En estas semanas he vuelto a escuchar testimonios que cuestan digerir. Relatos que cuentan el horror de un pasado reciente que generó una fractura profunda en Chile y que son experiencias que muestran hasta dónde puede llegar el Estado cuando se vuelve contra su propio pueblo.
No es una metáfora. La dictadura civil militar instalada el 11 de septiembre de 1973 fue una fractura real en un país que todavía lleva marcas imborrables. Está en las voces de quienes sobrevivieron a la tortura, en centros de secuestro, represión y exterminio como Colonia Dignidad, donde se ejerció violencia sistemática bajo protección del Estado, en crímenes como el de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino. No son hechos aislados. Son parte de un sistema que buscó aniquilar a personas y, a través de ellas, disciplinar a toda una sociedad.
Este punto es uno de los fundamentales. Porque cuando el Estado vulnera derechos tan esenciales y lo hace sistemáticamente, rompe la vida de quienes lo sufren y se rompe la base misma de la democracia en todas sus dimensiones.
Por eso la historia y la memoria no son un ejercicio del pasado sino que constituyen la forma en que una sociedad aborda y se vincula con ese pasado, estableciendo con claridad dónde están sus límites y cuáles son los hechos que no pueden volver a ocurrir.
Sin embargo, hoy vuelven a instalarse ideas y discursos que relativizan ese límite. Se plantea, por ejemplo, que avanzar en memoria, verdad y justicia sería secundario frente a otras urgencias. Estableciendo que existen prioridades más importantes y que estos temas pueden postergarse.
Pero esa es una falsa discusión. Porque no se trata de elegir entre la recuperación de la memoria histórica y las necesidades sociales. Se trata de entender que sin ese límite claro, cualquier política, por legítima que parezca, puede terminar justificando abusos en nombre del orden, la seguridad o la eficiencia. Eso en nuestro país ya lo vivimos.
Por eso no da lo mismo cómo nos relacionamos con nuestra historia. No da lo mismo si se avanza o se retrocede en verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. No da lo mismo si decisiones recientes, como lo ocurrido con Colonia Dignidad, o como el desmantelamiento del Plan Nacional de Búsqueda, se justifican como medidas meramente administrativas, cuando lo que está en juego es mucho más profundo y compromete las obligaciones del Estado, no de un gobierno, en estas materias.
Porque esas definiciones hablan del pasado, pero también hablan del presente y de cuánto estamos dispuestos a sostener las bases éticas de la democracia, la libertad, la verdad y la justicia frente a crímenes inaceptables, aún cuando se vuelven incómodas o dolorosas.
La memoria no es revancha. No es nostalgia. La memoria es presente y futuro. La lucha por la memoria nos enseña que el respeto por los derechos humanos es un piso ético mínimo que nos plantea un límite como sociedad, y que interpelan al Estado para que los respete, garantice y promueva, sin distinciones de ningún tipo. Esto requiere acciones claras, coherentes y sostenidas en el tiempo, no solo declaraciones.
Y cuando ese límite se empieza a relativizar, lo que está en riesgo no es la mera interpretación de la historia, sino también el imperativo ético del Nunca Más. Porque lo que una sociedad enseña, o deja de enseñar, sobre su pasado reciente, define los valores que las generaciones actuales y futuras estarán dispuestas a defender. Por eso, es una responsabilidad del Estado de Chile relevar valores y principios esenciales para la humanidad, como la defensa de la democracia y los derechos humanos, y que tengamos un país realmente para todos y todas.
