Para la próxima semana quedó postergada la votación del polémico proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocido como Ley de Usurpaciones.
El proyecto, en trámite desde julio de 2020, busca modificar las sanciones por usurpaciones y facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos y fue aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados el 10 de agosto y volvió a la Comisión de Seguridad Ciudadana donde se rechazaron todas las indicaciones del oficialismo.
La iniciativa volvió a la sala tal como había sido aprobada en general y ha generado resistencia desde el oficialismo porque mantiene el concepto de “legítima defensa privilegiada” en el caso de ocupación flagrante, lo que permitiría la autotutela, lo que en términos prácticos significa que las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado, puedan tratar de recuperarlo por la fuerza sin mediar la intervención de organismos oficiales, es decir “por mano propia”.
Este proyecto también desató movilizaciones de pobladores, principalmente de campamentos, que se verían amenazados con la ley ya que muchos no están regularizados o en vías de regularización.
El diputado de RN, Andrés Longton, afirmó que la próxima semana se votará el proyecto en tercer trámite y lamentó que la izquierda en general haya rechazado que se votara ayer miércoles.
“Dilató la tramitación de un proyecto que está dentro del fast track, por lo tanto, lamento que una vez más que ciertos sectores del oficialismo traten de retardar una ley que es prioritaria para la ciudadanía solamente porque parte de su contenido no le gusta y no respetan el debate democrático que se tiene que dar acá, respecto de las mayorías que seguro también son ciudadanas, para sancionar penalmente un delito que tiene agotado a muchos chilenos”, dijo Longton.
En el Gobierno existe preocupación porque el proyecto no sufrió ninguna modificación, fundamentalmente en lo relacionado con la autotutela.
Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazó ese punto y precisó que el Ejecutivo no permitirá una ley que posibilite el enfrentamiento entre personas, por lo que existe la opción de presentar un veto presidencial si el proyecto es aprobado.
Sobre el particular, la diputada PC, Alejandra Placencia, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, advirtió del peligro que representan algunas de las indicaciones del proyecto.
“La derecha en realidad lo que está haciendo es jibarizar y tener soluciones no sólo punitivas, sino que absolutamente prehistóricas respecto de cómo llevar adelante un tema de estas características. Es muy primitivo pensar que las personas van a ir a hacer justicia por mano propia cuando existe el Estado de derecho”, apuntó.
Agregó que además, se busca “criminalizar lamentablemente una de las realidades más crudas de nuestro país que ahora con los temporales se está viendo, que es la situación de los campamentos. Todo el mundo se escandaliza cuando ve, a partir de la emergencia climática, cómo viven en los campamentos y esas personas no son delincuentes. Lo que se está haciendo con la ley de usurpaciones es criminalizar esas personas, que viven con su familia y que no han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda con una política de estado clara”.
Para la próxima semana quedó postergada la votación del polémico proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocido como Ley de Usurpaciones.
El proyecto, en trámite desde julio de 2020, busca modificar las sanciones por usurpaciones y facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos y fue aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados el 10 de agosto y volvió a la Comisión de Seguridad Ciudadana donde se rechazaron todas las indicaciones del oficialismo.
La iniciativa volvió a la sala tal como había sido aprobada en general y ha generado resistencia desde el oficialismo porque mantiene el concepto de “legítima defensa privilegiada” en el caso de ocupación flagrante, lo que permitiría la autotutela, lo que en términos prácticos significa que las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado, puedan tratar de recuperarlo por la fuerza sin mediar la intervención de organismos oficiales, es decir “por mano propia”.
Este proyecto también desató movilizaciones de pobladores, principalmente de campamentos, que se verían amenazados con la ley ya que muchos no están regularizados o en vías de regularización.
El diputado de RN, Andrés Longton, afirmó que la próxima semana se votará el proyecto en tercer trámite y lamentó que la izquierda en general haya rechazado que se votara ayer miércoles.
“Dilató la tramitación de un proyecto que está dentro del fast track, por lo tanto, lamento que una vez más que ciertos sectores del oficialismo traten de retardar una ley que es prioritaria para la ciudadanía solamente porque parte de su contenido no le gusta y no respetan el debate democrático que se tiene que dar acá, respecto de las mayorías que seguro también son ciudadanas, para sancionar penalmente un delito que tiene agotado a muchos chilenos”, dijo Longton.
En el Gobierno existe preocupación porque el proyecto no sufrió ninguna modificación, fundamentalmente en lo relacionado con la autotutela.
Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazó ese punto y precisó que el Ejecutivo no permitirá una ley que posibilite el enfrentamiento entre personas, por lo que existe la opción de presentar un veto presidencial si el proyecto es aprobado.
Sobre el particular, la diputada PC, Alejandra Placencia, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, advirtió del peligro que representan algunas de las indicaciones del proyecto.
“La derecha en realidad lo que está haciendo es jibarizar y tener soluciones no sólo punitivas, sino que absolutamente prehistóricas respecto de cómo llevar adelante un tema de estas características. Es muy primitivo pensar que las personas van a ir a hacer justicia por mano propia cuando existe el Estado de derecho”, apuntó.
Agregó que además, se busca “criminalizar lamentablemente una de las realidades más crudas de nuestro país que ahora con los temporales se está viendo, que es la situación de los campamentos. Todo el mundo se escandaliza cuando ve, a partir de la emergencia climática, cómo viven en los campamentos y esas personas no son delincuentes. Lo que se está haciendo con la ley de usurpaciones es criminalizar esas personas, que viven con su familia y que no han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda con una política de estado clara”.
Para la próxima semana quedó postergada la votación del polémico proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, más conocido como Ley de Usurpaciones.
El proyecto, en trámite desde julio de 2020, busca modificar las sanciones por usurpaciones y facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos y fue aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados el 10 de agosto y volvió a la Comisión de Seguridad Ciudadana donde se rechazaron todas las indicaciones del oficialismo.
La iniciativa volvió a la sala tal como había sido aprobada en general y ha generado resistencia desde el oficialismo porque mantiene el concepto de “legítima defensa privilegiada” en el caso de ocupación flagrante, lo que permitiría la autotutela, lo que en términos prácticos significa que las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado, puedan tratar de recuperarlo por la fuerza sin mediar la intervención de organismos oficiales, es decir “por mano propia”.
Este proyecto también desató movilizaciones de pobladores, principalmente de campamentos, que se verían amenazados con la ley ya que muchos no están regularizados o en vías de regularización.
El diputado de RN, Andrés Longton, afirmó que la próxima semana se votará el proyecto en tercer trámite y lamentó que la izquierda en general haya rechazado que se votara ayer miércoles.
“Dilató la tramitación de un proyecto que está dentro del fast track, por lo tanto, lamento que una vez más que ciertos sectores del oficialismo traten de retardar una ley que es prioritaria para la ciudadanía solamente porque parte de su contenido no le gusta y no respetan el debate democrático que se tiene que dar acá, respecto de las mayorías que seguro también son ciudadanas, para sancionar penalmente un delito que tiene agotado a muchos chilenos”, dijo Longton.
En el Gobierno existe preocupación porque el proyecto no sufrió ninguna modificación, fundamentalmente en lo relacionado con la autotutela.
Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Tohá, rechazó ese punto y precisó que el Ejecutivo no permitirá una ley que posibilite el enfrentamiento entre personas, por lo que existe la opción de presentar un veto presidencial si el proyecto es aprobado.
Sobre el particular, la diputada PC, Alejandra Placencia, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, advirtió del peligro que representan algunas de las indicaciones del proyecto.
“La derecha en realidad lo que está haciendo es jibarizar y tener soluciones no sólo punitivas, sino que absolutamente prehistóricas respecto de cómo llevar adelante un tema de estas características. Es muy primitivo pensar que las personas van a ir a hacer justicia por mano propia cuando existe el Estado de derecho”, apuntó.
Agregó que además, se busca “criminalizar lamentablemente una de las realidades más crudas de nuestro país que ahora con los temporales se está viendo, que es la situación de los campamentos. Todo el mundo se escandaliza cuando ve, a partir de la emergencia climática, cómo viven en los campamentos y esas personas no son delincuentes. Lo que se está haciendo con la ley de usurpaciones es criminalizar esas personas, que viven con su familia y que no han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda con una política de estado clara”.
