TC certifica pago de fianza y retomará requerimiento contra Maya Fernández

El Tribunal Constitucional deberá abocarse a estudiar la admisibilidad de la presentación, cuestión que no debiera resolverse más allá del 10 de febrero. De ser aprobada, la causa sería vista en marzo de este año.

El Tribunal Constitucional deberá abocarse a estudiar la admisibilidad de la presentación, cuestión que no debiera resolverse más allá del 10 de febrero. De ser aprobada, la causa sería vista en marzo de este año.

El Tribunal Constitucional certificó el pago de una fianza de $500 mil pesos por parte de los abogados particulares John Reid y Raimundo Palamara, por lo que se retomará la tramitación del requerimiento que busca destituir de su cargo a la ministra de Defensa, Maya Fernández, en el marco de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

El TC estaba a la espera de que se concretase este trámite para proseguir con la tramitación de los antecedentes presentados por los profesionales, quienes afirman que en este acto de compraventa a través del Ministerio de Bienes nacionales, entre la familia Allende y el Estado, se incurría en una infracción a lo dispuesto en la Constitución Política de la República.

“Con esta certificación por la Secretaria del Tribunal, hemos cumplido estrictamente con lo ordenado por el Tribunal Constitucional, y así pueda resolverse sin más preámbulo la admisibilidad del requerimiento contra la Ministro de Estado Maya Fernández Allende”, manifestó a La Tercera el abogado Raimundo Palamara.

Además, sostuvo que: “Mientras el Gobierno y la ministra continúen con su obsesión de exculpación, manteniendo a la requerida con su cargo, justificándose más encima en un desconocimiento de ella respecto a las normas que nos rigen, entre ellas la misma Constitución, es que resulta imprescindible un pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento”.

El jurista explicó que el objetivo de esta acción es que “constitucionalmente no quede impune la conducta de la ministra, debiendo el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la inhabilidad sobreviniente que la afecta para permanecer en dicho cargo”.

Concretado el pago de la fianza, un trámite dispuesto en la Constitución como garantía de seriedad cuando los recurrentes actúan como abogados particulares, el Tribunal Constitucional deberá abocarse ahora a estudiar la admisibilidad de la presentación, cuestión que no debiera resolverse más allá del 10 de febrero.

De ser aprobada, la causa sería vista por el TC en marzo de este año.





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