La Sala de Sesiones del Senado aprobó trece observaciones de las catorce que fueron formuladas por el Ejecutivo en el veto a la Ley de Usurpaciones. Solo se rechazó la propuesta que suprimía la pena de cárcel en el caso de la usurpación sin violencia en las personas. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados.
Los vetos fueron visados uno a uno y, pese a que existía preocupación en cuatro observaciones claves que la Comisión de Seguridad del Senado había evacuado negativamente, entre ellas la supresión de las normas de legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, finalmente la Sala decidió aprobarlas.
No obstante, la norma que establecía la supresión del numeral 3 del artículo 1 sobre usurpación sin violencia en las personas, fue rechazada por solo un voto acogiendo la recomendación de la Comisión de Seguridad. En este punto, la oposición pidió insistir en el texto original, sin embargo, necesitaban 2/3 de los miembros (24) y solo lograron 18 votos a favor.
Tras la votación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo considerar “realmente un avance que se haya logrado en el transcurso de esta discusión, que no podemos negar que ha sido compleja, que las distintas inquietudes y preocupaciones que hemos ido planteando han logrado ir persuadiendo, ir convenciendo“.
Asimismo, la secretaria de Estado señaló que aún quedan etapas por cumplir, por lo que recalcó que “la ley despachada después del veto nos va a dar una herramienta que en Chile era necesaria para tener mejores instrumentos, para defender a las personas cuando son víctimas de este delito de usurpación”.
En ese sentido destacó que este hecho “va a ser configurado como un delito, hoy día no lo es en propiedad, va a ser un delito permanente, las policías van a poder actuar en cualquier momento, las personas que desarrollen las usurpaciones van a poder ser detenidas, pero esa detención va a estar a cargo de las policías y no de las víctimas“.
“Ese principio que hemos defendido sobre el que tenemos una gran convicción y a pesar de que en algún minuto podría haber parecido que había apoyo a la idea de esta detención ciudadana permanente haciendo uso incluso de la fuerza, con el tiempo se ha ido reconociendo que esa no era una buena idea y, desde ese punto de vista, como Ejecutivo creemos que a veces aunque ciertos argumentos cuesten, vale la pena darlos porque están en juego cosas demasiado importantes”, afirmó Tohá.
Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), sostuvo que “hay una mayoría parlamentaria que quería una ley más firme en materia de usurpaciones, el gobierno lo debilitó y yo lo lamento especialmente porque siguen las desconfianzas”.
“En la ley Nahín-Retamal el Gobierno dijo que si se aprobaba esta Ley, que había sido aprobada por el Congreso, iba a ser la ley del gatillo fácil y que iban a morir muchos carabineros, de investigaciones y civiles, no ha muerto nadie afortunadamente, en seis meses no ha muerto un carabinero, un miembro de la PDI y ni se ha aplicado porque había que confiar en la gente, había que confiar en el Congreso“, declaró.
En esa línea, el senador ratificó que Chile Vamos y Republicanos insistirán en un proyecto de Ley. “Lo que se aprobó es mejor que lo que hay (…) es motivo de contentarse con que es mejor que lo que había, pero también de lamentarse que no fue lo que esperábamos y que durante tantos años habíamos trabajado, pero no vamos a bajar los brazos, se va a volver estos puntos a presentar como ley en los próximos días”, aseguró.
La presentación de esta nueva propuesta se haría inmediatamente después de que se promulgue la Ley de Usurpaciones con el veto presidencial. Desde Chile Vamos, estiman que el ingreso del proyecto se haría entonces en dos semanas más.
Cabe destacar que aún queda una última tramitación en la Cámara de Diputados donde se espera ingrese primero a la Comisión de Seguridad, presidida por el diputado Andrés Longton (RN).
PC mantuvo su negativa a las penas de cárcel
La quinta modificación (aditiva) propuesta por el Ejecutivo, que dejaba a criterio del juez penas de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM en caso de la usurpación sin violencia o intimidación en las personas ni daño en las cosas, fue aprobada por 26 votos a favor y seis en contra. Dos de estas negativas fueron de los senadores del Partido Comunista, Daniel Núñez y Claudia Pascual.
En su intervención, la senadora Pascual dijo “los temas en esta Ley siguen siendo complejos puesto que mezclan situaciones de necesidades sociales con situaciones delictuales y se da para todos la misma respuesta. Desde esa perspectiva, nosotros mantenemos nuestra posición, que hemos hecho saber de forma pública, de no estar en condiciones de respaldar las penalidades de cárcel en las tres figuras de usurpación que hace este proyecto”.
De esta forma, la parlamentaria ratificó la posición que la colectividad había manifestado hace dos semanas por medio de una declaración pública planteando reparos por “el tipo y magnitud de las penas de presidio que mantiene el veto“. Esto, pues afirman que se estaría criminalizando la necesidad habitacional de las familias que viven en campamentos.
Al respecto, la ministra Tohá aseguró que seguirán buscando alcanzar un entendimiento, principalmente con los partidos de la alianza de Gobierno. “Nosotros siempre esperamos que todos los sectores y particularmente los sectores oficialistas acompañen al Gobierno en propuestas como este veto presidencial y vamos a seguir dialogando y buscando caminos para que ese acompañamiento se produzca en las próximas fases de tramitación”, apuntó.
“Ahora lo que también debiera despejarse, a propósito de esa votación, sin perjuicio que nosotros hubiéramos preferido que fuera favorable a todas las observaciones, es que lo que se dijo alguna vez de que en el fondo este veto había sido digitado por el Partido Comunista se ha demostrado que no era así“, concluyó.
