Cerca de 50 mil millones de pesos en utilidades tuvieron durante 2012 las mutuales privadas y la Asociación Chilena de Seguridad, por la negativa a cubrir una gran cantidad de accidentes laborales y principalmente por la triangulación de recursos a clínicas privadas, creadas por estas mismas entidades, las que por ley no pueden tener fines de lucro.
Así lo denunció una coordinadora de sindicatos, encabezada por los trabajadores de las mismas mutuales y del Instituto de Seguridad Laboral, quienes explican que la dictadura modificó la ley, permitiendo a estas entidades atender a privados que no pertenecían a los afiliados permanentes, con lo cual, dichas instituciones optaron por cambiar su foco a la prestación de servicios a un nuevo nicho.
Claudio Reyes, presidente de los Trabajadores Mutualistas, explicó que estas instituciones han traspasado gratuitamente su infraestructura al consorcio Clínicas Regionales SA, de su propiedad, y que “el tema es cómo crear empresas para hacer lucro, como la empresa Clínicas Regionales, donde cierran sus clínicas y atienden a los trabajadores para lograr una transferencia de fondos. Esto funciona en horario normal, y el resto del tiempo hace convenio con hospitales públicos para trasladar público a clínicas privadas”.
El dirigente agregó que esto demuestra que no se hacen las inversiones por parte de las mutuales, las que además tienen garantías como importar implementos médicos sin pagos adicionales.
A lo anterior se sumaría que existe nula fiscalización de legislación en seguridad de faenas.
Los dirigentes sindicales denuncian que en los últimos 3 años han muerto más de 2 mil personas en accidentes del trabajo o producto de problemas de salud generados por este.
Un caso paradigmático es la provincia de Petorca, como denuncia Raúl González, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre: “Solamente en Petorca, luego del accidente en la mina San José, llevamos 15 trabajadores fallecidos. Hemos instalado mesas con el Gobierno, donde exponemos la necesaria fiscalización. Hace poco tuvimos un accidente en una mina que fue fiscalizada, sin que los dueños tomaran los resguardos requeridos”.
Según los denunciantes, esto se agrava por la negativa de la Asociación Chilena de Seguridad a reconocer licencias, que sólo cuentan con certificado médico, de esta forma buscarían esconder las altas tasas de accidentabilidad.
Ante esto, los trabajadores se sienten indefensos, puesto que la Superintendencia de Seguridad Social siempre rechaza sus apelaciones, según comentó la dirigenta de la CTC, Felisa Garay: “Tenemos una serie de personas con enfermedades laborales rechazadas por la Mutual, los trabajadores no tenemos respaldo en la Superintendencia. Se toma la visión de las mutuales, no hay respaldo estatal”.