“Negligencias” y “omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado” fue lo que constataron los integrantes de la comisión investigadora sobre el caso Kayser.

El pasado lunes 31 de julio, la instancia presidida por el diputado Andrés Giordano, concluyó su trabajo y emitió un informe que da cuenta de irregularidades por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal (SML).

Todas estas instituciones, no habrían actuado con la oportunidad y prolijidad necesarias para explicar la muerte de las cinco personas que aparecieron en la fábrica de Renca: Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas.

“Ha sido una comisión que se ha abocado a investigar estos hechos durante 90 días, con diversas instancias de comisiones secretas, porque existe un proceso judicial en curso; pero eso no ha impedido que la comisión pueda observar en detalle y se haya generado la convicción, en cada una de las sensibilidades del espectro político que la compusieron, de que acá el Estado tuvo negligencias y actuaciones incorrectas”, dijo, durante la presentación de las conclusiones, el diputado Giordano.

Respecto al detalle de las irregularidades, el informe de la comisión menciona la grabación de un video por parte de un funcionario de Carabineros, en donde se muestra a los fallecidos y se les acusa de haber estado saqueando; el no cercamiento del terreno por parte de los investigadores; y también una serie de problemas en el proceso de autopsias, que eran responsabilidad del Servicio Médico Legal.

Justamente, para el diputado integrante de la comisión y militante del Partido Comunista, Boris Barrera, uno de los momentos más impactantes del trabajo de la comisión, fue escuchar el testimonio del Equipo Chileno de Antropología Forense (ECHAF). De acuerdo a ese grupo de peritos independientes al Estado, el SML no dio cuenta de varias situaciones, entre ellas que uno de los cuerpos tenía una herida de bala.

“Además, según los peritos, los cuerpos estaban en posición recta en el suelo, lo que no es una posición típica de una persona que muere calcinada, sino que esas personas normalmente, para cubrirse, intenta colocarse en posición fetal”, complementó el parlamentario.

Barrera, quien es diputado por Renca y vive cerca del lugar donde ocurrió el incendio, también criticó el hecho de que el espacio no se cerrara.

“Desde el momento en que sucedió el incendio, hasta ahora, ha estado abierto, lo cual significa, según los expertos y yo creo que también algo como de sentido común, que se contamina el área de investigación. Se pueden hacer miles de cosas, se pueden hasta fabricar pruebas si es que alguien quiere hacerlo y eso es completamente irregular”.

Por otra parte, consultado respecto al motivo por el que confluyeron tantas negligencias, Barrera señaló que aún es muy difícil saber el por qué.

“Si empezamos a escuchar que los cuerpos no están en la posición que deberían, que cuando el Servicio Médico Legal o el Ministerio Público hacen levantamiento del lugar del suceso, no entrega un informe planimétrico, o sea, no especifican: se encontraron cinco personas en el piso, una estaba en la entrada, a dos metros de la entrada, otra en diagonal, etcétera; uno dice: ¿No lo hicieron porque aquí vieron esto como un robo más, como un incendio más o realmente se encubre algo? No lo sé. Todo puede ser. Hay muchas probabilidades”.

Alejandra Arriaza, abogada de las víctimas, que además concurrió a la comisión en varias oportunidades como invitada, cree que pueden haber motivos económicos tras el incendio y las irregularidades.

“Creo que existe un prejuicio e incriminación de las autoridades encargadas de llevar esta investigación. Desde un inicio se estimó que eran saqueadores y en ese sentido no se han hecho grandes esfuerzos por esclarecer los hechos. ¿Y qué es lo que hay detrás? Yo creo que hay un móvil económico, estos crímenes no son aislados al contexto que estaba viviendo nuestro país en términos políticos, económicos y sociales. El patrón es muy similar al de crímenes ocurridos en otras empresas, donde se cobraron seguros millonarios”.

En cuanto a la posibilidad de que agentes del Estado hayan estado involucrados en las muertes, Arriaza aseguró que todavía no está del todo claro.

“Es una de las grandes dudas que tienen las familias, que no se han despejado. Estábamos en un minuto de excepción constitucional, estábamos a cargo de las Fuerzas Armadas, ellas eran las encargadas de garantizar el orden y la seguridad y no lo hicieron. No puedo afirmar nada, porque es parte de la investigación que está pendiente”, indicó la abogada.

Diligencias entrampadas

El informe de la comisión investigadora fue aprobado con el voto de tres diputados de oposición, entre ellos el UDI, Daniel Lilayu. El gremialista coincidió con el resto de sus pares en que existieron negligencias por parte de organismos del Estado y además, afirmó que el trabajo de la instancia, servirá a las familias de las víctimas.

“Yo creo que va a ayudar. Nosotros no somos jueces, podemos tener una opinión política o como persona y aquellos que tienen que dilucidar la verdad son los fiscales. Sin embargo, lo que se detectó en esta comisión es que el trato a los familiares por agentes del Estado, no fue bien hecho. Creo que las familias van a quedar conformes”.

Solange Arias, madre de Yoshua Osorio, la víctima más joven del caso Kayser (tenía 16 años en el momento de su fallecimiento), corroboró lo señalado por Lilayu. De acuerdo a Arias, el trabajo de la comisión sirvió para agilizar varias diligencias del proceso judicial, que a casi cuatro años de los hechos, aún no tiene formalizados.

“Sabemos que esto no es una sentencia judicial, pero nos ha ayudado, principalmente a que se den diligencias que estaban entrampadas, como la exhumación de mi hijo y la de Andrés Ponce. Este informe, además deja ver las falencias en el Estado frente a este caso y las semejanzas a otros casos ocurridos durante el estallido social”, dijo Arias.

La abogada Alejandra Arriaza coincidió en que la historia sería distinta si no se hubiera realizado la comisión. Además de las exhumaciones de Yoshua Osorio y Andrés Ponce, Arriaza destacó “otras diligencias que habían sido solicitadas, como periciar ciertos tipos de ropas encontradas en sitio del suceso y que no habían sido recibidas por el Ministerio Público, ni enviadas a analizar”.

“Se dio lugar a esa diligencia y vimos que en estos seis meses se dieron a lugar muchas otras. Eso creemos que es algo muy muy importante”, agregó.

Un memorial en la exfábrica

Más allá de las negligencias que se constataron, la comisión investigadora del caso Kayser realizó una serie de recomendaciones, con la idea de que en el futuro no se repitan hechos similares.

Justamente, entre estas sugerencias, está una ley que obligue al Servicio Médico Legal a aplicar el protocolo de Minnesota: un modelo recomendado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que permite que las familias cuenten con un perito independiente, además de los estatales, durante los procesos de autopsia.

A lo anterior, se agrega otra recomendación, relacionada a “propender al levantamiento de un memorial y sitio de memoria en el lugar de los hechos”. De acuerdo al mismo informe de la Cámara, en el lugar donde se emplazaba la fábrica Kayser, ahora se construirán viviendas sociales y la inmobiliaria a cargo, estaría considerando un espacio para rendir homenaje a las víctimas.

“No podemos llegar y borrar que ahí se encontraron cinco cuerpos, cinco vidas humanas. El insistir en su memoria, ayuda a crear conciencia para que no puedan seguir ocurriendo estas cosas”, indicó la madre de Yoshua Osorio, Solange Arias.

“Por otro lado, esto siempre pasa por el lado de los más pobres. El tener este espacio es justicia social y ese lugar lo queremos para la comunidad, para promover los derechos humanos y realizar actividades socio culturales, en beneficio de los jóvenes”, precisó.

Por último, Arias expresó sus deseos de que la investigación termine pronto y que se logre aclarar lo que ocurrió, porque para ella, este proceso, es “tener dolor sobre dolor”.

“Hay que esperar el resultado de la investigación, que no sé cuánto más va a durar, para poder llegar a la verdad, la justicia y a la no repetición”, concluyó.