A una semana de cumplirse los 50 años del Golpe de Estado, un grupo de diputados y diputadas oficialistas concurrieron hasta el Ministerio de Justicia para entregarle una carta al titular de la cartera, Luis Cordero, con el objetivo de solicitar su apoyo a la solicitud de adaptar el penal Punta Peuco para mujeres embarazadas o con hijos pequeños y trasladar a los actuales convictos, condenados por violaciones a los derechos humanos, a Colina I.
Recordemos que en agosto pasado parlamentarios de centroizquierda, encabezados por el diputado Juan Santana (PS), reunieron firmas para, en la misma línea, convocar una sesión especial en el Congreso Nacional con el objeto de evaluar la situación de los reos en la cárcel ubicada en Tiltil y reacondicionar sus instalaciones.
El legislador socialista confirmó que será el próximo miércoles 6 de septiembre que se realizará esta sesión especial y por la cual instaron al Ejecutivo a plegarse a la iniciativa que cuenta con el apoyo de parlamentarios de Gobierno y de la Democracia Cristiana.
En ese sentido, Santana llamó a repensar el penal, de manera que sea además, “sea una señal del Gobierno a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Creemos que no hay ninguna justificación para que existan privilegios con internos que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
El diputado Luis Cuello (PC) expresó que “hemos venido a entregar esta carta al ministro de Justicia, porque nos parece que el otorgamiento de privilegios para criminales de lesa humanidad es también una forma de impunidad. Creemos que es momento adecuado para realizar una acción que signifique el cierre simbólico de Punta Peuco, es una señal que responde a una demanda histórica del movimiento de derechos humanos y que, sin duda, va a contribuir a restablecer de alguna forma el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley”.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (CS) instó al ministro Cordero a tomar en cuenta “un anhelo que lleva décadas en Chile en el movimiento de derechos humanos en las organizaciones de las víctimas. Esas personas que vivieron mucho tiempo en la impunidad fuera de la cárcel, hoy esas personas, que nunca han colaborado con la justicia con información, están en un recinto carcelario con privilegios que el resto de la población no tiene en Chile”.
“En el contexto de los 50 años nos parece que es fundamental dar una señal de que no más impunidad y esa no más impunidad significa que las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cumplan sus sentencias en las mismas condiciones que lo hace cualquier persona condenada en Chile”, manifestó Fries.
A una semana de cumplirse los 50 años del Golpe de Estado, un grupo de diputados y diputadas oficialistas concurrieron hasta el Ministerio de Justicia para entregarle una carta al titular de la cartera, Luis Cordero, con el objetivo de solicitar su apoyo a la solicitud de adaptar el penal Punta Peuco para mujeres embarazadas o con hijos pequeños y trasladar a los actuales convictos, condenados por violaciones a los derechos humanos, a Colina I.
Recordemos que en agosto pasado parlamentarios de centroizquierda, encabezados por el diputado Juan Santana (PS), reunieron firmas para, en la misma línea, convocar una sesión especial en el Congreso Nacional con el objeto de evaluar la situación de los reos en la cárcel ubicada en Tiltil y reacondicionar sus instalaciones.
El legislador socialista confirmó que será el próximo miércoles 6 de septiembre que se realizará esta sesión especial y por la cual instaron al Ejecutivo a plegarse a la iniciativa que cuenta con el apoyo de parlamentarios de Gobierno y de la Democracia Cristiana.
En ese sentido, Santana llamó a repensar el penal, de manera que sea además, “sea una señal del Gobierno a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Creemos que no hay ninguna justificación para que existan privilegios con internos que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
El diputado Luis Cuello (PC) expresó que “hemos venido a entregar esta carta al ministro de Justicia, porque nos parece que el otorgamiento de privilegios para criminales de lesa humanidad es también una forma de impunidad. Creemos que es momento adecuado para realizar una acción que signifique el cierre simbólico de Punta Peuco, es una señal que responde a una demanda histórica del movimiento de derechos humanos y que, sin duda, va a contribuir a restablecer de alguna forma el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley”.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (CS) instó al ministro Cordero a tomar en cuenta “un anhelo que lleva décadas en Chile en el movimiento de derechos humanos en las organizaciones de las víctimas. Esas personas que vivieron mucho tiempo en la impunidad fuera de la cárcel, hoy esas personas, que nunca han colaborado con la justicia con información, están en un recinto carcelario con privilegios que el resto de la población no tiene en Chile”.
“En el contexto de los 50 años nos parece que es fundamental dar una señal de que no más impunidad y esa no más impunidad significa que las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cumplan sus sentencias en las mismas condiciones que lo hace cualquier persona condenada en Chile”, manifestó Fries.
A una semana de cumplirse los 50 años del Golpe de Estado, un grupo de diputados y diputadas oficialistas concurrieron hasta el Ministerio de Justicia para entregarle una carta al titular de la cartera, Luis Cordero, con el objetivo de solicitar su apoyo a la solicitud de adaptar el penal Punta Peuco para mujeres embarazadas o con hijos pequeños y trasladar a los actuales convictos, condenados por violaciones a los derechos humanos, a Colina I.
Recordemos que en agosto pasado parlamentarios de centroizquierda, encabezados por el diputado Juan Santana (PS), reunieron firmas para, en la misma línea, convocar una sesión especial en el Congreso Nacional con el objeto de evaluar la situación de los reos en la cárcel ubicada en Tiltil y reacondicionar sus instalaciones.
El legislador socialista confirmó que será el próximo miércoles 6 de septiembre que se realizará esta sesión especial y por la cual instaron al Ejecutivo a plegarse a la iniciativa que cuenta con el apoyo de parlamentarios de Gobierno y de la Democracia Cristiana.
En ese sentido, Santana llamó a repensar el penal, de manera que sea además, “sea una señal del Gobierno a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Creemos que no hay ninguna justificación para que existan privilegios con internos que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
El diputado Luis Cuello (PC) expresó que “hemos venido a entregar esta carta al ministro de Justicia, porque nos parece que el otorgamiento de privilegios para criminales de lesa humanidad es también una forma de impunidad. Creemos que es momento adecuado para realizar una acción que signifique el cierre simbólico de Punta Peuco, es una señal que responde a una demanda histórica del movimiento de derechos humanos y que, sin duda, va a contribuir a restablecer de alguna forma el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley”.
Por su parte, la diputada Lorena Fries (CS) instó al ministro Cordero a tomar en cuenta “un anhelo que lleva décadas en Chile en el movimiento de derechos humanos en las organizaciones de las víctimas. Esas personas que vivieron mucho tiempo en la impunidad fuera de la cárcel, hoy esas personas, que nunca han colaborado con la justicia con información, están en un recinto carcelario con privilegios que el resto de la población no tiene en Chile”.
“En el contexto de los 50 años nos parece que es fundamental dar una señal de que no más impunidad y esa no más impunidad significa que las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cumplan sus sentencias en las mismas condiciones que lo hace cualquier persona condenada en Chile”, manifestó Fries.
