Ad portas de que el Presidente Gabriel Boric asuma su tercer año de administración, organizaciones de derechos humanos abordaron el avance de la agenda de reparación del Gobierno, acusando “retrocesos“, “abandono” y “paralización” respecto de los compromisos asumidos inicialmente.
“Verdad, justicia, reparación y no repetición“, fue parte de la promesa realizada en 2021 por el entonces candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Frase que Boric volvió a reiterar en su primer discurso desde el Palacio de La Moneda, lo que para las organizaciones sentaba un precedente y generaba expectativas respecto de la respuesta que entregaría el Estado a las víctimas.
Sin embargo, hoy desde el mundo de los derechos humanos señalan se ha relegado esta materia a un segundo o tercer plano, lo que afirman es muestra de un “distanciamiento“.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Trauma Ocular, acusó que el Gobierno cedió a presiones de una derecha que busca relativizar las violaciones a DDHH ocurridos tras el 18-O, por tanto, señaló que “no está respondiendo a los compromisos que hizo con las víctimas”, como ejemplo, apuntó a la autocrítica realizada por el Presidente Boric en el marco del funeral de Estado de Sebastián Piñera, donde admitió querellas y recriminaciones excesivas.
Para Valdés, se trató de una acción que perpetúa la impunidad y busca “blanquear la imagen de quienes fueron violadores de los DDHH. Eso es delicado y grave, y ya eso crea una distancia entre quienes fueron dañados y el Gobierno porque finalmente se puso del lado de los violadores y bajo ningún punto en la protección de quienes violentó el Estado durante el estallido social. Entonces, hay distanciamiento, molestia y un profundo dolor porque el Presidente Boric pidió el apoyo”.
En agosto del 2022 el Gobierno materializó uno de sus compromisos con las víctimas: el Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (PACTO), que reemplazó el cuestionado programa de atención de Piñera. Desde la Coordinadora, afirman que se logró una mejora considerable, pero precisan que aún falta un enfoque integral que no solo aborde la atención para víctimas sino también a sus familias y se extienda a regiones, además aseguran que las últimas acciones del Gobierno no solo los ha distanciado, también ha obstaculizado avanzar en conjunto y mejorar la entrega de esta reparación.
Gobierno lanzó nuevo Plan PACTO para víctimas de trauma ocular del estallido social. Agosto 2022.
Al meaculpa del Gobierno, los cuestionamientos del mundo de los derechos humanos abarcan la continuidad del General Ricardo Yáñez en Carabineros, dicen es “impresentable” considerando que se investiga eventuales responsabilidades de mando en violaciones a los DDHH. También observan negativamente la decisión de revocar la entrega de pensiones de gracia. “No nos negamos a que se haga una investigación como corresponde, pero donde no se criminalice a todo el movimiento social del 18 de octubre”, afirman.
Para Valdés, el Gobierno debe esforzarse para recuperar las confianzas y retomar la agenda de DDHH de la que reitera se ha hecho un “abandono absoluto“. “Nos quedamos solo en el hablar y no en el accionar. Creo tenemos toda la moral para exiguirle a este Gobierno que tiene que hacer las cosas distintas y que tiene que poner en la agenda como una preocupación principal los derechos humanos. Vamos a hacer desde marzo en adelante exigencias con movilización en la calle para efectivamente visibilizarlo y que se respete a las víctimas del estallido social porque es impresentable que en este Gobierno, que decíamos nosotros que nos iba a entregar tranquilidad, reparación, justicia y verdad, finalmente eso no se ha cumplido”, zanjó.
“Negacionismo”
Una visión similar fue consignada por el sitio de memorias, Londres 38. Su directora, Erika Hennings, sostuvo que más allá de que el tema se haya relegado a un segundo plano, las últimas declaraciones y cambios en posiciones del Gobierno, como es el caso -dice- de la revocación de pensiones de gracia, es lo cuestionable.
“El hecho de tener que evaluar si la persona cometió o no cometió un delito previamente nos parece que no corresponde porque lo que se hace es reparar ‘respecto de un daño que ha sido provocado por el Estado’. Segundo, el quitarle importancia a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera en relación a las violaciones a los derechos humanos, nos parece también bastante grave y un gran retroceso, y entrar en negacionismo también”, indicó.
Cabe destacar que recientemente Londres 38 fue elegida para integrar el comité de seguimiento y participación del Plan Nacional de Búsqueda, la gran propuesta del Gobierno para entregar reparación a las víctimas y familias de la dictadura. Fue, de hecho, reconocida como una deuda del Estado por el Presidente Boric y valorada, por tanto, desde las organizaciones quienes, tras la firma de su decreto como política pública permanente, reconocen que ha existido un intercambio importante, pero no suficiente.
Presentación del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.
“Quedó planteado con algunas cuestiones que nosotros esperamos en el tiempo próximo ir interactuando al seno del interior del plan para solicitar que se ajuste, por ejemplo, el vínculo con las Fuerzas Armadas, la responsabilidad de las FF.AA. en poder avanzar con el rompimiento del pacto de silencio, con la apertura de los archivos, con un vínculo con el Poder Judicial implicando recursos necesarios para las investigaciones, necesitan más personal competente respecto de investigaciones que dicen relación con la desaparición forzada”, señalaron.
En relación con los plazos de trabajo, Hennings detalló que “se han cumplido con bastantes falencias”, aunque apunta con expectativas a una próxima reunión en abril para diseñar un plan específico en territorio.
Falta de urgencia
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, declaró no estar conforme con la prioridad que se le ha puesto a la agenda de derechos humanos y apuntó que el Plan Nacional de Búsqueda dejó de tener sentido de urgencia para el Gobierno.
En esa línea, dijo que “evaluando hasta aquí, hasta fin de año y estos días, la agenda de derechos humanos está parada. No he escuchado, de parte del Gobierno, alguna cosa que renueve, que cambie o proponga”.
“Siempre hemos dicho, el Plan Nacional de Búsqueda a 50 años, que es una vergüenza para una post democracia, no se puede ni se debe parar. La urgencia, en lo ético, en lo político, en la falta de justicia que ha existido para estos familiares y para víctimas, debiera estar trabajando, sin embargo, lamentablemente no hemos escuchado nada, sino que quedó ahí. Entregamos los tres delegados que presentaban las agrupaciones a nivel nacional y de ahí no hemos sabido nada sobre el plan nacional”, sostuvo.
Para Lira es contradictorio que el Gobierno se haya comprometido con las organizaciones de víctimas de la dictadura y luego convocado al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), organismo heredado de la dictadura que sufrió reformas en 2005.
“Usó la palabra Cosena cuando él sabe que no tiene para que usarla, él tiene la autoridad de citar a las FF.AA, Carabineros y toda la autoridad que competen para ver lo que concierne con la seguridad nacional, eso también nos dolió, nos recuerda y revictimiza“, exclamó.
En ese sentido, apuntó a una incapacidad de la actual administración para llevar a cabo la agenda que -según el mundo social- ha sido en desmedro de la crisis de seguridad. Lira señaló que ‘para eso hay un ministro, para cada problema está la competencia de cada institución, por lo cual, en derechos humanos hay instituciones que tienen que abocarse”.
Consultada si hoy siente desconfianza sobre las promesas y gestiones del Gobierno, respondió “no voy a hablar de desconfianza o retrocesos porque aquí en el tema de las violaciones a derechos humanos se ha avanzado, se ha tratado, se ha recibido a las agrupaciones, está el Plan Nacional, se está llevando a cabo. El ministro donde hay que ir con la agrupación va, pero si hay un estancamiento. Yo creo que cuando es una organización que le han mentido tanto, que le han mezquindado tanto la justicia, la confianza se va construyendo y aquí hay un Gobierno que está construyendo confianza y depende de él que se mantenga“.
“Nosotros tenemos los diálogos abiertos, el trabajo con el Gobierno, con las dependencias que nos corresponde”, clarificó.
