Este martes, un grupo de diputados oficialistas, encabezados por Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Gael Yeomans (FA), anunciaron que  presentarán una solicitud a la Contraloría General de la República para investigar los pagos realizados por el Ministerio de Salud (Minsal) a la Universidad San Sebastián (USS), por servicios de laboratorio, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Los diputados y diputadas, Alejandra Placencia (PC), Daniela Serrano (PC) y Marta González (Indp.-PPD), también se sumaron a dicha acción.

En concreto, la solicitud busca aclarar posibles irregularidades reveladas por un reportaje del medio Ciper, en que se detallan pagos por más de $3 mil 500 millones de pesos a la casa de estudios privada por servicios de laboratorio.

La mayor parte de estos recursos provino del Ministerio de Educación (Mineduc), con tratos directos firmados por la exministra Marcela Cubillos, reveló  Ciper. Además de los pagos del Mineduc, el reportaje destacó que organismos dependientes del Ministerio de Salud durante el Gobierno del expresidente Piñera también fueron una importante fuente de ingresos para la USS, al haber cancelado más de mil millones de pesos por servicios de laboratorio durante la pandemia.

Respecto a esta solicitud de oficio a la Contraloría, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, calificó la situación como una “puerta giratoria”, refiriéndose al hecho de que exautoridades de Salud, como el exministro Enrique Paris y el exsubsecretario Arturo Zúñiga, asumieron altos cargos en la USS tras dejar el Gobierno. Así, enfatizó que “es curioso que, luego de manejar recursos públicos, estas autoridades pasen a trabajar en la misma universidad beneficiada”.

“Se ha revelado que se comprometieron pagos por “3 mil 500 millones de pesos. Y al mismo tiempo que durante el Gobierno de Piñera, la Universidad de San Sebastián pasó al top 500 de los proveedores del Estado”, explayó el parlamentario.

Diputadas Daniela Serrano (PC), Alejandra Placencia (PC), Marta González (Ind-PPD) y Gael Yeomans (FA), junto a los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuellos (PC).

Por su parte, el diputado socialista, Juan Santana, expresó que se “puede ver la existencia de un patrón” que podría sugerir una relación impropia entre exfuncionarios y la universidad.

“Acá lo que se puede ver es que existe un patrón: autoridades de gobierno utilizan sus cargos para favorecer a una institución de educación superior y después son contratadas por esa misma universidad. Es decir, hay una posible utilización de fondos públicos con la intención de una contraprestación privada. Es necesario investigar, pero también cuestionar severamente el que autoridades sean contratadas inmediatamente en el mismo sector que supuestamente estaban encargadas de regular y fiscalizar pensando en el bien común”, añadió el parlamentario.

Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, catalogó como “insólitos” los vínculos de la universidad con ex autoridades de la oposición. Yeomans subrayó que es por ese motivo que están solicitando una investigación exhaustiva por parte de Contraloría.

“Que exista un vínculo tal que termine siendo una caja pagadora de la actividad política de la UDI o de la derecha en general, tanto los recursos de la universidad como también los recursos del Estado, es algo que no se puede aceptar”, afirmó.

Por su lado, la diputada independiente por el PPD, Marta González, señaló que: “Es realmente impresentable que en un momento crítico de todos los chilenos y chilenas, donde compatriotas estaban muriendo por la pandemia, el Gobierno de Sebastián Piñera aprovechara la oportunidad para seguir desviando fondos, para seguir alimentando un negocio de privados”.

En esa línea, la parlamentaria afirmó que esto “gráfica un modus operandi con la Universidad San Sebastián“. “Es por esto que es importantísimo que la Contraloría se pronuncie para seguir poniendo piezas de este puzle que se llama corrupción, que se llama financiamiento ilícito de la política, que se llama finalmente una caja pagadora para la derecha”, sostuvo.

Universidad San Sebastián: “Se realizaron bajo el marco de la ley”

Mediante un comunicado la casa de estudios privada respondió a las acusaciones y desmintieron las irregularidades en convenios con el Minsal. “Frente a la publicación de Ciper Chile -y replicada por algunos medios de comunicación- sobre la participación de la Universidad San Sebastián en los procesamientos de exámenes Covid-19 en pandemia, desmentimos, de manera categórica, que la prestación de estos servicios se haya hecho de manera irregular“, afirmaron en la misiva.

“Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, la Universidad San Sebastián puso a disposición de las autoridades sectoriales toda su capacidad instalada en materia de infraestructura, como también, los profesionales que se desempeñan en las distintas áreas académicas para apoyar a la población”, enfatizaron desde la institución de educación superior.

En ese sentido, la misiva expuso que el plantel colaboró con diversos servicios para ampliar la capacidad de detección del virus, al mismo tiempo que destacó que “todos los procesos se realizaron bajo el marco de la ley de compras públicas”. Asimismo, en el comunicado señalaron que la USS es “una más de las varias universidades” que prestaron sus servicios en la materia,  para “agilizar y dar respuesta oportuna a las necesidades de la población”.