Este lunes el Gobierno adhirió al requerimiento de inconstitucionalidad presentado a comienzos de febrero por 17 senadores oficialistas ante el Tribunal Constitucional. Dicha petición judicial fue declarada admisible la semana pasada y ésta busca invalidar la indicación del mecanismo de mutualización para el cálculo de la deuda de las isapres.
Desde el Ejecutivo aseguraron que la indicación aprobada se refiere a normas de seguridad social que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y con quórum calificado. Cabe recordar que cuando el mecanismo de mutualización fue aprobado en la Cámara del Senado, el presidente de la Corporación, Juan Antonio Coloma (UDI), interpretó que éste no toca materias de seguridad social, por lo que se pudo aprobar por mayoría simple.
En el oficialismo celebraron la decisión del Gobierno de sumarse al requerimiento contra la mutualización, ya que el mecanismo reduce en más de la mitad el monto adeudado por las aseguradores que estimó la Superintendencia de Salud. “Me parece una buena noticia, puesto que lo que tenemos que resguardar en primer lugar es poder cumplir el fallo de la Corte Suprema”, sostuvo la senadora Claudia Pascual (PC), una de las parlamentarias que encabezó la presentación de este requerimiento, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
“La indicación que permitía la mutualización de la deuda es inadmisible, puesto que era del todo iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Es un tema de formalidad”, explicó la senadora del Partido Comunista.
Una visión que compartió el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, quién aseguró que “es consistente con lo dicho por el propio Presidente de la República que acá no puede haber espacio para perdonazos”. Esto, respecto a la disminución de la deuda de las aseguradoras de $1.400 millones de dólares a tan solo $451 millones de dólares, rebaja que es posible gracias a la mutualización. “Otra cosa importante en la tramitación en la Cámara de Diputados, que espero que en términos legislativos se rechace la norma de la mutualización, es que el Ejecutivo se comprometió a incorporar un techo a las alzas extraordinarias de los pechos de las isapres”, comentó el senador Latorre.
Precisamente desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas también se expresaron a favor de la decisión del Gobierno. En particular, la presidenta de la instancia, Ana María Gazmuri (AH), valoró la adhesión del Ejecutivo pero remarcó que “no dependemos del fallo Tribunal Constitucional”.
“Más allá de lo que está viendo el TC, que tiene que ver con materias de seguridad social y por lo tanto atribuciones exclusivas del presidente, nosotros consideramos que en sí misma la mutualización vulnera el fallo de la Corte Suprema”, indicó Gazmuri al ser consultada por nuestro medio, agregando que “es un espaldarazo, pero no es condicionante” respecto a un posible fallo favorable para el oficialismo.
La senadora Pascual se sumó al llamado de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, cuyo plazo termina el próximo 12 de mayo. “Más alternativas que impliquen rebajar la deuda, pero que no impliquen la devolución como corresponde a los afiliados y afiliadas me parece que no es lo que nos debería tener concentrados. Nos debería tener concentrados la aplicación del fallo”, recalcó.
Además, fue crítica con la postura de la oposición, principales impulsores de la mutualización. “Hay una defensa corporativa muy obvia (…) que va en absoluto acuerdo de la defensa de los intereses de las isapres y no de los afiliados”, expresó Pascual.
Respecto al requerimiento presentado por el oficialismo, este jueves el Tribunal Constitucional recibirá los alegatos en audiencia pública, espacio del que fueron excluidas las aseguradoras, y se espera que el fallo llegue durante la próxima semana.
