber firmado el Convenio vinculante, Sudáfrica está obligada a cooperar en el arresto de Putin, pero su gobierno había evitado hasta ahora revelar cómo procedería si el mandatario ruso aterrizaba en su territorio.
No obstante, Ramaphosa rehusó la posibilidad de arrestar a Putin porque aquello sería igual a plantear una “declaración de guerra” a Rusia, según informó el Tribunal Superior de Gauteng (en el norte sudafricano), instancia judicial que publicó una declaración del presidente al respecto.
“Sería contrario a nuestra Constitución arriesgarse a entrar en guerra con Rusia”, dijo Ramaphosa al responder a una demanda presentada por el principal partido de la oposición de Sudáfrica, la Alianza Democrática (AD), propiciando conseguir una “orden declaratoria” que garantizara la detención de Putin. Lo anterior luego que Sudáfrica asegurara haber adoptado una postura neutral sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, pidiendo asimismo diálogo y diplomacia para resolver el conflicto.
Una posición no sólo vinculada a la influencia estratégica, política y económica que Moscú ejerce sobre los gobiernos y las políticas de algunos países de África, sino también a motivos históricos, como el apoyo recibido por parte de la Unión Soviética a los movimientos anticolonialistas y de liberación de mediados del siglo XX., así como el permanente apoyo recibido desde Moscú en la lucha de Nelson Mandela y sus millones de partidarios contra el pérfido régimen segregacionista del “apartheid” impuesto por los colonos blancos.
Probablemente la posibilidad de ser arrestado fuera, efectivamente, aquello que haya pesado en la toma de decisión de Vladimir Putin y del gobierno en Moscú, pero no es menos cierto que esa orden de arresto, emitida en marzo de este año por la Corte Penal Internacional (CPI), sigue vigente y se sustenta en la grave acusación de presuntos crímenes de guerra que habrían sido cometidos por el dirigente ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.
De hecho, Volodimir Zelenski, el ex actor y mandatario ucraniano, ha dicho que el ruso “tiene las manos manchadas de sangre”, grave acusación que -según algunos analistas internacionales- replica asiduamente la clase política europea y las instancias que se alinean detrás de similar doctrina, como sería el caso de la Corte Penal Internacional.
El presidente sudafricano confirmó hoy que su colega ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del grupo de países con economías emergentes, BRICS, a realizarse el próximo agosto, después de meses de polémicas por la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional en contra del mandatario ruso, que observadores internacionales estiman fue otra represalia contra el Kremlin como consecuencia de la invasión a Ucrania.
“Por mutuo acuerdo, el presidente Vladímir Putin, de la Federación de Rusia, no asistirá a la cumbre, pero su país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov”, señaló la Presidencia desde la sede del poder ejecutivo, Pretoria, en un comunicado.
Sudáfrica, que acogerá la cumbre de los BRICS entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo, estaba en el punto de mira tras confirmar el pasado mes de marzo su invitación al presidente ruso para que participara en las reuniones, pese a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Como Estado miembro de la Corte Penal Internacional por haber firmado el Convenio vinculante, Sudáfrica está obligada a cooperar en el arresto de Putin, pero su gobierno había evitado hasta ahora revelar cómo procedería si el mandatario ruso aterrizaba en su territorio.
No obstante, Ramaphosa rehusó la posibilidad de arrestar a Putin porque aquello sería igual a plantear una “declaración de guerra” a Rusia, según informó el Tribunal Superior de Gauteng (en el norte sudafricano), instancia judicial que publicó una declaración del presidente al respecto.
“Sería contrario a nuestra Constitución arriesgarse a entrar en guerra con Rusia”, dijo Ramaphosa al responder a una demanda presentada por el principal partido de la oposición de Sudáfrica, la Alianza Democrática (AD), propiciando conseguir una “orden declaratoria” que garantizara la detención de Putin. Lo anterior luego que Sudáfrica asegurara haber adoptado una postura neutral sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, pidiendo asimismo diálogo y diplomacia para resolver el conflicto.
Una posición no sólo vinculada a la influencia estratégica, política y económica que Moscú ejerce sobre los gobiernos y las políticas de algunos países de África, sino también a motivos históricos, como el apoyo recibido por parte de la Unión Soviética a los movimientos anticolonialistas y de liberación de mediados del siglo XX., así como el permanente apoyo recibido desde Moscú en la lucha de Nelson Mandela y sus millones de partidarios contra el pérfido régimen segregacionista del “apartheid” impuesto por los colonos blancos.
Probablemente la posibilidad de ser arrestado fuera, efectivamente, aquello que haya pesado en la toma de decisión de Vladimir Putin y del gobierno en Moscú, pero no es menos cierto que esa orden de arresto, emitida en marzo de este año por la Corte Penal Internacional (CPI), sigue vigente y se sustenta en la grave acusación de presuntos crímenes de guerra que habrían sido cometidos por el dirigente ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.
De hecho, Volodimir Zelenski, el ex actor y mandatario ucraniano, ha dicho que el ruso “tiene las manos manchadas de sangre”, grave acusación que -según algunos analistas internacionales- replica asiduamente la clase política europea y las instancias que se alinean detrás de similar doctrina, como sería el caso de la Corte Penal Internacional.
El presidente sudafricano confirmó hoy que su colega ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del grupo de países con economías emergentes, BRICS, a realizarse el próximo agosto, después de meses de polémicas por la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional en contra del mandatario ruso, que observadores internacionales estiman fue otra represalia contra el Kremlin como consecuencia de la invasión a Ucrania.
“Por mutuo acuerdo, el presidente Vladímir Putin, de la Federación de Rusia, no asistirá a la cumbre, pero su país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov”, señaló la Presidencia desde la sede del poder ejecutivo, Pretoria, en un comunicado.
Sudáfrica, que acogerá la cumbre de los BRICS entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo, estaba en el punto de mira tras confirmar el pasado mes de marzo su invitación al presidente ruso para que participara en las reuniones, pese a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Como Estado miembro de la Corte Penal Internacional por haber firmado el Convenio vinculante, Sudáfrica está obligada a cooperar en el arresto de Putin, pero su gobierno había evitado hasta ahora revelar cómo procedería si el mandatario ruso aterrizaba en su territorio.
No obstante, Ramaphosa rehusó la posibilidad de arrestar a Putin porque aquello sería igual a plantear una “declaración de guerra” a Rusia, según informó el Tribunal Superior de Gauteng (en el norte sudafricano), instancia judicial que publicó una declaración del presidente al respecto.
“Sería contrario a nuestra Constitución arriesgarse a entrar en guerra con Rusia”, dijo Ramaphosa al responder a una demanda presentada por el principal partido de la oposición de Sudáfrica, la Alianza Democrática (AD), propiciando conseguir una “orden declaratoria” que garantizara la detención de Putin. Lo anterior luego que Sudáfrica asegurara haber adoptado una postura neutral sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, pidiendo asimismo diálogo y diplomacia para resolver el conflicto.
Una posición no sólo vinculada a la influencia estratégica, política y económica que Moscú ejerce sobre los gobiernos y las políticas de algunos países de África, sino también a motivos históricos, como el apoyo recibido por parte de la Unión Soviética a los movimientos anticolonialistas y de liberación de mediados del siglo XX., así como el permanente apoyo recibido desde Moscú en la lucha de Nelson Mandela y sus millones de partidarios contra el pérfido régimen segregacionista del “apartheid” impuesto por los colonos blancos.
Probablemente la posibilidad de ser arrestado fuera, efectivamente, aquello que haya pesado en la toma de decisión de Vladimir Putin y del gobierno en Moscú, pero no es menos cierto que esa orden de arresto, emitida en marzo de este año por la Corte Penal Internacional (CPI), sigue vigente y se sustenta en la grave acusación de presuntos crímenes de guerra que habrían sido cometidos por el dirigente ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.
De hecho, Volodimir Zelenski, el ex actor y mandatario ucraniano, ha dicho que el ruso “tiene las manos manchadas de sangre”, grave acusación que -según algunos analistas internacionales- replica asiduamente la clase política europea y las instancias que se alinean detrás de similar doctrina, como sería el caso de la Corte Penal Internacional.
