En el marco de su visita a la Región de La Araucanía, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, volvió a referirse sobre las tensiones que ha generado la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco de otorgar la libertad condicional al machi Celestino Córdova, condenado por el incendio con homicidio del matrimonio Luchsinger–Mackay en 2013.
“La pregunta es: ¿Qué esperan los chilenos y chilenas de las autoridades políticas a los homicidios de cualquier ciudadano? Quiero decir respecto a materia de homicidios que –y esta es opinión del Gobierno- lo que les corresponde a las autoridades políticas es buscar las máximas penas que permita la ley”, declaró Monsalve.
En esa línea, el ministro (s) reforzó la postura de La Moneda de apelar a la libertad condicional del machi, pese a las críticas de personeros del Frente Amplio por esta decisión. “Esa es la política del Gobierno y por eso es que es querellante en esta causa, como es querellante en todas las causas de homicidios en Chile. Por lo tanto, es lo que vamos a hacer en todos los casos”, dijo.
“Creemos que es una señal indispensable para un país que quiere vivir en paz, en tranquilidad y en seguridad frente a delitos graves, (que) primero no haya impunidad y, segundo, que haya severidad para las sanciones”, recalcó, adelantando que el lunes la Corte Suprema deberá debatir la solicitud del Ejecutivo para revertir la medida.
Gobierno reagenda presentación de indicaciones por pensiones de gracia
Por otra parte, la autoridad abordó las críticas que siguen generando las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno a los cinco condenados por delitos ocurridos en el marco del estallido social, reagendando el ingreso de las dos indicaciones del Ejecutivo a mociones parlamentarias que buscan modificar la entrega del beneficio para el próximo lunes 8 de enero.
Esto, luego que se conociera públicamente que uno de los beneficiados, Andrés Fuica Fuica (42), fue condenado por saquear un supermercado en el contexto del 18-O.
Inicialmente la presentación de estas enmiendas estaba prevista para hoy viernes. La primera de ellas busca establecer la obligación legal para que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales previos de los potenciales beneficiados; mientras la segunda, apunta a la facultad de la autoridad para revocar la medida.
“Se han planteado dos problemas respecto a las pensiones de gracia. Uno, de cuando se entrega una pensión de gracia en Chile y, más allá de las pensiones vinculadas al estallido social, cuando se han entregado pensiones de gracia en la historia del país, nunca había existido la obligación por ley de tener a la vista los antecedentes penales de las personas previo a que la autoridad política decidiera entregar ese beneficio”, expresó el ministro.
Monsalve afirmó que esta es una problemática que “hay que corregir, al Ejecutivo le parece que sí y por eso de hecho el lunes se va a ver en la Cámara de Diputados unas mociones parlamentarias que buscan modificar la entrega de pensiones de gracia y el Gobierno va a tener una indicación que va a ser discutida ese día”.
Asimismo, confirmó la asistencia de la contralora (s) Dorothy Pérez al Congreso. “Seguramente, va a entregar una opinión respecto a si ella considera que, desde el punto de vista administrativo, hay o no hay facultades para revocar las pensiones. Nos parece que es algo debatible y a lo mejor de acuerdo a la certeza jurídica que dé la contralora el Gobierno podrá tomar una decisión”, dijo.