El Gobierno decretó un recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público, lo que ha sido calificado como un sin sentido y un riesgo institucional inminente por parlamentarios del Congreso Nacional.

Este ajuste presupuestario se aplica en plena crisis de inseguridad, donde la fiscalía es clave para combatir la escalada criminal, según los legisladores.

Según El Mercurio, la reducción de recursos forma parte de un recorte global de $544 mil millones anunciado por el Ejecutivo, resultado de un protocolo de acuerdo en el debate de la comisión mixta de Presupuestos, con el objetivo de lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal para 2025.

El impacto negativo del recorte en el Ministerio Público afecta tres áreas críticas. La primera es la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad, debido a la imposibilidad de reemplazar fiscales y personal por la reducción de recursos en la Partida 23, específicamente en el subtítulo 21.

Esto último compromete la capacidad de investigar, cubrir todas las salas de audiencia, genera retrasos en la tramitación de causas y debilita la capacidad operativa en investigaciones estratégicas.

La falta de personal adecuado, agravada por la pérdida de recursos destinados a honorarios, limitará seriamente la atención a casos de alto impacto, según se advirtió.

En segundo término, en tecnología, el recorte en bienes y servicios de consumo, consignado en el subtítulo 22, obstaculizaría la implementación de herramientas fundamentales para combatir los nuevos fenómenos criminales.

Y en tercer lugar, se menciona la adquisición de activos no financieros en el subtítulo 29. Esto tiene relación con la protección de fiscales, afectando directamente la capacidad de adquirir y mantener equipamiento vital como cámaras de vigilancia, chalecos antibalas y protección de vehículos, entre otros.

El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton (RN), anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para explicar este recorte. “Es un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que Chile enfrenta una ola de violencia sin precedentes”, señaló.

“El año pasado cerramos con un récord histórico de homicidios, una delincuencia desbordada y una migración descontrolada que ha permeado la seguridad en nuestras ciudades. Y ahora, en lugar de fortalecer las instituciones que combaten el crimen, el Gobierno decide debilitarlas. Es inaceptable”, agregó Longton.

Por último, indicó que “esto deja a los fiscales y equipos especializados sin las herramientas necesarias para actuar frente a organizaciones criminales que operan con creciente sofisticación. Y aún más grave es que este recorte contradiga el compromiso asumido durante la discusión de la Ley de Presupuestos, donde se garantizó que no se afectarían instituciones clave para la seguridad del país. Con este ajuste presupuestario, el Gobierno está incumpliendo su palabra y poniendo en riesgo la lucha contra el crimen organizado. Además, sin siquiera consultarle al Ministerio público, de una irresponsabilidad total”.