Con más de 25 años de experiencia en el campo de la lucha por los derechos humanos, Andrea Pochak, fue electa comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abogada con orientación en Derecho Penal y Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex representante para Argentina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Directora Adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ex subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos del gobierno argentino, ha seguido con atención las noticias en torno a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973 en Chile.

Pochak –quien en su biografía de Twitter se presenta como “abogada defensora de derechos humanos, siempre, cualquiera sea el lugar donde toque dar la pelea”– fue electa en junio de 2023 en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para representar a Argentina para el periodo 2024-2027, luego de 12 años sin que hubiera un comisionado de este país. Todo esto, en el contexto de que varios países del cono sur conmemoran medio siglo de los golpes de Estado, como es el caso de Chile y Uruguay, y además en medio de una tendencia ultraconservadora que se advierte en la región en los últimos años.

La especialista en materia de derechos humanos participó del seminario “Reflexiones en torno a los derechos humanos desde el presente”, organizado por la Universidad de Chile y FASIC, para reflexionar junto a académicas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. “Para la historia latinoamericana hubo un antes y un después desde el atentado a La Moneda en 1973, y he estado siguiendo con mucha atención e interés los intensos debates en torno a esta conmemoración”, expresó en el evento. “Ya es tiempo de terminar con los falsos consensos y profundizar en las diferencias para superarlas realmente”, afirmó.

¿Qué significa para usted estar en Chile en el marco del medio siglo desde el comienzo de la dictadura?

Tengo más de 25 años en el campo de los derechos humanos. Trabajé muchos años en CELS de Argentina, pero también pasé por organismos públicos y en los últimos años fui parte del gobierno como Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, y tengo una visión bastante integral de la lucha por este tema, por eso creo que mi experiencia me permitió dar mi visión de lo importante que es conmemorar el 50 aniversario de 1973. El bombardeo a La Moneda es un hito para toda Latinoamérica. Es una fecha muy importante para reflexionar, para recordar, para revisar el pasado y entender cómo se ha mantenido la democracia y la defensa de los derechos humanos en Chile y en el resto de los países de la región.

¿Cómo se puede abordar el concepto memoria desde las instituciones?

Esta fecha ofrece una oportunidad para hacer memoria y de revisar el pasado, pero la memoria es una obligación que tiene el Estado y que tiene que abordarse de manera permanente y continua.

La memoria forma parte de las obligaciones que tiene el Estado como la justicia y las políticas de reparación que incluyen las medidas de no repetición.

Todavía en Chile se está reclamando por planes de búsqueda de detenidos desaparecidos y durante el seminario se reconoció que este ha sido el primer gobierno que ha propuesto trabajar en este ámbito. La búsqueda de los detenidos desaparecidos no puede ser delegada a las víctimas, familiares y tampoco puede ser delegada en las causas judiciales como algo específico. Celebro que se pueda solucionar esta asignatura pendiente a tantos años del golpe.

En Argentina estamos celebrando 40 años de la recuperación de la democracia, y al igual que en Chile aún hay asignaturas pendientes. Hay desafíos que las democracias siguen arrastrando durante tantos años, que tienen que ver con no haber garantizado memoria, verdad, justicia y reparación. Bienvenidos los seminarios y todas las instancias que tratan de vincular el pasado con el presente, porque definitivamente recordar el pasado es fundamental para tener democracias más fuertes.

En cuanto a las deudas o desafíos, ¿qué aspectos forman parte del camino para avanzar y consolidar las democracias?

Lo primero que hay que tener claro es que los derechos humanos no son de un gobierno o de sectores políticos. Los derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal y en tratados internacionales y son para todo el mundo.

También es importante asumir que sin los derechos humanos no hay democracia y sin la democracia no hay derechos humanos. En democracia no se puede concebir al adversario político como un enemigo.

En la región hay discursos muy reaccionarios, porque en la medida en que se ha avanzado en derechos –en que las mujeres avanzaron y las diversidades sexuales avanzaron en derechos–, se ha vivido una respuesta súper reaccionaria. Ante esto es momento de defender los derechos humanos. Hay que entender que la lucha por los derechos humanos no es lineal, que hay momentos de retroceso, lo importante es que hay que seguir avanzando y que hay que resistir porque hay fuerzas opuestas.

¿Cómo fue el proceso en Argentina y qué aprendizajes podemos mirar de su experiencia? 

El proceso que existió en Argentina es muy interesante. Hoy tenemos más de mil 130 condenados, pero es un proceso muy lento. También estamos enfrentándonos con una impunidad biológica, que conlleva la muerte de los responsables directos de los crímenes, como la de los sobrevivientes o sus familiares que no alcanzan a declarar antes de fallecer.

Hay que siempre estar exigiendo justicia, no hay que conformarse.

La reparación a las víctimas tiene que ser integral, abarcando medidas pecuniarias y no pecuniarias. Así, la reparación también puede ser simbólica, y eso es reconocer los lugares donde se llevaron a cabo los crímenes como sitios de memoria, reivindicar a las víctimas, a quienes abandonaron sus trabajos, que fueron detenidos, a sus familiares y reparar moralmente a cada una de las víctimas, en los barrios, las comunas y ciudades. Los Estados tienen que apuntar a eso y también a políticas de no repetición, de forma permanente. No hay una sola manera, pueden usarse distintos mecanismos.

¿Cómo se puede ampliar la lucha de justicia y reparación?, ¿cómo involucrar a las sociedades completas?

Este mismo tipo de actividades como el seminario en que estamos con la academia, junto con la sociedad civil, creo son muy importantes para no dejar a las organizaciones solas, porque la memoria, la lucha por los derechos humanos, le pertenece las comunidades; porque la lucha por los derechos humanos no es un asunto de los familiares, no es asunto de las víctimas, es un asunto de las sociedades en su conjunto y es parte de su historia, es un tema de todos y todas. Por eso creo que todas las chilenas y los chilenos deberían saber esto y debemos pensar alianzas estratégicas para mostrar que este tema es transversal, que sea parte de políticas públicas.

A lo largo de su experiencia, y considerando que durante el seminario surgió la pregunta “¿qué haremos el año 51?”, ¿cómo cree que se va renovando este tipo de trabajo independiente de las coyunturas? 

En Argentina pasó que el aniversario del año 25 del golpe de Estado, en el 2001, fue una marcha histórica. Fue un hito porque a partir de esa fecha la concurrencia fue aumentando cada vez más, por eso ante este debate tan intenso que traen las conmemoraciones, el objetivo sería que genere a partir de ahora que cada 11 de septiembre sea mayor la concurrencia.

Yo creo que el debate intenso es una oportunidad, no creo que haya que esconderlo. A mí me llamó mucho la atención ver una encuesta que señalaba que la mayoría identificaba a Pinochet como un estadista y no como un dictador. Ese discurso negacionista hoy día no debe tener espacio, hay que enfrentarlo con más debate, con más verdad, con más datos históricos.

No me gustan tampoco las posturas de algunos sectores que creen que el tema es de ellos, ese camino no sirve. Lo que se necesita es que todas y todos nos involucremos, por eso creo que son bienvenidos los debates. Es importante que la sociedad completa se apropie, no debiese ser un tema de nicho.

En su experiencia como subsecretaria, ¿qué medidas o qué políticas pueden mencionar que hayan servido en Argentina?

En Argentina tenemos una Secretaría de Derechos Humanos, que entre otras cosas tiene la función de llevar adelante medidas institucionales. El Estado argentino a través de la Secretaría se constituye en parte querellante, quien acusa no es solamente la fiscalía. Esa es una política que en Argentina ha dado buenos resultados. Las víctimas necesitan justicia ya.