La convocatoria a marchar en defensa de la educación pública había sido profusamente compartida por redes sociales y los afiches invitando a sumarse empapelaban las calles de Buenos Aires, pero no fue hasta el martes 23 de abril en que se pudo observar de manera concreta la dimensión que tenía el apoyo a esta causa. Según el gobierno de la ciudad, fueron cerca de 150 mil personas, pero según la Universidad de Buenos Aires, el número rondó las 800 mil personas.

Las imágenes aéreas mostraron una multitudinaria masa de manifestantes –no sólo de estudiantes, docentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales, sino, sobre todo, de ciudadanos y ciudadanas– que coparon la avenida que separa al Congreso Nacional de la Plaza de Mayo. La marcha se replicó en ciudades a lo largo y ancho de toda Argentina.

La causa: el Gobierno del presidente Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023 y que representa a la coalición La Libertad Avanza, asignó un presupuesto del 3% para la educación superior pública, el mismo monto asignado en 2023, pero en medio de una crisis económica que ha implicado una inflación acumulada del 280%. Las universidades públicas han transparentado que no tienen recursos para servicios básicos. Los analistas han explicado que la decisión presupuestaria pone al sistema universitario en una situación crítica y significa un golpe duro para la educación pública, que históricamente ha sido un consenso para la sociedad argentina.

En ese contexto, la semana pasada la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, envió a las y los rectores de las universidades públicas argentinas una nota de apoyo a “la defensa de la educación pública y de la educación superior como un derecho, que está siendo afectado por los drásticos recortes presupuestarios implementados por el gobierno nacional”.

“Las universidades públicas de América Latina hemos tenido un rol fundamental en la construcción de nuestros países, produciendo conocimiento relevante y formando a los profesionales para el desarrollo material y cultural de nuestros pueblos. Al mismo tiempo, a lo largo de su historia, hemos sido espacios para la democratización y el progreso social, promoviendo activamente la inclusión de los distintos grupos de la sociedad para contribuir así a una mayor justicia. La educación superior pública es esencial para habilitar la vida en común con sentido crítico y, por eso, muchas veces existen afanes por debilitarla o, derechamente, destruirla. Su defensa es un imperativo ético y político para nuestras comunidades“, escribió en la misiva.

En ella, también expuso que “el desfinanciamiento de las universidades públicas argentinas no sólo traerá consecuencias negativas para su país, sino también para todo nuestro continente”. “Como ha afirmado el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con ello se limitará sustantivamente el avance hacia la mejor integración con la sociedad, a la que nuestras instituciones están llamadas a servir, afectando además el trabajo colaborativo internacional, imprescindible hoy para la generación de conocimiento en un contexto global complejo. Menoscabar las universidades públicas es también dañar el crecimiento científico de los países, retardando así el progreso de nuestros pueblos”.

“Desde la Universidad de Chile, expresamos con fuerza nuestro apoyo a las demandas de las instituciones públicas de educación superior argentinas y extendemos toda nuestra solidaridad frente al difícil escenario que hoy enfrentan”, cerró la Rectora Devés en su texto.

La carta fue enviada a todos los rectores y rectoras de las universidades públicas del país trasandino, quienes han agradecido esta muestra de apoyo y han respondido compartiendo los planteamientos de la Rectora Devés, como ha sido el caso de la Universidad Nacional del Sur o de la Universidad Nacional Tres de Febrero, cuyo Rector, Martin Kaufmann, señaló que “nuestra institución agradece sus palabras, con el firme espíritu de apoyar y continuar la construcción de nuestro proyecto educativo en el que están consideradas desde el origen mismo los fuertes lazos con las instituciones hermanas de toda la región”.

También el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, envió una misiva de respuesta, donde señaló que “es alentador recibir muestras de solidaridad y apoyo como la que usted nos brinda desde la Universidad de Chile”. “Coincido plenamente en la importancia vital de las universidades públicas como motores del desarrollo, movilidad y equidad social. Son bastiones fundamentales en la producción de conocimiento relevante y en la formación de profesionales comprometidos. Además, como bien señala (en referencia a la carta de la Rectora Devés), son espacios históricos de democratización y promoción de la inclusión, pilares esenciales para una sociedad más justa”, indicó también.

Una amenaza transfronteriza

La crisis argentina preocupa a todo el sistema universitario público chileno y, por lo mismo, fue abordado en la más reciente sesión mensual del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), donde los 18 planteles públicos del país suscribieron una postura común de adhesión en una carta titulada “Argentina: Educación pública es más desarrollo y bienestar humano”. “El deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación en Argentina; así como la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución –denunciado por las comunidades académicas– es un camino que hipoteca irremediablemente el presente y futuro del país y sus ciudadanos”, advierte la misiva.

El retroceso, expresan, “preocupa a todas las comunidades científicas a nivel internacional”. Para el CUECH, las políticas emprendidas por el gobierno argentino afectan el desarrollo de las sociedades latinoamericanas: “Las restricciones y precariedades que subyacen en los modelos de aranceles universitarios basados en subsidio a la demanda o la privatización forzosa del conocimiento científico y tecnológico, mediante la estrangulación del aporte fiscal a las Universidades e instituciones de investigación académica, lleva inevitablemente a la pérdida de soberanía nacional sobre los datos científicos y merma las posibilidades de usar el avance de la ciencia y de la tecnología en beneficio de las personas”, plantean.

“En Chile, aún después de 50 años, no hemos logrado superar un paradigma basado en concepciones mercantiles para entender la educación pública y que no reconocen la importancia estratégica de la investigación para el desarrollo de los países. Ello nos obliga a permanecer en alerta para evitar que el abandono histórico que el Estado chileno ha dado a sus universidades públicas se intensifique y se retroceda en los escasos avances que hemos logrado en los últimos años”, enfatizaron las rectoras y rectores de las universidades estatales.

“Menos financiamiento y menos promoción de la educación pública, de la ciencia y tecnología es más pobreza y subdesarrollo. Sólo más educación pública nos permite aspirar a más desarrollo y bienestar humano“, concluye la carta.