Continúa la polémica en la arena política, luego que se conociera que el juez Daniel Urrutia autorizó videollamadas y visitas conyugales a reos que permanecen en la Cárcel de Alta Seguridad, entre ellos integrantes de la banda de crimen organizado Tren de Aragua y formalizados por el homicidio del cabo de Carabineros, Daniel Palma.

Este hecho ha sido, incluso, cuestionado por el Gobierno, donde la semana pasada en su calidad de ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, refutó los argumentos de Urrutia para entregar estos beneficios, basados en la normativa internacional, señalando que su decisión “está al margen del ordenamiento jurídico”, puesto que, debido a la gravedad de los delitos cometidos, estas personas no pueden mantener contacto con el exterior, en diálogo con Radio Cooperativa.

Asimismo, respaldó el recurso de protección presentado por Gendarmería para impugnar la autorización del juez.

Siguiendo esta línea, esta jornada el titular de la cartera, Luis Cordero, insistió en la ilegalidad de la resolución de Urrutia y destacó las facultades de Gendarmería para echar pie atrás en este tipo de determinaciones.

“En el pasado hemos tenido discrepancias con los jueces. Quiero recordar que hace no muchos meses existieron resoluciones judiciales que permitían las visitas respecto de personas que no están enroladas, Gendarmería recurrió a esas resoluciones y obtuvo decisión favorable, porque eso implicaba que personas que se avecindaban irregularmente en el país pudieran hacer visitas en establecimientos penitenciarios. Esa fue una objeción que hizo Gendarmería, tuvo su triunfo en tribunales y lo que está haciendo ahora es exactamente lo mismo”, explicó.

El secretario de Estado expresó que “lo que el Ejecutivo pide es esencialmente que cada institución cumpla los roles que constitucional y legalmente le establecen. Nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal”.

Mientras en la UDI solicitaron la suspensión del magistrado ante Corte Suprema. La secretaria general de la colectividad, María José Hoffmann, apuntó que el juez Urrutia “le ha doblado la mano al Poder Judicial, a Gendarmería y también al Gobierno. La señal es pésima, está poniendo en riesgo a las víctimas del narcotráfico y del crimen organizado”.

“Por supuesto que es un poder autónomo, por supuesto que nosotros de la UDI respetamos las decisiones, pero que eso no crea que lo hace no merecedor de críticas por las decisiones que han tomado”, manifestó la exdiputada.

Los reparos de la academia

Con todo, la resolución del Magistrado también ha provocado reacciones desde el ámbito del derecho. Así, en su columna dominical en El Mercurio, el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, se hizo parte de la discusión y apuntó que la decisión judicial si bien puede ser “contraintuitiva, no es incorrecta”.

Esto, porque –según Peña- quienes están privados de libertad no se encuentran “privados de su condición de personas ni de otros derechos que les asisten, entre ellos mantener una mínima relación con su familia y comunicaciones regulares con sus integrantes” y que, por tanto,  “si la seguridad se pone en riesgo porque un procesado o condenado efectúa una videollamada asistido por un gendarme, o porque cuenta con una visita conyugal, ello querría decir que el Estado ha fallado del todo, y que quienes lo manejan son ineptos e inútiles”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico del Departamento de Ciencias Penales de la Casa de Bello, Felipe Abbott, respaldó el análisis del Rector, señalando que más allá de la controversia que genera la propia figura del juez Urrutia, “él está cumpliendo una función de supervisión de la ejecución de la pena en la medida que le corresponda a los jueces de garantía, en ausencia de una ley de ejecución penitenciaria que no disponemos en nuestro país”.

El también integrante de la mesa ejecutiva de nueva Asociación de Abogadas y Abogados de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe comentó que en relación a lo que se lee como una determinación “contraintuitiva” (citando a Peña) “debería, por una parte, llamar la atención respecto de nuestra escasa lectura de estos temas en clave de DD.HH. y, segundo, que lo razonable, natural o intuitivo de las decisiones fueran siempre hacia el mayor castigo”.

Precisamente, esto último fue calificado por el docente como “alarmante”, puesto que a su juicio “es evidente que en los últimos años y, desafortunadamente en el marco de una administración que se dice progresista, hemos podido presenciar lo que constituye quizá la agenda ‘punitivista’ más exacerbada de los últimos años, por un Congreso que ha capturado la agenda legislativa y con un discurso público que incluye a los medios de comunicación, en donde el tema de seguridad, del temor al delito, de la inseguridad subjetiva son el único ánimo con que se mide la realidad”.

“Las personas privadas de libertad tienen, es cierto, una situación particular que limita, restringe, condiciona y suspende en ciertos casos algunos derechos, pero tendemos a olvidar con demasiada frecuencia que prácticamente sus demás derechos -económicos, civiles y políticos- se encuentran vigentes en tanto no entren en contradicción con la regulación del régimen de convivencia al que se ven sujetos por el hecho de estar privados de libertad”.