El juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, autorizó el 25 de enero recién pasado la realización de videollamadas a cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
Según un reportaje de Meganoticias, está situación provocó gran preocupación en Gendarmería, que advirtió que esto “pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
Pese a esta situación, Urrutia ratificó su resolución, lo que llevó a la institución a recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante un recurso en el cual alertan sobre la gravedad de la decisión.
“Considerando el perfil criminológico de la población penal de la Unidad Especial en comento, el nivel de operatividad que ostenta el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige estándares de seguridad y segmentación mucho más elevados”, señala el documento consignado por el medio citado.
En esta línea, argumentan que el hecho que las personas encarceladas puedan comunicarse libremente con terceros, es “particularmente grave pues, mediante una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración”.
Finalmente, el tribunal de alzada dio una orden de no innovar, suspendiendo la resolución del juez Urrutia. El 13 de febrero, el tribunal de garantía entregó un plazo máximo de dos días para que se remita un informe con los detalles de la decisión.
