La senadora por la Región de Atacama e integrante de la Comisión de Educación, Yasna Provoste (DC), se refirió a la crisis educativa producto de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la zona.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la legisladora señaló que “es evidente que existe una vulneración de los derechos a los niños por la falta de garantías del Estado y este es un daño irreparable, el camino que han tenido que enfrentar y sufrir miles de familias de Atacama ha sido muy duro”.
“Este no es un hecho aislado, hay problemas en Llanquihue, hemos presentado nosotros mismos denuncias ante el Ministerio Público respecto del SLEP de Colchagua. Atacama es solo un ejemplo más de un proceso que se ha pretendido instalar en la opinión pública y también en el ámbito político como un proceso que tiene que avanzar sin condiciones, prevaleciendo incluso por sobre las condiciones de falta de dignidad de las personas que viven en los territorios”, afirmó.
Por lo mismo, Provoste expuso que transversalmente desde la Comisión de Educación “le hemos pedido al Gobierno hacer una pausa, no para retroceder, una pausa para reformar, para arreglar los problemas que ha tenido la implementación de la nueva educación pública”.
“Los problemas que nosotros hemos venido evidenciando en materia de nueva educación pública no es de ahora, esto ya venía con los primeros servicios locales y le dijimos al gobierno ‘hay que hacer una pausa’, presentamos un proyecto de ley que también en ese momento fue transversal y el gobierno de la época desatendió nuestra preocupación”, lamentó. Además, la senadora destacó que en ese contexto también se advirtió que “durante el año 2020 no hubo ningún apoyo en materia de infraestructura a los colegios“.
En esa línea, la senadora subrayó que el informe de Contraloría -solicitada por el Colegio de Profesores de Atacama- “ocultaba que durante el año 2022 no se habían utilizado recursos en materia de infraestructura y durante el año 2023 hasta esa época tampoco”.
“Cuando uno mira esa realidad es exactamente la misma que ocurre en Colchagua, efectivamente uno no llega de la noche a la mañana al deterioro en materia de infraestructura, esto tiene que ver porque además los Servicios Locales teniendo los recursos, particularmente en el caso de Atacama, en el año 2022, no ejecutaron”, explicó.
Asimismo, la integrante de la Comisión de Educación del Senado cuestionó que “con toda esta información contundente, ¿por qué hay quienes se aferran religiosamente a un proceso que lo adecuado sería pausar, detener, ralentizar, para que no vuelvan a aparecer más Atacamas en el resto del país?”. “Aquí no se trata de detener este proceso por un capricho, sino que se trata de hacer una pausa porque lo que está en juego es que nosotros podamos hacer esta diferencia entre lo que significa acceder a una educación digna y no tener acceso a aquello”, enfatizó.
Para la parlamentaria por la Región de Atacama, “la Ley (de Educación Pública) tiene dificultades, siempre es perfectible, pero lo que nos dice el informe de Contraloría es que las principales dificultades están en el ámbito de la gestión, entonces ahí uno ve que no ha habido tampoco una disposición a repensar este proceso en su conjunto, a preparar de mejor manera los territorios, a capacitar, a tener personas, recursos humanos, antes de hacer todo sobre la marcha”.
“Han pasado 20 meses desde que le pidieron la renuncia al director ejecutivo en el SLEP de Atacama, 20 meses que está en sumario y que le siguen pagando sueldos millonarios. Entonces, uno dice desde el punto de vista ético de la inversión ¿esto es soportable?”, cuestionó.
En ese sentido, Provoste afirmó que aún “con todo lo que ha ocurrido, con estas frases rimbombantes de ‘nos desplegamos por Atacama’, hoy día la situación administrativa del Servicio Local de Educación Pública es peor que hace tres semanas atrás, es peor porque estamos con el subrogante del subrogante de la subrogante, no tenemos ni segundo ni tercer nivel jerárquico. La gente que está sumariada por hechos que son constitutivos de delitos, vuelven. Es una situación donde uno dice, aquí más que la preocupación de los estudiantes es una preocupación por proteger hechos que son constitutivos actos de corrupción“, zanjó.
