Con la presencia del Presidente Gabriel Boric y las principales autoridades del país, el fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó la cuenta pública correspondiente al período 2023. Crimen organizado, delitos económicos, delitos tributarios y persecución de responsables de incendios forestales fueron parte de los ítem abordados en el detalle de la gestión durante el año pasado. 

En primer lugar, se entregaron cifras que contemplaron entre otros el ingreso de más de 1 millón 300 mil víctimas durante el año pasado. 

El principal desafío, aseguró Ángel Valencia, fue afrontar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la impunidad. En esa línea, el fiscal destacó la entrada en vigencia e implementación de la Ley 21.575, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, y la Ley 21.577 que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada.

“Cuya importancia no cabe duda, esas leyes nos dotaron de herramientas más robustas para la persecución penal, destacando el reemplazo del antiguo delito de asociación ilícita por los más actualizados de asociación delictiva y criminal”, expresó Valencia. 

Entre las estrategias que destacó está la priorización de homicidios bajo la metodología del Sistema de Análisis Criminal y Focos investigativos, lo que sentó las bases para la creación en octubre del año pasado de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios en colaboración con el Ministerio del Interior.

Respecto a los delitos económicos, se destacó la implementación de la Ley 21.505 a través de la Unidad de Delitos Económicos y Medioambientales que tuvo capacitaciones a más de 100 fiscales y abogados en la nueva normativa para los llamados “delitos de cuello blanco”.

Autoridades de Estado en la Cuenta Pública de la Fiscalía Nacional. Foto: Aton.

Ángel Valencia también mencionó los casos de delito tributario, cuya Unidad en Anticorrupción formalizó por casos convenios a 22 imputados vinculados a seis fundaciones por más de 3 mil millones de pesos. En tanto, en casos de corrupción municipal, casos que se tomaron la agenda durante el año pasado, existen 642 investigaciones en curso.

“En esa misma línea fue que establecimos directrices con respecto a la gestión de los delitos tributarios. Estas instrucciones son cruciales para la operación del Ministerio Público y especifican que en los casos de salida alternativa, como la suspensión condicional del procedimiento, se debe incluir como condición que el imputado entregue una suma de dinero al fisco, no inferior al mínimo de la multa penal correspondiente excepto bajo circunstancias muy excepcionales”, explicó el fiscal nacional.

Un tema importante también durante esta cuenta pública fue la respuesta ante los responsables de incendios forestales. Valencia apuntó a la sensación de impunidad frente a estos casos, por lo que detalló las medidas que han tomado en la materia.

“Incorporamos criterios de actuación para la coordinación entre instituciones y así identificar a los autores de estos siniestros. Asimismo, instruimos a los fiscales regionales a investigar delitos contra la integridad personal durante incendios de gran magnitud y pusimos énfasis en la responsabilidad de las empresas eléctricas en la prevención de incendios forestales causados por fallas en sus instalaciones”, detalló Valencia.

Avances en el tratamiento de delitos de violencia de género con la publicación del Manual para investigar femicidios que permitió la capacitación a fiscales y funcionarios; el desarrollo de tecnologías de innovación, incorporando la Inteligencia Artificial en los procesos de preclasificación de causas y la tramitación de casos menores; y la búsqueda de un fortalecimiento en la atención a las víctimas también fueron parte de esta cuenta pública.

Además, Ángel Valencia hizo énfasis en la necesidad de modificaciones legales para el mejoramiento del sistema penal. En esa línea, propuso, por ejemplo, penas más severas para quiénes realicen incendios forestales. Y, para cerrar, planteó la importancia de sacar adelante el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público.