Posterior a una tensa audiencia, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener las medidas cautelares del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, motivo por el que continuará en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

Durante la resolución, la jueza Pamela Muñoz señaló que las alegaciones del abogado del edil, Juan Carlos Manríquez, “no dicen relación con nuevos antecedentes” y “son simples análisis interpretativos de la defensa”. En esa misma línea, reafirmó que la libertad del jefe comunal de Recoleta “es un peligro para la sociedad”.

Asimismo, el fiscal Marcelo Cabrera sostuvo que lo que escucharon este lunes “más que nuevos antecedentes, fueron nuevas interpretaciones”. Respecto a la existencia de una confabulación para que el jefe comunal deje su cargo, Cabrera señaló que “lo que hace la Fiscalía son presentaciones de carácter técnico”

“A propósito de las argumentaciones y de los antecedentes que existen uno pide solicitudes a medidas cautelares, que en este caso es la prisión preventiva, pero las consecuencias que se sigan de ahí en torno a si con eso especulamos que el alcalde deje su cargo, no es cálculo que nosotros hagamos“, explicó.

En tanto, la defensa de Jadue, que buscaba cambiar la máxima cautelar por reclusión nocturna y arraigo nacional, ya anunció que revisarán los argumentos de la magistrada y ejercerán “todos los recursos” que están disponibles para “revertir esta medida”.

“Estamos convencidos de una serie de antecedentes nuevos, que probablemente esperamos que las cortes superiores miren de otra manera”, añadió el abogado.

Respecto a una eventual nueva audiencia para sacar al alcalde de prisión preventiva, el jurista señaló que “siempre hay posibilidades”.

Previo a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, se había rechazado postergar la audiencia de revisión de la prisión preventiva del alcalde. De acuerdo al documento presentado por el abogado defensor, el tribunal ha tomado decisiones “defectuosas del procedimiento”, que han afectado las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad ante la ley. Además, Manríquez pidió inhabilitar a las juezas Paulina Moya y Katherine Román, todo lo cual fue rechazado.

Daniel Jadue está formalizado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. Ello, en el marco de la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Cabe mencionar que el 17 de julio vence el plazo para que se mantenga la ausencia de sus funciones edilicias, luego de lo cual puede ser removido de su cargo.

Petición del presidente de Colombia: ¿una presión indebida o el derecho a opinar?

Ante la solicitud realizada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien mediante su cuenta de X pidió la liberación del jefe comunal, acusando que “la jurisprudencia de Pinochet, impuesta a los seres libres” lo mantiene preso, la Cancillería de Chile anunció que emitirá una nota de protesta.

Yo pido la libertad de Gabriel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres.
pic.twitter.com/WpT7K2cpog

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 8, 2024

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo,  fue enfática respecto a los dichos de Petro y aseveró que los eventuales cambios que requiera el sistema judicial chileno “se verán en nuestro país y no por autoridades extranjeras”.

“Nuestro país tiene un Estado de Derecho, tiene separación de poderes, y si hay cambios que requiere hacer nuestro sistema político frente al Estado de Derecho, lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países”, respondió Vallejo.

Por su parte, el diputado PPD, Raúl Soto, tachó los dichos del mandatario colombiano como “una presión indebida” a un poder autónomo del Estado de Chile, que “tiene que fallar en virtud de las pruebas que aportan las partes”. 

“Daniel Jadue está acusado por hechos de corrupción que son graves, y está en prisión preventiva por eso. No es un preso político. No politicemos la justicia. Y él tiene todo el derecho a defenderse con pruebas en tribunales. Y si es así, será la justicia la que determine si hay o no responsabilidad. Pero estar pasando por alto la justicia, con meros juicios políticos, sin ni siquiera saberse el nombre de la persona involucrada”, indicó el parlamentario.

En esa misma línea, aclaró que “no cree que esto dé para un conflicto diplomático” y afirmó que esta es una opinión particular “respecto de un presidente que es imprudente”.

Asimismo, Soto calificó la situación de “políticamente incorrecta” y reafirmó que esto “no debería escalar a algún tipo de polémica o controversia” en materia de relación entre ambos países.

En tanto, la diputada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, explayó que tanto el presidente Petro, como el Presidente Boric “tienen derecho a opinar sobre lo que está pasando en la comunidad internacional“.

“La justicia es quien debe investigar la situación del alcalde Jadue, pero esto no anula las legítimas acusaciones que puede ejercer la ciudadanía u otras autoridades políticas sobre si en este caso en concreto se ha llevado de la misma forma de la que se ha llevado en otros similares, incluso respecto a otros alcaldes”, sostuvo Veloso.

Además, la parlamentaria remarcó el hecho de que el ex diputado de RN, Mario Desbordes, tuvo incidencia en el nombramiento de alguien del Poder Judicial. Veloso dijo que a pesar de que la situación está sujeto a acuerdos políticos, “es difícil pensar que esto sea absolutamente neutro“.