La vicepresidenta ejecutiva de las comisiones Valech I y II, María Luisa Sepúlveda, considera que en el actual clima político, no se podría hacer una comisión de verdad para las víctimas del estallido social. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la trabajadora social con amplia experiencia en materia de derechos humanos, se refirió al debate por las posibles irregularidades en la entrega de pensiones de gracia y también a la posibilidad de que se constituya una instancia similar a la que en 2003 calificó a las víctimas de prisión política y tortura de la dictadura. De acuerdo a Sepulveda, la clave está en la diferencia de contextos.

“Mientras funcionaba la Comisión Valech y antes de su funcionamiento, había un acuerdo bastante mayoritario de la necesidad de la reparación. Nunca ha habido mucho consenso en la necesidad de la justicia y de la verdad, en estos casos de prisión y tortura, pero sí en reparación había más. En esta ocasión, en cambio, el país está mucho más polarizado,  hay un sector de la sociedad y de la clase política que ponen muchas trabas a la idea de reparar a estas víctimas, entonces, eso hace que sea un contexto distinto y complejo”, aseguró.

A propósito de la revelación de que personas beneficiadas con pensiones de gracia tienen antecedentes penales y del debate sobre si deberían recibir una reparación, Sepúlveda recordó que esto también fue tema de discusión entre los comisionados Valech.

“Lo conversamos bastante, porque tenía un impacto, pero nosotros dijimos que teníamos que asumirlo. Porque en definitiva lo que estábamos evaluando es su calidad de víctima, no lo que pasó después. Había gente que después había estado detenida por razones que habían ameritado su detención, pudo haber sido por violencia intrafamiliar, por ley de droga, etcétera, porque habían pasado 30 años y la vida de la gente había continuado y podrían haber estado expuesto a otras situaciones complejas, pero nosotros dijimos: el mandato que tenemos es evaluar si entre septiembre del 73 y marzo 90, esa persona había sido víctima por agentes del Estado por razones políticas”, detalló.

La vicepresidenta ejecutiva de las comisiones Valech prefirió no pronunciarse sobre la manera en que se debería actuar en el presente, pero sí planteó que a la hora de calificar, “lo más fundamental es evaluar la calidad de víctima y los daños con los que quedó esa persona por haber sido víctima, si fueron permanentes o no”.

Por otra parte, respecto a los casos de personas acreditadas como víctimas del estallido, pero que de acuerdo a un informe de Contraloría, no presentaron informes médicos o estos mismos eran poco claros, Sepúlveda afirmó que “tendría que haber habido alguna evaluación de algún centro médico, porque nadie que fue afectado porque le llegó un proyectil en el ojo no fue al médico”.

“Nosotros, por ejemplo, pedimos mucha información a las instituciones públicas y las instituciones públicas te las entregan. Para una situación así tú podrías, con autorización de la persona que estaba postulando y que reportaban haber sido víctima, haber pedido y ver toda la información médica que existiera”, dijo.

De todas maneras, la trabajadora social indicó que no cree que hubiera una intención de beneficiar a personas que no cumplieran los requisitos por parte de los encargados de acreditar a las víctimas.

“Puede haber sido poco prolijo, se puede haber tenido poca claridad en cómo hacerlo, no haber tratado todos los casos con el mismo rigor, pero no creo que se usara esto como un recurso para mentirle al Estado, menos desde el  Ministerio de Interior”, estimó.

“Veo difícil que haya algo pronto en función de reparar”

En cuanto a la posibilidad de que exista una comisión de verdad con las facultades y recursos necesarios para calificar a las víctimas del estallido, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech opinó que para que esto suceda tiene que haber “un acuerdo político y que los resultados sean aceptados”.

“En este minuto, no veo ninguna posibilidad que eso ocurra”, advirtió.

En ese escenario, Sepúlveda señaló que lo más adecuado es que los tribunales de justicia se hagan cargo de la acreditación de las víctimas, “porque muchas personas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron querellas”. “Yo creo que es una fórmula que no hay que desecharla”, añadió.

Finalmente, la experta en derechos humanos expresó sus deseos de que en el futuro “tengamos una mayor amistad cívica y un entendimiento cívico en este y otros temas. Este no es el único tema en el cual estamos en desacuerdo, entonces, aquí la clase política tiene que encontrar el camino que sea para el bien de todos”.

“Yo no te podría decir qué va a pasar en dos años más. Como están las cosas, veo difícil que haya algo pronto en función de reparar. Porque también tiene responsabilidad, no la persona que tenía antecedentes previos, sino la que ya sabía que su estado físico estaba bien, con las personas que quedaron dañadas. Las pone a todas en duda”, concluyó.