En el contexto de la formalización de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y un grupo de exfuncionarios por eventuales delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Profesores rechazó determinantemente los hechos que involucran a la periodista Camila Cornejo, quien se desempeñó como jefa de comunicaciones del municipio, así como también a Andrea Monsalve, quien mediante un falso título de periodista fue contratada en la entidad edilicia, documento que luego empleó con el propósito de encontrar un nuevo empleo.

Según expresó el gremio en un comunicado “la grabación conocida públicamente durante la audiencia de formalización, en la que la periodista Camila Cornejo instruye a funcionarios partidarios de la alcaldesa Barriga para que usen sus cuentas con el propósito de calumniar y degradar a los adversarios políticos de la edil, configura una transgresión gravísima a las normas contenidas en nuestro Código de Ética Periodística, que prohíbe expresamente la difusión de información falsa, la manipulación y los montajes”.

En esa línea, apuntaron que “el objetivo perseguido por la periodista, que usa un lenguaje soez y vulgar para transmitir sus amenazantes instrucciones, es de por sí censurable en cualquier persona, pero resulta doblemente grave si lo promueve una profesional de la prensa”.

Por lo mismo, expresaron que “es lamentable constatar que a veces los corruptos, en su afán de esconder la verdad y transgredir la ley, logran también corromper a periodistas y medios de comunicación, estableciendo relaciones perversas que les permiten conseguir sus fines mediante la coerción, la sumisión o el chantaje económico. Sin embargo, tan reprochables prácticas no pueden, de manera alguna, justificar la complicidad de un profesional de la prensa”.

Asimismo, relevaron el rol del periodismo de investigación, señalando que “ha sido un actor fundamental para descubrir y denunciar la corrupción, adelantándose muchas veces a los organismos mandatados por ley para controlar, investigar y sancionar tales conductas delictivas”.

“Reivindicamos el trabajo y la honesta conducta de cientos de colegas, cuya ardua labor sirve como permanente dique de contención al abuso, la ilegalidad y la mentira, profesionales al servicio de la verdad que ejercen cada día sus tareas periodísticas con alta responsabilidad y apegados a la ética periodística”, añadieron.

Por otra parte, plantearon que ante este tipo de hechos se hace “indispensable que nuevamente convoquemos a las universidades que preparan a los futuros periodistas a que revisen los contenidos curriculares de sus carreras y refuercen la formación ética, que es el sustento fundamental de nuestra profesión”.

En cuanto a la utilización del falso título de periodista de parte de Andrea Monsalve, quien fue contratada y recibió remuneraciones en el municipio de Maipú –aun habiendo presentado 49 licencias consecutivas entre 2017 y 2020, por un monto de 50 millones de pesos- en la organización anunciaron la presentación de acciones legales.

“Confiamos en que tanto la Universidad Católica de Chile, afectada por dicha falsificación, como la Contraloría General de la República, asuman lo antes posible las acciones legales pertinentes”, señalaron, en referencia a la casa de estudios de la que supuestamente Monsalve habría obtenido el certificado.

“Este Tribunal Nacional de Ética y Disciplina solicitará a la Mesa Directiva y al Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile que inicien las acciones legales que correspondan por ejercicio ilegal de la profesión”, cerraron.