Continúa la vulneración de seguridad en dependencias fiscales. En esta oportunidad se dio a conocer que la Corporación de Asistencia Judicial de la comuna de San Ramón fue víctima de la sustracción de equipos tecnológicos, de manera casi paralela lo mismo habría ocurrido en la sede de La Cisterna. 

En el caso de San Ramón, Carabineros detalló que cerca de la medianoche dos computadores de escritorio fueron sustraídos por delincuentes desde este recinto, dispositivos que en conjunto suman más de un millón de pesos.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló esta mañana que la investigación ya se encuentra en curso en el Ministerio Público y que lo grave de este hecho es que los aparatos contienen antecedentes confidenciales. 

“A estas alturas, es un incidente de atentado contra la propiedad como ha existido en otros (casos). Lo único que podría ser delicado es que en el caso de las corporaciones de asistencia judicial por la naturaleza de las prestaciones que realizan -prestaciones jurídicas- a las personas que allí acceden, hay información y datos sensibles, personales, de las personas que son atendidas“, precisó.

Tras estas declaraciones, el ministro Cordero comentó que “el acceso a oficinas públicas y privadas, en el centro de la ciudad de Santiago y en otros lugares, es más recurrente de lo que probablemente muchos creen”.

Cabe destacar que estos sucesos se suman a las sustracciones de bienes realizadas al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de las Culturas y el mismo intento de robo que informó Bienes Nacionales a principios de este mes.

Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, contrariando levemente al titular de Justicia, mantuvo su posición de que estos delitos, en ministerios de Gobierno particularmente, no son habituales.

“Lo que yo he dicho es que no es común que se ingresen a un ministerio a robar computadores de la forma como ocurrió, por lo tanto, hay que prestar especial atención considerando las circunstancias, pero no cabe duda que los robos (en sí) son delitos comunes”, declaró la autoridad.

Valencia precisó que el Ministerio Público tomó la decisión de nombrar a una fiscal especial para estos focos investigativos y anunció que será la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana la entidad encargada de investigar en específico estos robos a oficinas públicas. 

“Eso significa que va a investigar todos los robos de características similares ocurridas dentro de su jurisdicción o que advierten que podría haber eventualmente un modus de operandis común”, agregó Valencia, pero recalcó que “esto no permite ni lleva necesariamente a sacar conclusiones respecto de las intencionalidades“.

En busca de responsabilidades

Tras esta seguidilla de robos en dependencias ministeriales, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, llegó hasta la Contraloría General de la República, para presentar un requerimiento solicitando que se instruyan sumarios en los ministerios que han sido víctimas de estos robos “con la convicción de que es necesario usar todas las herramientas que nos brinda la ley” para encontrar eventuales responsables.

“Nos parece tremendamente grave que al 7 de julio se haya verificado una situación que alguien podrá calificar de ‘posible robo’ y no se hayan hecho las denuncias correspondientes ¿Por qué esto es grave? Primero porque de haberse hecho, quizás, se pudo haber mejorado las condiciones de seguridad y haberse evitado lo que sucedió 13 días después en el Ministerio de Desarrollo Social”, señaló Schalper.

En la misma línea, el parlamentario también apuntó contra la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, porque, a su juicio, es la persona que debe explicar en detalle quiénes sabían de la ubicación de la caja fuerte que fue sustraída desde el Ministerio de Desarrollo Social para así lograr encontrar las responsabilidades dentro de esa cartera en particular.

Imagen de Portada: Agencia ATON