El Consejo Constitucional no realizará una consulta indígena, a pesar de la petición que había hecho el único representante de los pueblos originarios, Alihuen Antileo.
Se decidió que no se avanzaría en la consulta tras una reunión y posterior votación donde estuvieron los delegados de las seis bancadas del órgano redactor de la nueva Carta Magna. Los votos a favor del oficialismo no fueron suficientes y la oposición hizo valer su mayoría.
Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, recomendó que era “procedente” llevarla a cabo, luego de que el consejero Antileo solicitara el pronunciamiento de la administración del Presidente Boric. No obstante, aquello no permitió su avance.
Según detalla el oficio enviado por la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, al consejero Antileo, “no cabe más que disentir de la postura manifestada por la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.
“En esa línea, el proceso de redactar una nueva propuesta constitucional no constituye una medida administrativa o legislativa, ni es el Consejo Constitucional el órgano competente para lleva a cabo una consulta indígena en los términos del Convenio N°169 de la OIT“, añade el documento.
Asimismo, se indica que hay una “ausencia de facultades constitucionales y/o reglamentarias del Consejo Constitucional para llevar a cabo acciones en pos de una consulta indígena, lo que en el marco del derecho público no permite que el Consejo Constitucional exceda sus atribuciones ni un pretexto de circunstancias extraordinarias”.
“Cabe recordar que en el inciso final del artículo 154 de la Constitución señala que ‘ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con la función que esta Constitución asigna al Consejo Constitucional‘, por lo cual resulta del todo improcedente que una autoridad ministerial pretenda entregarle al Consejo Constitucional funciones, competencias u obligaciones no contenidas en el ordenamiento vigente”, menciona el texto.
Tras lo anterior, Julio Ñanco, delegado de la bancada RD-Independientes, expuso que “nos preocupan las señales que dejan en evidencia el incumplimiento de los tratados internacionales vigentes. Y también que existe un pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social que indicaba que aquello procedía”.
“Dimos las razones de que era importante garantizar la participación y que aquello puede configurar distintos escenarios que los expresamos en la mesa”, acotó.
