“Retrocesos“, “como sociedad estamos en deuda” y “no tapemos el sol con un dedo“, fueron parte de las reflexiones que esgrimió el mundo político a días de que se cumplan cinco años del estallido social. Un episodio de manifestaciones y expresiones de descontento -en su minuto- ampliamente respaldadas, pero que hoy contrastan con las actuales mediciones ciudadanas, donde hasta un 61% de personas lo califican como “negativo“, según la encuesta Pulso Ciudadano.

Con una serie de emplazamientos bajo el brazo, las directivas de Chile Vamos llegaron este lunes a La Moneda solicitando al Gobierno realizar un gesto político como piso mínimo tras sus acciones pasadas y comprometerse con tres puntos: dejar sin efecto los indultos y las pensiones de gracia, además de desvincular de sus cargos a funcionarios que explícitamente apoyaron la violencia ese 18 de octubre.

A juicio del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, “no hay ninguna duda de que nuestro país está peor que hace cinco años atrás. Lo único bueno, lo único rescatable en estos cinco años de lo que fueron las demandas sociales, es la PGU que implementó el Gobierno del presidente (Sebastián) Piñera. En prácticamente todas las demás cosas que podemos observar ha habido retrocesos. Y ese retroceso está muy vinculado al clima de violencia, al clima de crispación, al clima de no respetar autoridad, también al clima de deshonestidad”.

Sin embargo, dicho sector tuvo que responder también por la serie de compromisos que en la coyuntura del estallido desde el mundo político adscribieron. En esa línea, desde la coalición defendieron que -por su parte- presentarán una propuesta tras las elecciones municipales, no conservadora o refundacional, sino “transformadora con responsabilidad“, haciéndose cargo de las demandas pendientes, dice la carta, contrario a lo realizado por el oficialismo.

“Aquí la responsabilidad la tiene el Gobierno. Es por ellos que no hemos logrado sacar una ley de pensiones, por su obsesión ideológica de meterle mano al 6%. Todas las leyes en materia de seguridad las hemos aprobado, con el voto en contra del FA y el PC. El aumento de las listas de espera se debe a la pésima gestión en materia de salud, y por algo, presentamos una AC (acusación constitucional) en contra de la ministra Tohá porque ha sido un gobierno ineficiente en materia de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo el diputado Juan Antonio Coloma.

En respuesta, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “la gente sigue demandando transformaciones profundas” y que “si solo seguimos hablando de los hechos de violencia, estamos tratando de tapar el sol con un dedo, y nosotros como Gobierno no estamos disponibles a una estrategia que pretenda, por errada y además irresponsable, tapar el sol con un dedo. Nuestro foco es seguir cumpliendo con aquellas demandas que buscan mejor acceso a la salud, mejor educación, que tu futuro no dependa del lugar donde naciste”.

Respecto a una autocrítica, Vallejo llamó a una reflexión a todo el espectro político, “pero también queremos ver qué se ha aprendido del otro lado porque aquellos que valoraban la movilización pacífica y decían que había que renunciar a ciertos privilegios, hoy parecen desconocer sus propias palabras“.

Cabe destacar que desde el Gobierno, al igual que los partidos de la alianza, optarían por no realizar ningún acto de conmemoración, sino más bien preparar un “plan de seguridad” para la jornada.

Atendiendo a las críticas contra su sector, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, llamó a no realizar “caricaturas” apuntando a que “el estallido social se ha querido reducir a un estallido netamente delictual con un objetivo político de no hacerse cargo de las demandas que siguen presentes en la ciudadanía. Lo ha dicho el informe PNUD y yo creo que en eso tenemos que ser muy responsables como política en resolver esas demandas”.

En tanto, Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, respondió que “sí es cierto que desde la política no ha habido la posibilidad de conducir y dar respuesta a muchas de las peticiones, pero esto no es por culpa de los partidos del oficialismo, sino que por ciertos intereses que han quedado demostrado en las minutas secretas de las AFP o en los proyectos de ley que redactan desde el sector pesquero introducidos por diputados de la UDI”.

Mientras, para el presidente del PPD, Jaime Quintana, “hay algunas miradas que he escuchado que son bastantes reduccionistas de lo que ocurrió el 2019, fundamentalmente radicándolo en temas de violencia -que sin duda existieron-, pero también eso es desconocer movilizaciones muy pacíficas que se dieron en esos episodios. Y también hay un intento de no querer hacerse caso de temas muy sentidos por la ciudadanía, por el tema de pensiones que el Gobierno y el oficialismo han empujado”.

No obstante, el senador Iván Flores (DC), cuestionó que “al día de hoy, teniendo un Gobierno absolutamente progresista, que se comprometió con el estallido, que fueron parte del reclamo, no ha respondido a lo que fue la base del estallido. Claro, la derecha ha hecho su juego en pensiones, pero también hoy día tenemos una muy mala respuesta en la atención de salud”.

“La contingencia se comió la posibilidad que tenía el Gobierno, primero, de cumplir con su propio programa y, segundo, la falta de atención con la contundencia que se necesitaba al principio”, lamentó.