El caso, que había llevado a la salida de sus cargos de la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende, indagaba posibles delitos de corrupción en el proceso que buscaba convertir la propiedad en un museo.
La socialista declarará como imputada ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria penal del frustrado proceso de adquisición, en el que se pesquisa el eventual delito de tráfico de influencias y fraude al fisco.
El abogado abordó la nueva arista del caso que involucra la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Y aunque señaló que falta mucho para poder definir si efectivamente hay o no un delito, sí existe un indicio.
La exsenadora desmintió las afirmaciones del exjefe de asesores de La Moneda, quien en una conversación telefónica con su madre, “pinchada” por la PDI, afirmó que la exparlamentaria “tiene mucha responsabilidad” en el caso de la casa de Allende.
José Cortés, asesor jurídico de la Dirección de Patrimonio Cultural, señaló durante la comisión investigadora del caso que la información estaba en una minuta elaborada previo al traspaso del procedimiento al Ministerio de Bienes Nacionales.
En medio de llamados al Ejecutivo a evaluar la continuidad de Francisca Moya, la ministra Lobos aseguró que se “ha generado una confusión” tras las declaraciones de la funcionaria sobre la inhabilidad de la senadora Allende y la exministra Fernández.
Francisca Moya defendió que a su equipo no le correspondía revisar aquella materia sino que solo la “revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente”. El ministro Elizalde recalcó que Contraloría tomó razón de la resolución.
El diputado socialista también abordó la fallida acusación constitucional en contra de la exministra Maya Fernández: “Les salió el tiro por la culata porque terminaron más divididos ellos. La derecha no consiguió los votos”.
Por 70 votos en contra, la Corporación desestimó el libelo que buscaba su inhabilidad a cargos públicos. La exministra asistió presencialmente y estuvo flanqueada por secretarios de Estado como Álvaro Elizalde, Aisén Etcheverry y Nicolás Cataldo.
El diputado Durán (RN), único voto a favor de la acusación constitucional, sostuvo que “existen fundamentos sólidos” que justifican el avance del libelo, “basados en la responsabilidad política que persiste más allá del cese del cargo”.
La autoridad explicó que el proceso para adquirir un bien raíz, en general, o específicamente el que se indaga, implica dos actos administrativos.
El constitucionalista, Patricio Zapata, instó a no interpretar de manera literal la norma que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Mientras, la penalista, Loreto Letelier acusó que se trata de un caso de tráfico de influencias.
En su rol como vocera subrogante, se refirió a la flexibilidad que necesitan para afrontar los cambios en el contexto nacional. En ese sentido, aseguró que el Gobierno sigue comprometido con sus objetivos en materia de pensiones y seguridad.
Respecto a la acusación constitucional anunciada por la oposición tras la renuncia de la exministra Maya Fernández, el abogado dijo que con su salida le quita viabilidad política.
Adriana Delpiano Puelma fue nombrada como la nueva ministra de Defensa y Felipe Melo Rivara como el jefe de asesores del Segundo Piso. Asimismo, el Presidente Boric designó a Macarena Lobos como ministra de la Secretaría General de la Presidencia.
Luego de que el primer recurso presentado por los abogados Raimundo Palamara y John Reid contra la secretaria de Estado no fuera acogido por el TC, la Primera Sala acogió el segundo texto ingresado por los mismos abogados.
La diligencia se dio previo a la revisión que realizará este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) sobre un segundo requerimiento presentado por el abogado Raimundo Palamara, que busca inhabilitar a la titular de Defensa de su cargo.
