Ayer miércoles, durante el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, el Presidente Gabriel Boric mencionó el caso de José Huenante, descrito por el mandatario como “un joven pobre, mapuche”, que “en un año no tan lejano, en otras circunstancias sospechosas, también desapareció”.

José Huenante es conocido por ser el primer detenido desaparecido en democracia. En 2005, cuando tenía solo 16 años, fue detenido por un grupo de Carabineros de Puerto Montt, tras lo cual su familia le perdió el rastro para siempre.

El Plan Nacional de Búsqueda no incluye a los detenidos desaparecidos en democracia, sin embargo, las palabras del Presidente parecen abrir la puerta para que estos casos sean parte de la nueva política de Estado.

Consultado al respecto, el abogado de la familia de José Huenante, Sergio Millamán, aseguró que valora la iniciativa para esclarecer las circunstancias de desaparición de las víctimas de la dictadura, pero que también es importante que el Estado salde su deuda con las familias de los desaparecidos en democracia.

“Sin duda creo es valorable que a pesar del tiempo transcurrido, se establezca una política de Estado para encontrar a las personas que fueron desaparecidas en dictadura (…) sin embargo, también creemos que al igual que existe una deuda con ellos, existe una deuda con el caso de José y de otras personas que durante los últimos 30 años se encuentran desaparecidos y sus familias no tienen respuesta hasta el día de hoy”.

Asimismo, Millamán planteó que “por mucho que el Presidente en un acto mencione a José, no se ha establecido una política de Estado, concreta, con plazos y recursos específicos para resolver este tipo de situaciones, lo que implica que sigue pendiente esa deuda de parte del Estado hacia la familia de José, a su mamá, su tía y su hermana”.

En cuanto a los avances en la investigación judicial sobre José Huenante, el abogado señaló que hace bastante tiempo las diligencias están estancadas.

“Gracias al esfuerzo de la familia la investigación respecto de la desaparición de José sigue abierta. Se logró que después de muchos años de estar durmiendo en manos de la justicia militar fuera entregada al Ministerio Público y que se estén realizando hasta la fecha diligencias. En todo caso, hasta la fecha, eso no ha tenido ningún resultado concreto”.

Por eso, Millamán considera que un apoyo desde el Estado sería fundamental para esclarecer la verdad.

“Falta una decisión de algún Gobierno que impulse estos procesos, que entregue los recursos necesarios para que el Ministerio Público realice una investigación profunda. Desconozco el detalle del plan, pero me imagino que hay acciones que podrían replicarse en el caso de José”, aseveró.

Los otros casos de desaparición forzada en democracia

El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, representó por varios años a la familia de José Vergara, un joven de Alto Hospicio que en 2015 desapareció luego de haber sido detenido por Carabineros.

Según Ramírez, apenas el Presidente Boric anunció el Plan de Búsqueda en la cuenta pública de junio de 2022, “oficiamos al Ministerio de Justicia, se trata de una cuestión que hemos venido solicitando hace bastante tiempo”.

“Hugo Arispe en Arica, José Vergara en Alto Hospicio y José Huenante en Puerto Montt, al menos son los casos que nosotros hemos tenido registros y de los cuales se han solicitado efectivamente al Gobierno poder incorporar a este plan de búsqueda”, detalló.

A juicio del diputado, sería importante que estos casos se incluyeran al plan, porque así se daría a entender “que las situaciones de las desapariciones forzadas no solamente son algo que ocurrió en ese período de la dictadura, sino que también hay crímenes que hasta la fecha siguen sin responsables y que hay familias que demandan saber dónde están sus familiares”.

Consultado respecto a la respuesta que le han dado desde el Ejecutivo, Ramírez afirmó que “se han establecido ciertas coordinaciones de trabajo, pero hasta el momento no ha habido una respuesta oficial. Yo agradezco que el Presidente el día de ayer haya podido hacer eco de aquello, pero también esperamos que en el corto plazo eso se pueda traspasar a una política concreta”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, indicó a nuestro medio que al menos en sus conversaciones con el Gobierno, no se discutió la posibilidad de integrar a los desaparecidos en democracia.

De todas maneras, la dirigenta expresó que “las agrupaciones siempre estamos hablando y solidarizando y también el derecho que tienen de verdad y justicia, sobre todo en el caso de José Huenante”.

En esa misma línea, Lira instó a los familiares de los desaparecidos en democracia a discutir el tema con el Gobierno. “Lo más adecuado es que los familiares se lo planteen en la Subsecretaría de Derechos Humanos y al ministro de Justicia. Yo al menos siento que hay una disposición distinta de este Gobierno” sobre el tema, apuntó la representante de la entidad.