“Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a la petición arriba citada, la cual fue recibida en esta Secretaría Ejecutiva el 15 de mayo de 2019”. Así comienza la misiva mediante la cual este organismo internacional notifica a la familia de José Vergara Espinoza, desaparecido en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá, respecto a la admisibilidad del proceso, iniciado luego de que la justicia chilena condenara a cuatro ex carabineros únicamente por el delito de secuestro simple, desechado ejercer el control de convencionalidad y la aplicación de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, vigente en Chile desde el año 2010. Todo esto, luego de la anulación de un primer proceso judicial que sólo los condenó por detención ilegal.
En la misma misiva, la CIDH informa que “se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses”, para que el Gobierno de Chile entregue una serie de antecedentes solicitados.
La familia de José Vergara dio a conocer esta noticia cuando este miércoles 13 de septiembre se cumplen ocho años de la detención del joven por parte de los ex carabineros.
Para la hermana de Vergara, Cristina Vergara, “este es el primer paso para que al Estado de Chile se le obligue a reconocer su responsabilidad internacional por actos de sus agentes policiales en la desaparición forzada de mi hermano. Desde hace ocho años que exigimos justicia para José Vergara. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos”.
“Yo me reuní presencialmente con el Presidente Gabriel Boric en marzo de este año, en su visita oficial al memorial de Pisagua en Iquique, y él en persona se comprometió conmigo y mi familia a reiniciar la búsqueda del paradero de mi hijo e incluirlo en el proyecto de búsqueda de detenidos desaparecidos, pero nos engañó. Nos sentimos decepcionados de nuestro propio Gobierno”, señaló Juan Vergara, padre del desaparecido.
El abogado representante de la familia, Enzo Morales, destacó que valoran “que la CIDH en Washington, Estados Unidos, haya declarado admisible la denuncia contra el Estado de Chile por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada de José Vergara de Alto Hospicio, ya que la justicia liberó a los asesinos, el gobierno abandonó la búsqueda de sus restos mortales y el presidente Boric no lo incluyó en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos lanzado el 30 de agosto, discriminándolo arbitrariamente”.
La respuesta de esta misiva por parte de la familia al organismo internacional se basa en que “subsisten los motivos que dieron lugar a la denuncia, esto es, desde la fecha de la presentación de la denuncia en el año 2019, hasta la actualidad, JOSE ANTONIO VERGARA ESPINOZA se mantiene en calidad de detenido desaparecido y víctima de desaparición forzada de personas”. Además, en que el “ESTADO DE CHILE, mediante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), reconoce la existencia del hecho que motivó la denuncia ante la CIDH, puesto que, actualmente mantiene en sus registros públicos de libre acceso a la víctima JOSE ANTONIO VERGARA ESPINOZA, en calidad de “PERSONA EXTRAVIADA”, en el sitio web oficial”.
Detenidos Desaparecidos en democracia
José Vergara fue detenido en su casa ubicada en la comuna de Alto Hospicio el 13 de septiembre del 2015 luego de que familiares solicitaran ayuda a Carabineros para contener una crisis provocada por la esquizofrenia que padecía el joven. Tras la detención, Vergara se encuentra desaparecido.
Inicialmente los cuatro policías que realizaron la detención -Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Abraham Caro Pérez y Manuel Carvajal Fabres- negaron que José Vergara se encontrara en el domicilio al momento de la detención e incluso falsearon las comunicaciones radiales con la central de comunicaciones.
Tras el inicio de la investigación penal, los policías implicados confesaron que abandonaron al joven en el desierto, en un sitio eriazo camino a Caleta Buena, evidenciando con este caso una práctica denominada como “machetazo” o “dos corto”, procedimiento policial por el que se saltan los conductos regulares del procedimiento de Carabineros y abandonan a los detenidos en sitios eriazos del desierto, para evitar el papeleo y explicaciones que origina una detención irregular.
El caso se suma al de José Huenante, joven de 16 años desaparecido desde el 5 de septiembre del 2005 tras ser detenido por una patrulla policial en Puerto Montt y el de Hugo Arispe en Arica, desaparecido desde el 14 de enero de 2001 desde la cárcel de Acha, todos detenidos desaparecidos en democracia.
