“Estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos”, dijo el Presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública tras anunciar la presentación de un proyecto de ley de aborto legal para el segundo semestre de 2024.

En la instancia, el Mandatario también anunció el ingreso a la Contraloría de un nuevo reglamento para la normativa que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley IVE).

Sin embargo, el pasado 24 de diciembre, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que la iniciativa del Gobierno sobre el aborto será postergada y descartó su presentación antes de que termine el 2024.

“Tras varios meses desde el ingreso del reglamento, un recurso de protección bastante sui generis mediante y un proceso de interacción -que es normal de cualquier proceso de trabajo en conjunto cuando se inicia un reglamento con la Contraloría General de la República-, hemos estimado pertinente como Ministerio de la Mujer, coordinador de este proyecto que ya está delineado y que ya ha iniciado sus procesos prelegislativos, aplazarlo hasta que tengamos la toma de razón del reglamento por motivos que son tanto técnicos como políticos”, anunció la ministra.

Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Foto: Aton

Respecto de este futuro proyecto de ley del Ejecutivo, la vocera de Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto (APLA), Siomara Molina, afirmó que desde su organización las expectativas son altas: “Estas tienen que ver con los estándares de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos consensuados a nivel internacional. En ese sentido, esperamos que el Gobierno reconozca el aborto como un derecho humano fundamental, que garantice su acceso seguro, gratuito y universal para todas las mujeres, las niñas y las personas que lo necesiten”.

La vocera de APLA además enfatizó en que “es crucial que la iniciativa no se limite a un enfoque restrictivo condicionado, sino que, por una parte, respete la decisión de las mujeres y las personas gestantes. Asimismo, debe sentar las bases para abordar de manera integral los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la erradicación de barreras que perpetúan la criminalización y el estigma hacia quienes deciden interrumpir su embarazo”.

En la misma línea, la directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, sostuvo que “nuestras expectativas respecto del eventual proyecto son altas, porque esta iniciativa tiene el potencial de avanzar hacia el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Chile. En ese sentido, esperamos que la dilación en la presentación responda a un trabajo pre legislativo serio, riguroso y responsable. Un proyecto como este debería estar centrado en garantizar el acceso seguro y oportuno a servicios de aborto, eliminando las barreras actuales que perpetúan desigualdades y vulneran derechos fundamentales”.

“El debate legislativo debe estar basado en evidencia científica, considerando las particularidades de las diversas mujeres que habitan Chile, incluidas aquellas en situación de vulnerabilidad, y tomando en cuenta la experiencia comparada que ha demostrado que el derecho penal no es la herramienta adecuada para regular una prestación de salud, pues tiene resultados poco óptimos para prevenir abortos, generando barreras de acceso, incluida la atención de emergencias obstétricas, afectando especialmente a mujeres y niñas”, subrayó.

Asimismo, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), Débora Solís, afirmó que “este es un proyecto de ley muy importante, no solamente porque creemos que dignifica a la vida y el acceso a la salud de las mujeres y las personas gestantes, sino porque ha sido una deuda histórica en materia de derechos“.

“Queremos creer desde la sociedad civil, que efectivamente el aplazamiento del Gobierno se explica por dos razones: Uno, porque el Ejecutivo está en plena discusión de proyectos, que le ha costado muchísimo llegar a consenso con la oposición y que son muy relevantes para nuestro país, y en segundo lugar, que falta información determinante desde la Contraloría, que nosotros creemos que están esperando esa respuesta para poder hacer un mejor proyecto, porque la evaluación que tenemos de la implementación de la Ley IVE hoy día, es bien deficiente. Entonces, si estamos esperando para hacerlo mejor y tener un proyecto que dé una respuesta a las mujeres y personas gestantes, estamos tranquilas”, agregó.

Directora ejecutiva de APROFA, Débora Solís. Foto APROFA

Cabe señalar que según el último estudio acerca de la percepción de las mujeres chilenas sobre su situación y condiciones de vida de la Corporación Humanas, en materia de libertad sexual y reproductiva, casi la mitad (49%) de las mujeres piensa que se debiera permitir el aborto hasta la semana catorce sin causales.

En las mujeres de nivel socioeconómico alto, el grado de acuerdo con la decisión de interrumpir el embarazo sin restricción por causales asciende al 63% y entre las jóvenes -menores de 35 años- este alcanza el 60%.

Proyecto de ley de aborto: la autonomía de las mujeres como eje principal

Varios son los aspectos que se deberían considerar para el futuro proyecto de Ley de Aborto que presentaría el Gobierno, no obstante, desde las organizaciones existe preocupación respecto a cómo se va garantizar su acceso, pues en la actualidad existen problemas en la implementación de la Ley IVE.

Esto, pues la normativa que permite interrumpir el embarazo de manera voluntaria en tres causales, presenta barreras para acceder a ella, especialmente, por la objeción de conciencia.

Para Siomara Molina de APLA es clave que el proyecto considere la despenalización total del aborto, que se reconozca como una decisión personal y que se elimine la criminalización de todas las circunstancias, además de que integre educación sexual y recursos para su ejecución.

“Pero nos preocupa el cómo asegurar su acceso real. Hoy hemos visto con la Ley IVE que hay diferencias dependiendo de quién sea la persona, dónde, en qué momento, en qué lugar del país. Las políticas públicas deben ser implementadas asegurando disponibilidad de servicio en todo Chile, sin discriminación geográfica económica o cultural”, argumentó.

Así, respecto a la objeción de conciencia la vocera de APLA comentó que “es un elemento bastante preocupante, ya que hemos visto con la actual normativa que requiere de muchas mejoras para que efectivamente sea una excepción. En ese sentido, no se puede contraponer a los derechos de quienes deciden abortar y, por lo tanto, nos parece que es importante que se establezcan límites claros”.

“Pensamos que las instituciones públicas de salud deben estar obligadas a garantizar el acceso al aborto en toda circunstancia. No creemos en el traslado de las personas, por ejemplo, nos parece que es inapropiado que una niña sea llevada de un hospital a otro porque la institución de salud debe garantizar su seguridad, un procedimiento oportuno y el buen trato”, añadió.

A su vez, la directora ejecutiva de Miles Chile detalló que el eje central de la propuesta del Ejecutivo debe ser la autonomía de las mujeres y personas gestantes, garantizando su acceso pleno a un derecho que actualmente es obstaculizado.

“Esto implica reconocer el aborto como una prestación de salud y eliminar las barreras administrativas, económicas y sociales que impiden su ejercicio. Además, el enfoque debe partir de que el uso del derecho penal para regular el aborto no es óptimo, tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su última recomendación de 2022. La criminalización genera barreras significativas, dificulta el acceso a servicios de salud esenciales, incluidas emergencias obstétricas, y no ha demostrado ser efectiva para prevenir abortos”, explicó.

Directora Ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales. Foto: Miles Chile

Javiera Canales además hizo hincapié sobre la objeción de conciencia que “en Chile se ha entendido erróneamente como un derecho absoluto de los profesionales de salud, creando una suerte de jerarquía médica que interviene directamente en las decisiones y derechos de las mujeres y niñas. Si bien la objeción de conciencia, con límites claros, no debería ser un problema, en la práctica su uso ha excedido los estándares internacionales, afectando gravemente el acceso a los servicios de aborto, incluso en las causales actualmente permitidas. Por ello, un proyecto de ley debe incluir mecanismos estrictos de regulación y supervisión”.

“La iniciativa debería incorporar un enfoque de justicia social, considerando que las mujeres en situación de pobreza, jóvenes y residentes de zonas rurales enfrentan mayores dificultades para acceder al aborto. Garantizar la gratuidad, confidencialidad y calidad de los servicios debe ser una prioridad”, destacó.

Para Debora Solís de APROFA el proyecto debe mantener en el centro de la decisión a las mujeres, además debe ser un aporte a la dignificación de la salud de las mujeres y las personas gestantes.

“Sin embargo, creo que una de las condiciones tiene que ser sin duda la revisión exhaustiva por parte del Ejecutivo de los monitoreos constantes que se han hecho durante todos estos años en la implementación de la Ley IVE. Pues hay cuestiones que uno podría decir que son básicas, pero son tremendamente importantes, como por ejemplo, la capacitación y actualización al personal de salud, el acceso a pastillas u otros tipos de métodos que considere la norma y, fundamentalmente, la comunicación hacia las mujeres. Además, de analizar la norma en cuestiones muy limitantes, pues en APROFA somos también un lugar validado para el acompañamiento en las tres causales y hay medidas restrictivas, que la misma norma establece”, señaló.

Según el Dossier 2024 de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en 11 de los 29 establecimientos que conforman la red de hospitales públicos, más de la mitad de las y los profesionales son objetores por la causal de violación.

De acuerdo al documento, en 2022, Corporación Humanas identificó cuatro localidades donde era imposible el acceso al aborto por esta causal: Cauquenes y Constitución en la Región del Maule, y Pitrufquén y Lautaro en la Región de la Araucanía.

Por un debate centrado en los derechos humanos, en justicia reproductiva y salud pública

Uno de las últimas declaraciones contra la iniciativa de aborto legal que generó altas repercusiones en el debate público, fueron las del cardenal Fernando Chomali, quien en la misa de navidad en la Catedral de Santiago, manifestó sobre el aplazamiento del proyecto que “ha sido un gran regalo que muchísimos chilenos aplaudimos”.

“He recibido muchos regalos por cierto, pero hay uno extraordinario que el Gobierno le ha hecho a todo el país, que es no perseverar en la ley de aborto libre (…) Entendemos que hay embarazos muy complejos, pero no se soluciona eliminando la vida de un inocente”, dijo la autoridad eclesiástica.

Dichos que se suman a los parlamentarias y parlamentarios de oposición que hace un par de semanas se negaron previamente a discutir la iniciativa sin conocerla, y a los diputados que meses atrás se retiraron del Congreso en señal de rechazo mientras el Presidente Boric daba el anuncio en su última cuenta pública.

Diputados se retiran durante la Cuenta Publica Presidencial 2024. Foto: Agencia Aton

Frente a estas situaciones y declaraciones, la vocera de APLA sostuvo que “nosotras a los sectores conservadores les denominamos anti derechos, porque básicamente lo que hace es atacar los derechos de las personas que comparten esas mismas ideas. Entonces, sabemos que existen estas presiones, que buscaran deslegitimar el derecho al aborto y perpetuar discursos de odio, de desinformación, eso es lo que han hecho durante muchos años, no sólo en nuestro país, sino que en todo el mundo”.

Por ello, desde APLA esperan que si se llega a desarrollar el debate en torno al aborto legal, éste se dé con foco en los derechos humanos, en la justicia reproductiva y en la salud pública.

“Creemos que es fundamental que el Estado garantice un espacio de discusión informado, plural, respetuoso, que dé cuenta de un debate democrático, donde se visibilicen las experiencias de quienes han vivido embarazos no deseados en condiciones inoportunas para sus proyectos de vida. Además, nos parece que es clave que las organizaciones feministas, las comunidades de base, las voces de los territorios, sean protagonistas en este proceso. El aborto pasa por nuestras vidas y por nuestros cuerpos, son nuestros proyectos y sueños los que se ven interrumpidos con un embarazo obligado o no planificado o accidental o producto de la violencia”, recalcó Siomara Molina.

En concordancia con Molina, Javiera Canales de Miles Chile señaló que “el debate público sobre el aborto debe estar centrado en la evidencia científica, los derechos humanos y en la realidad que viven miles de mujeres y personas gestantes en Chile. Es fundamental dejar de lado discursos basados en prejuicios o desinformación, como los que hemos visto en el pasado, donde incluso parlamentarios han mostrado desconocimiento básico sobre temas relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo”.

“Es crucial responder a la incógnita de si el uso del derecho penal es realmente la herramienta idónea para prevenir los abortos, porque en eso todas y todos coincidimos: queremos menos interrupciones del embarazo y mayor capacidad para planificar nuestras vidas. Sin embargo, la experiencia internacional y la evidencia muestran que la penalización no solo fracasa en prevenir, sino que también genera barreras para el acceso a servicios de salud esenciales y, en muchos casos, pone en riesgo la vida de las mujeres”, enfatizó.

A su vez, Débora Solís de APROFA afirmó que “nosotras esperamos que genuinamente haya un proceso de discusión, creo que estamos en un momento histórico en nuestro país en el que necesitamos conversar de estas cosas. Y yo pediría poner en el centro a las mujeres y a las personas gestantes, fundamentalmente, a aquellas que son parte del sistema público de salud”.

“Hay mucha evidencia que da cuenta de que esto es bueno para las democracias y para los países (…) Se trata de que las personas cuenten con la información para poder tomar decisiones sobre sus cuerpos, porque lo van a hacer de todas las maneras. Por ende, lo que le corresponde al Estado es cautelar de que sea de la manera más digna, más razonable y más segura posible. Estamos muy abiertas a sentarnos a la conversación, ya lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, y desde luego de contribuir con estadísticas y con datos de que esto es bueno para todas y todos”, concluyó.