Hace dos años y tres meses, en octubre de 2021, el fiscal nacional de ese entonces, Jorge Abbott, inició la investigación del caso Dominga, que se centraba en posibles delitos de cohecho, soborno y tributarios relacionados con la compraventa de la minera del mismo nombre.

Según informó El Mercurio, la decisión del fiscal se tomó en medio de fuertes presiones políticas de la oposición, que además presentó una acusación constitucional contra el expresidente Sebastián Piñera, aunque esta fue finalmente desechada en el Senado.

Ayer, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, presentó un escrito al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, comunicando el cierre de la investigación sin imputados y solicitando una audiencia para discutir el sobreseimiento definitivo del caso.

El proceso giró en torno a determinar un posible conflicto de interés en el negocio del exjefe de Estado durante el traspaso de derechos de la familia Piñera Montes a los Délano, durante su primer mandato. Aunque en 2017 ya se había sobreseído una causa relacionada con el negocio, conocida como Exalmar, la nueva investigación se basó en antecedentes “nuevos”, según la exdirectora de la unidad Anticorrupción, Marta Herrera.

En octubre de 2021, el caso Dominga se desató con la publicación de documentos de los “Pandora Papers” sobre la compraventa de la minera. El abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella citando estos antecedentes, y un grupo de congresistas activó rápidamente una acusación constitucional contra Piñera, que fue rechazada en la Cámara Alta.

Sobre el cierre del caso, la defensa de Piñera, representada por el abogado Samuel Donoso, consideró la decisión ajustada al mérito de la investigación, mientras que los querellantes, liderados por Rendón, evaluarán la posibilidad de solicitar la reapertura. La fiscalía se reservó comentarios hasta la audiencia ante el juzgado.

Según los documentos de los “Pandora Papers,” la venta de la minera Dominga por parte de la familia Piñera Morel estaba en regla desde el punto de vista tributario, según el Servicio de Impuestos Internos, a pesar de las cláusulas y condiciones particulares del contrato.

La defensa confía en que la justicia confirmará la inexistencia de irregularidades, mientras que los querellantes se preparan para impugnar el sobreseimiento, sosteniendo que existen méritos suficientes para llevar la investigación a buen puerto.