El Gobierno impuso su propuesta frente a la Cámara de Diputadas y Diputados. La Sala de la Corporación aprobó trece observaciones de las catorce que fueron formuladas por el Ejecutivo en el veto a la Ley de Usurpaciones, proyecto que regula delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles. Con su avance, la propuesta quedó lista para ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.
La única observación que fue rechazada, acogiendo la evaluación negativa que había realizado la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, tenía carácter de “veto supresivo”, puesto que eliminaba el numeral 3 del artículo 1 del proyecto, el cual que se refería a usurpaciones sin violencia en las personas.
Ya rechazada, la oposición no pudo insistir en el texto de la propuesta original que fue emanada desde el Congreso Nacional a fines de agosto, dado que la mesa directiva de la Corporación señaló que “no habiendo insistido el Senado, tampoco insistirá esta Cámara”. En ambas instancias, necesitaban 2/3 de los miembros presentes de la Sala.
La negativa se traduce en que la norma fue de igual modo eliminada, de tal manera, el proyecto de Usurpaciones queda despachado de la Cámara técnicamente con todas las ideas matrices de la propuesta: sin legítima defensa privilegiada, con el marco penal rígido en régimen general, con penas graduales de acuerdo a tres tipos de usurpación y con regulación en la flagrancia permanente.
En un punto de prensa junto a los ministros de la Segpres, Álvaro Elizalde y de la SEGEGOB, Camila Vallejo, y flanqueada por parlamentarios del socialismo democrático, la titular de Interior, Carolina Tohá, destacó que las ideas del Ejecutivo permearon tanto en sectores de la oposición como en el oficialismo.
“Esto va a permitir que la Ley de Usurpaciones reformada, después de todo este esfuerzo legislativo, sea una ley que de mayores garantías de efectividad para reponer el derecho de quienes son víctimas de este delito, de herramientas efectivas para que las policías y las instituciones reaccionen cuando este delito se comete y que, al mismo tiempo, las sanciones que se aplican se han proporcionadas a las distintas expresiones que este tipo de delitos tiene”, afirmó.
Pese a que el Gobierno aprobó el veto, se abrió un flanco cuando diputados del Partido Comunista votaron en contra de las observaciones número 3, 4, 5 y 9 del Ejecutivo, y se abstuvieron del veto número 6 que versaba sobre una modificación formal.
Al respecto, Tohá respondió que “hubiéramos preferido ciertamente tener todos esos votos y parte de nuestro esfuerzo es seguir buscando la manera de lograr siempre que este apoyo sea transversal, entre los nuestros y también entre la oposición, porque creemos que tenemos razones sustantivas para lo que hemos planteado acá, creemos que el debate ha ido entregando argumentos muy sólidos de porque era importante ir en la dirección que el Ejecutivo fue”.
En tanto, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, puso en contraposición la postura que tuvo su colectividad frente al debate y sobre el desmarque de la bancada comunista, sostuvo que “no se puede un día hacer de Gobierno y otro día no ser, no solo basta ser Gobierno en las cosas que le parezcan buenas, sino que hay que estar en situaciones que son extremadamente relevantes como éstas. No se puede ser solo gobierno para tener cargos”.
Ley de Usurpaciones 2.0 y apoyo del Partido Republicano
Luego de la votación, las bancadas de Renovación Nacional y la UDI, que en su conjunto rechazaron el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, reiteraron que insistirán en reponer el “corazón” del proyecto con el ingreso inmediato de una nueva propuesta.
La iniciativa ya presentada propone modificaciones específicas en el Código Penal reponiendo las penas de presidio y agregando multa a todos los tipos de usurpación con violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas, además de una figura residual que sancione las ocupaciones aunque no concurran estas circunstancias. Junto a ello, restablece parcialmente la flagrancia permanente.
El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, señaló que “este veto no es un avance, es claramente un retroceso. En este Congreso aprobamos penas de cárcel, que las policías pueden ingresar en cualquier momento un terreno para desalojar a los usurpadores, y aprobamos que los terrenos sean devueltos inmediatamente a sus propietarios. Todas esas cosas quedaron fuera de este proyecto que busca deliberadamente y quirúrgicamente que todo termine en una pena de multa dándole el gusto a los sectores más radicalizados de la izquierda”.
“Hoy día mismo vamos a presentar un proyecto de ley para poder reponer lo que democráticamente y por amplia mayoría se aprobó en este Congreso y que hoy fue cercenado por el Gobierno con complicidad de parlamentarios del Partido Republicano”, agregó Longton.
Lo último, en referencia a los apoyos que diputados de dicha colectividad como Johannes Káiser, Agustín Romero y Luis Sánchez entregaron a parte del veto presidencial. Cabe destacar que Evópoli también se sumó a este respaldo.
En referencia a dicha postura, la exrepublicana y actual diputada de la bancada Social Cristiana, Gloria Naveillán, señaló que “desgraciadamente acá no había que votar con el intestino, había que votar con la cabeza. Había que votar pensando en las personas que son víctimas de usurpación, a esas personas no las podemos dejar sin ley porque eso sí que habría sido un crimen”.
