A poco más de una semana que finalice el plazo planteado por la Constitución para vetar la Ley de Usurpaciones aprobada en el Congreso, la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, se reunió con parlamentarios de las bancadas oficialistas para conocer sus posturas respecto a los temas que deben ser cuestionados por la herramienta jurídica.
Luego del encuentro, el jefe de la bancada de diputados del PC, Luis Cuello, señaló que son varios los elementos que fueron dados a conocer a la autoridad del Ejecutivo, ya que hay diferentes componentes de la nueva norma que consideran son peligrosos para la convivencia social.
“Nos parece que esta ley atenta gravemente contra el estado de derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela, de justicia por la propia mano, a las personas que están siendo afectadas por las usurpaciones”, explicó Cuello.
El legislador comunista señaló que “el veto espero que recoja los aspectos que nosotros hemos planteado como peligrosos para la vida y la integridad física de las personas”.
Mientras, la diputada Lorena Fríes, comentó que “la ley que fue presentada es muy grave. Yo creo que la gente no se da cuenta de que una vez que uno abre la puerta que puede hacer justicia con la propia mano, lo único que se logra es más niveles de violencia”.
Por eso sostuvo que “el veto es súper necesario y debiera cambiar en aquellos elementos que efectivamente nos alejan de salidas institucionales y jurídicas”.
En esa misma línea, el diputado socialista Leonardo Soto recordó que la iniciativa surgió en medio de un ambiente político muy confrontacional, algo que se plasmó en el texto de la nueva norma.
“Este proyecto tal como salió aprobado trae cláusulas e indicaciones muy tóxicas que son un verdadero retroceso para la idea compartida de gran parte del oficialismo y la oposición de fortalecer el derecho de propiedad, proteger a las personas que son privadas arbitrariamente de la tenencia de sus propiedades”, dijo el legislador del PS.
Por eso adelantó que el veto que deberá ser presentado a más tardar el viernes de la próxima semana, será apoyado ampliamente por el oficialismo.
Durante la jornada, 150 organizaciones y dirigencias sociales entregaron una carta al Ministerio del Interior donde explican también la necesidad de aplicar un veto a la nueva legislación ya que en particular el artículo 457 de la Ley de Usurpaciones pone en riesgo otros derechos como el de movilización al prohibir la ocupación de establecimientos educacionales en el marco de una toma o huelga de trabajadores.
A poco más de una semana que finalice el plazo planteado por la Constitución para vetar la Ley de Usurpaciones aprobada en el Congreso, la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, se reunió con parlamentarios de las bancadas oficialistas para conocer sus posturas respecto a los temas que deben ser cuestionados por la herramienta jurídica.
Luego del encuentro, el jefe de la bancada de diputados del PC, Luis Cuello, señaló que son varios los elementos que fueron dados a conocer a la autoridad del Ejecutivo, ya que hay diferentes componentes de la nueva norma que consideran son peligrosos para la convivencia social.
“Nos parece que esta ley atenta gravemente contra el estado de derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela, de justicia por la propia mano, a las personas que están siendo afectadas por las usurpaciones”, explicó Cuello.
El legislador comunista señaló que “el veto espero que recoja los aspectos que nosotros hemos planteado como peligrosos para la vida y la integridad física de las personas”.
Mientras, la diputada Lorena Fríes, comentó que “la ley que fue presentada es muy grave. Yo creo que la gente no se da cuenta de que una vez que uno abre la puerta que puede hacer justicia con la propia mano, lo único que se logra es más niveles de violencia”.
Por eso sostuvo que “el veto es súper necesario y debiera cambiar en aquellos elementos que efectivamente nos alejan de salidas institucionales y jurídicas”.
En esa misma línea, el diputado socialista Leonardo Soto recordó que la iniciativa surgió en medio de un ambiente político muy confrontacional, algo que se plasmó en el texto de la nueva norma.
“Este proyecto tal como salió aprobado trae cláusulas e indicaciones muy tóxicas que son un verdadero retroceso para la idea compartida de gran parte del oficialismo y la oposición de fortalecer el derecho de propiedad, proteger a las personas que son privadas arbitrariamente de la tenencia de sus propiedades”, dijo el legislador del PS.
Por eso adelantó que el veto que deberá ser presentado a más tardar el viernes de la próxima semana, será apoyado ampliamente por el oficialismo.
Durante la jornada, 150 organizaciones y dirigencias sociales entregaron una carta al Ministerio del Interior donde explican también la necesidad de aplicar un veto a la nueva legislación ya que en particular el artículo 457 de la Ley de Usurpaciones pone en riesgo otros derechos como el de movilización al prohibir la ocupación de establecimientos educacionales en el marco de una toma o huelga de trabajadores.
A poco más de una semana que finalice el plazo planteado por la Constitución para vetar la Ley de Usurpaciones aprobada en el Congreso, la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, se reunió con parlamentarios de las bancadas oficialistas para conocer sus posturas respecto a los temas que deben ser cuestionados por la herramienta jurídica.
Luego del encuentro, el jefe de la bancada de diputados del PC, Luis Cuello, señaló que son varios los elementos que fueron dados a conocer a la autoridad del Ejecutivo, ya que hay diferentes componentes de la nueva norma que consideran son peligrosos para la convivencia social.
“Nos parece que esta ley atenta gravemente contra el estado de derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela, de justicia por la propia mano, a las personas que están siendo afectadas por las usurpaciones”, explicó Cuello.
El legislador comunista señaló que “el veto espero que recoja los aspectos que nosotros hemos planteado como peligrosos para la vida y la integridad física de las personas”.
Mientras, la diputada Lorena Fríes, comentó que “la ley que fue presentada es muy grave. Yo creo que la gente no se da cuenta de que una vez que uno abre la puerta que puede hacer justicia con la propia mano, lo único que se logra es más niveles de violencia”.
Por eso sostuvo que “el veto es súper necesario y debiera cambiar en aquellos elementos que efectivamente nos alejan de salidas institucionales y jurídicas”.
En esa misma línea, el diputado socialista Leonardo Soto recordó que la iniciativa surgió en medio de un ambiente político muy confrontacional, algo que se plasmó en el texto de la nueva norma.
“Este proyecto tal como salió aprobado trae cláusulas e indicaciones muy tóxicas que son un verdadero retroceso para la idea compartida de gran parte del oficialismo y la oposición de fortalecer el derecho de propiedad, proteger a las personas que son privadas arbitrariamente de la tenencia de sus propiedades”, dijo el legislador del PS.
Por eso adelantó que el veto que deberá ser presentado a más tardar el viernes de la próxima semana, será apoyado ampliamente por el oficialismo.
Durante la jornada, 150 organizaciones y dirigencias sociales entregaron una carta al Ministerio del Interior donde explican también la necesidad de aplicar un veto a la nueva legislación ya que en particular el artículo 457 de la Ley de Usurpaciones pone en riesgo otros derechos como el de movilización al prohibir la ocupación de establecimientos educacionales en el marco de una toma o huelga de trabajadores.
El robo de madera se ha transformado en uno de los temas principales que busca impedir el Gobierno en La Araucanía. Asimismo, se han conocido denuncias que apuntan a que habrían funcionarios de Carabineros implicados. Foto. Archivo. 
